¿Procesado por peculado?

(General Pico) - La situación política del intendente de Miguel Cané, Fabricio Hernández (Frepam), podría complicarse en las próximas horas. Las autoridades del Juzgado de Instrucción 5 deben definir el estado procesal de Hernández, quien enfrenta una causa penal por el faltante de 11 cheques de una cuenta del Banco Nación, perteneciente a la municipalidad.
Según una fuente judicial, de esa totalidad de valores dos fueron negociados en una entidad financiera de General Pico, por el propio intendente. Uno de los cheques fue canjeado por un valor de 26 mil pesos. El otro supera ampliamente esa cifra. El primero fue rechazado por el banco, por no coincidir las firmas con las que están registradas.
El escándalo político se conoció en septiembre de 2009 cuando el secretario tesorero, Sebastián Avendaño, se presentó en la fiscalía de Héctor Aberasturi para dejar un escrito con la constancia de la irregularidad. El funcionario descubrió la anormalidad cuando recibió el extracto bancario y encontró un cheque devuelto, cuya numeración le llamó la atención. Por ley, el valor debe llevar dos firmas: una del intendente y otra del tesorero, algo que Avendaño no pudo realizar, ya que en la fecha de emisión del talón estaba de vacaciones.
Pocas horas después de la acusación en fiscalía, el intendente Hernández se presentó en la sede policial de Cané y denunció el faltante de los cheques. Para el jefe comunal los valores "sólo se habían extraviados", pero recurrió a dejar sentado esa pérdida seis meses después y cuando el tema tomó estado público.

Peculado.
Desde el CD, integrado por dos ediles del Frepam y una representante del justicialismo, se exigieron respuestas. Hernández presentó un escrito y respondió algunas preguntas, pero sus argumentos no terminaron de convencer a los concejales. Las explicaciones habían sido exigidas por el propio viceintendente, Rómulo Ramos, luego de la denuncia por el extravío de los valores.
En esa sesión el intendente dio lectura a un escrito en el cual aseguró que no había "perjuicio económico para la municipalidad", en relación al cheque rechazado. Además detalló que la cuenta bancaria afectada era la destinada al Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (Propasa). Ni sus propios partidarios parecieron creer en sus palabras. Semanas después, el viceintendente presentó su renuncia, luego de reunirse con algunos dirigentes de su partido. Así se despejó del escándalo y marcó diferencias con el modo de actuar.
De acuerdo con la fuente, la Justicia ahora debe decidir en qué situación queda el intendente Hernández, que podría enfrentar una causa por peculado o figura similar. Según se pudo establecer, el jefe comunal se esforzó en las últimas semanas en solucionar el problema financiero y pagar el dinero de los cheques, para evitar un daño civil. Sin embargo, eso no lo eximiría de su responsabilidad de usar cheques oficiales y negociarlos. Al confuso manejo administrativo se le suma el no conocimiento de sus funcionarios de esas acciones y quién realizó la firma del tesorero en los cheques.