La gran estafa

La trama ha sido colosal. En 2021 la jueza Marta Cirulli decidió la quiebra del Correo. La empresa apeló, la jueza se echó para atrás y a partir de allí la familia efectuó forum shopping para conseguir jueces afines.

Juan Manuel Mannarino*

Puro humo. No es el título del célebre libro del cubano Guillermo Cabrera Infante. Las últimas novedades de la causa por el Correo Argentino se difundieron en algunos medios hegemónicos como la prueba de que la Corte Suprema, días después de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, pensaba equilibrar la balanza de la política. Pero los especialistas en el expediente vieron sólo una cuestión de maquillaje, algo superficial que apenas llega al fondo de los hechos. Así interpretaron que la Corte haya rechazado el planteo de la defensa de dos directivos del grupo Macri, quienes buscaron sacarse de encima a dos jueces en la causa penal. Lo interpretaron como una maniobra correcta y suspicaz, de las que demagógicamente sabe construir el máximo tribunal.

Tan sólo unas cosquillas. El presidente de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y su representante legal, Jaime Kleidermacher, imputados en la causa que tramita el juez federal Ariel Lijo desde 2017, habían recusado a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, de la Cámara Federal porteña, por “temor de parcialidad” y “enemistad manifiesta hacia Mauricio Macri”. Los directivos de Correo Argentino S.A. -controlada por Socma, la empresa de la familia Macri-, en efecto, cuestionaron la imparcialidad de Farah porque fue uno de los jueces que denunció supuestas presiones del gobierno macrista para sacarlo de la Cámara Federal. Los planteos contra Boico, en tanto, radicaban en que, antes de ser juez, fue defensor de distintos funcionarios kirchneristas, entre ellos la propia Cristina. El reclamo llegó a través de un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia, pero el tridente de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que actúa cada vez más en bloque, rechazó el planteo “porque no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”.

Desde 2017, el juez Lijo investiga el acuerdo que el Estado alcanzó con la empresa controlada por el grupo Macri durante la gestión de Cambiemos. En la causa fueron imputados e indagados Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, en su rol de directivos de Correo Argentino, junto al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa. Los cuatro están acusados por el acuerdo al que habían arribado, en 2016, el gobierno por entonces a cargo de Mauricio Macri y la empresa para superar la etapa de convocatoria de acreedores. La fiscal Gabriela Boquin detectó la maniobra y denunció como “ruinoso" y “abusivo” el pacto que logró frenar.

“¿Qué modifica el rechazo de la Corte al planteo de la defensa de los Macri en lo estructural de la causa Correo? Pues nada, porque todo sigue cajoneado, sin expectativa de ningún fallo”, se indigna una alta fuente de la pesquisa por el último movimiento judicial. Y agregaron otro dato: que por decisión de la Corte, el Tribunal Superior de la Ciudad tiene hace seis meses la recusación de la fiscal Boquin. El alto tribunal porteño, manejado por el macrismo, también tiene demoradas sus resoluciones sobre los recursos que presentó la familia Macri no sólo del fuero comercial, sino del civil, del laboral y del penal. Los Macri echaron mano de cuanto recurso judicial y político pudieron para no pagar la deuda por el Correo Argentino. “Eso es lo que tapa toda esa sarasa nueva de la Corte Suprema”, agrega la fuente. En la fiscalía de Boquin no guardan ningún tipo de ilusión: creen que, tarde o temprano, Macri triunfará y se cumplirá su viejo deseo de desplazarla de la causa.

Vaciamiento.

Durante años, la fiscal se agotó en demostrar, una y otra vez, el vaciamiento del Correo Argentino. Sigue sin entender la funcionaria cómo la Justicia se empeñó en hacer oídos sordos a una evidencia incontrastable: la responsabilidad -multimillonaria- del grupo Macri en estafar al Estado, esa entidad denostada políticamente pero aprovechada desde siempre en su estructura para hacer negocios financieros. Desde 2017, Boquín denunció, contra viento y marea, un acuerdo “ruinoso” y “abusivo” de Socma con el gobierno de Cambiemos para licuar el pasivo de la firma. Como Macri no pudo condonar su propia deuda empresarial cuando era Presidente, queriendo ser juez y parte, continúa operando con sus influencias en los pasillos de la Justicia. Y, hasta el momento, ha salido victorioso.

Recurriendo varias veces a la Justicia, el hermano hereje, Mariano Macri -en consonancia con la hipótesis de Gabriela Boquín- había planteado que en Socma se venían tomando decisiones contra los intereses de la propia empresa. En rigor, la estrategia de vaciamiento ha sido denunciada por la fiscal ante la Cámara Comercial como herramienta utilizada por el propio Correo. Lo que siempre restó dilucidar, para Boquín, es dónde se fue el dinero y cuál fue la responsabilidad de los administradores.

Relato.

En su caudaloso expediente, Boquín responsabilizó al grupo de crear un relato basado en “inexactitudes y engaños” que “difunde a la opinión pública” y “contamina el expediente afectando la búsqueda de la verdad real y poniéndose en una situación de víctima no siendo tal”. Alrededor de un proceso comercial específicamente concursal, en la mirada de la fiscalía, los Macri no han actuado de buena fe al distorsionar el expediente e incluir actores políticos ajenos a la investigación.

“Es uno de los mayores actos de corrupción contra el Estado de los últimos tiempos. No sólo los Macri deben un dinero equivalente a construir varias escuelas, sino que para defenderse usaron artilugios apócrifos y engañosos. Lo cual lo convierte en un escándalo abismal”, resumió una alta fuente de la investigación.

En rigor, son casi veinte maniobras del grupo Macri que se denuncian como falsas, urdidas para evitar el pago de su abultada malversación. Nada nuevo bajo el sol: las mentiras de la empresa son una constante para evadir los veinte años sin pagar su millonaria deuda con el Estado, calculada en más de 70.000 millones de pesos sin tener en cuenta intereses y actualización a tasas del presente.

Tras el encierro domiciliario de Cristina, un viejo anhelo conseguido de la mano de su aliado Javier Milei, Macri y los ladrones de guantes blancos no son tocados por grandes estafas como la causa de los parques eólicos y la de los peajes. La del Correo Argentino pareciera seguir la misma suerte. ¿Podrá seguir saboteando el emporio Macri uno de los delitos más graves del pasado reciente con su sana costumbre de evadir responsabilidades, no pagar y refugiarse en su castillo de impunidad? (* en elcohetealaluna.com)