Quieren prohibir el uso de celulares en cárceles: "call centers del delito"

Se presentó en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, un proyecto de ley para que se prohíba el uso de celulares en el interior de las cárceles bonaerenses. El proyecto lo presentó el diputado de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Liberman, y parecería que tiene respaldo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

 

Liberman, con respecto a lo que sucede en la actualidad en los penales indicó que “son un call center del delito”. Desde la Agencia DIB indicaron que a la iniciativa se la bautizó como “Ley Rodrigo”, que sería una especie de homenaje al soldado Rodrigo Gómez, que prestaba servicio en la Quinta de Olivos y se terminó quitando la vida después de ser víctima de una extorsión telefónica que se gestionó en una cárcel y que tuvo la colaboración de familiares de detenidos.

 

En este proyecto lo que se propone es dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” previamente establecido en la Resolución 476/20, que se implementó en contexto de la pandemia de Covid-19. En ese momento, el objetivo era facilitar la comunicación de los internos en el marco de restricciones sanitarias. Para el legislador, en la actualidad esa medida ya no tiene justificación.

 

Asimismo, lo que se plantea es que se modificar el inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense para que la comunicación que se establece entre las personas privadas de la libertad y el exterior solo se realice mediante teléfonos fijos o, en el caso de ser necesario, mediante dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

 

Entre las restricciones y las inhibiciones propuestas, el proyecto establece que cada interno pueda comunicarse como máximo por dos horas diarias y que no tengan acceso libre a los teléfonos. Lo que indica el proyecto es que los aparatos deberían ser usados solo en horarios y espacios habilitados y después deberían ser retirados por los agentes penitenciarios.

 

Otro punto central que se plantea en el proyecto es la instalación de sistemas de inhibición y bloqueo de señal que afecte a la telefonía móvil y a la transmisión de datos en el sector en que se alojan los detenidos. El objetivo es que se impida la comunicación clandestinas con el exterior.

 

“Las cárceles parecen un call center del delito. Esto viene desde la época de la pandemia, pero sigue vigente el uso de celulares”, dijo Liberman y remarcó que se busca impedir que se sigan cometiendo delitos como estafas o extorsiones telefónicas.