Irregulares en cuentas públicas del municipio de Cané

Tal cual lo anticipó LA ARENA esta semana, la situación judicial y política del intendente de Miguel Cané, Fabricio Hernández, apuntaba para complicarse. Tras su declaración testimonial las autoridades del Juzgado de Instrucción 5 deben definir la situación procesal. Una de las figuras penales que podría enfrentar sería la de peculado. Pero ayer trascendió una novedad de suma importancia para el esclarecimiento del episodio, en el cual se trata de dilucidar qué pasó con once cheques oficiales de una cuenta que la Municipalidad de Miguel Cané tiene en el Banco Nación.
Una fuente judicial confirmó que uno de los cheques canjeados en una entidad de esta ciudad por un monto significativo ya está en manos de la Justicia. Ese hallazgo podría conducir a ordenar una pericia caligráfica para saber quién realizó la firma del secretario tesorero, Sebastián Avendaño, en ese cheque, junto con la del intendente.
El escándalo político se conoció en septiembre de 2009 cuando el propio Avendaño se presentó en la fiscalía de Héctor Aberasturi para dejar un escrito con la constancia de la irregularidad. El funcionario descubrió la anormalidad cuando recibió el extracto bancario y encontró un cheque devuelto, cuya numeración le llamó la atención. Por ley, el valor debe llevar dos firmas: una del intendente y otra del tesorero, algo que Avendaño no pudo realizar, ya que en la fecha de emisión del talón estaba de vacaciones.

Presentación.
Pocas horas después de la acusación en fiscalía, el intendente Hernández se presentó en la sede policial de Cané y denunció el faltante de los cheques. Para el jefe comunal los valores "sólo se habían extraviado", pero recurrió a dejar sentado esa pérdida seis meses después y cuando el tema tomó estado público.
Desde el Concejo Deliberante se exigieron respuestas. El intendente Hernández recurrió a un escrito para defenderse y respondió algunas preguntas, pero sus argumentos no terminaron de convencer a los ediles. Las explicaciones habían sido exigidas por el propio viceintendente, Rómulo Ramos, luego de la denuncia por el extravío de los valores.
En esa sesión el intendente aseguró que no había "perjuicio económico para la municipalidad", en relación al cheque rechazado. Además detalló que la cuenta bancaria afectada era la destinada al Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (Propasa). Ni sus propios partidarios parecieron creer en sus palabras. Semanas después, el viceintendente presentó su renuncia, luego de reunirse con algunos dirigentes de su partido. La fuente precisó que la investigación penal del caso complica cada vez más al intendente, a pesar de su esfuerzo por solucionar el tema en la faz civil.