Impulsan una ley para mandar a la cárcel a quienes destruyan bosque nativo

En los últimos diez años Argentina perdió más de 2 millones de hectáreas de bosques y justamente ese número es la pena de años de cárcel que propone un proyecto elaborado por senadores nacionales para sancionar a las personas que atenten contra los ecosistemas.

 

La iniciativa parlamentaria es encabezada por el senador rionegrino Martín Soria, quien está acompañado por los legisladores Carlos Linares, Ana Marks, Alicia Kirchner, Cándida López y Adán Bahl.

 

Uno de los ejes principales de la propuesta, según informó el diario Río Negro, es la ampliación de responsabilidades. La nueva ley busca penar a quienes realicen los desmontes, pero también a los funcionarios que los habiliten de forma irregular. En una situación así, podría ocurrir que el responsable sea inhabilitado para ejercer cargos públicos.

 

Algunos de los agravantes que incluye el proyecto son cuando las acciones se llevan a cabo con fines económicos, generan riesgo para la vida humana o afectan gravemente la salud pública. En tal sentido, está considerado una suba de la pena si el daño ocasionado produce erosión del suelo o alteración del régimen hídrico.

 

Además, se establece que será sancionado quien “intencionalmente tale, desmonte, destruya o degrade por cualquier medio, en forma total o parcial, un bosque nativo”, incluso cuando se exceda una autorización previa o se violen normativas vigentes.

 

El objetivo principal de la iniciativa, que ya comenzó a circular en el Senado, según el medio citado, es crear un Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo. En función de ello, plantea tipificar delitos específicos relacionados a la tala, el desmonte y la degradación de estos ecosistemas. Las penas pueden ir desde los 3 a los 10 años de prisión para los casos intencionales más graves.

 

Los fundamentos señalan la pérdida de 2,1 millones de hectáreas de bosques nativos en todo el país durante la última década. Entre octubre de 2025 y marzo de 2025 se quemaron más de 32.000 hectáreas en la Patagonia, entre las que se incluyen áreas protegidas y parques nacionales. Con este “antecedente ineludible”, el proyecto afirma el avance de los daños ambientales y la necesidad de tener herramientas más severas.

 

De hecho, según los autores de la iniciativa, el Estado tiene limitaciones para prevenir estos eventos. Como ejemplo, nombraron los recortes presupuestarios, menor capacidad operativa y obstáculos en la coordinación con las provincias.

 

El proyecto retoma propuestas anteriores que no progresaron y se apoya en modelos de otros países de la región. Sostiene que la protección ambiental necesita “un sistema instrumental inhibitorio idóneo que impida que el daño suceda”.

 

“Aplicadas las multas de rigor, los responsables las pagan y la tala ilegal continúa”, indica la propuesta parlamentaria, que apunta al derecho penal para complementar la normativa existente y poder poner un freno a las conductas reiteradas que dañan el ambiente.