Investigan aceiteras por un posible delito ambiental

(Trenel) - La Justicia Federal investiga un posible delito ambiental en Trenel por la instalación de fábricas aceiteras en el casco urbano de la localidad, sin ningún tipo de habilitación ni estudio de las consecuencias para los vecinos por los fuertes olores.
Un fiscal federal, con sede en Capital Federal, solicitó en las últimas horas un informe detallado sobre las dos aceiteras que se pusieron en marcha en Trenel, con la anuencia del Ejecutivo municipal y sin la consulta al Concejo Deliberante.
Agentes federales se entrevistaron esta semana con el intendente, Juan Antonio Silva, para conocer el origen de los emprendimientos y la ubicación dentro del pueblo. Además, en el marco de las averiguaciones, los federales visitaron las plantas para observar las instalaciones y los recaudos que se habían tomado en materia ambiental. Toda la información recolectada, que incluyó la opinión de los vecinos será remitida con urgencia al juzgado interviniente.
Desde 1995, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó de manera reiterada en diferentes casos y denuncias, que ante circunstancias en que pudiera existir contaminación de recursos ambientales, más allá de los límites de las provincias, el tema es de competencia federal y desplaza la jurisdicción de los tribunales provinciales.

Polémica.
En Trenel la polémica se suscitó cuando se conoció que las plantas no tenían habilitación comunal. Uno de los emprendimientos pertenece a dos piquenses, productores de soja, que en la vecina ciudad poseen una planta de prensado de soja. Como pretendían darle un valor agregado a esa producción pensaron en llevar adelante un emprendimiento que pueda elaborar "subproductos oleaginosos". Uno de ellos la elaboración de aceite.
Según se pudo establecer, los empresarios querían habilitar la fábrica en el Parque Industrial piquense. Pero en ese predio debían cumplir con una serie de requisitos de seguridad y de control de medio ambiente. Ante esas exigencias decidieron mudar la iniciativa a Trenel, donde no existió ningún tipo de control.
Con el visto bueno del Ejecutivo la aceitera se puso en funcionamiento en el medio del pueblo. La fábrica funciona en los galpones de Ferroexpreso Pampeano. Se trata de instalaciones de un aspecto exterior muy precario, que han sido castigadas por el paso del tiempo. A pocos metros, cientos de vecinos tienen sus casas y deben soportar el olor nauseabundo. Además, a muy poca distancia existe un espacio verde con juegos para niños.

Precariedad.
Un elemento que agrega precariedad es la ausencia de medidas de seguridad. No existe en el entorno ninguna protección. Ni alambrados perimetrales ni indicaciones sobre que allí funciona una fábrica. Adultos o niños pueden acceder al lugar sin ninguna restricción. Además, la falta de infraestructura acorde: agua y cloacas, conspiran contra el medio ambiente.
Cuando el tema tomó estado público, ingresó al concejo el pedido de las fábricas para ajustarse a las normativas y poder funcionar de acuerdo con la legislación vigente. Una de las excusas para que las aceiteras trabajen sin ningún control "era que generaba mano de obra".