El negocio de la tierra

Los negocios inmobiliarios, el poder político que los ampara y un creciente activismo juvenil confluyen en el conflicto. La construcción mediática del enemigo mapuche.

ALEJANDRO PAIRONE

La violencia verbal que desató el incendio del Club Andino Piltriquitrón (CAP), de El Bolsón, puso de manifiesto los alcances de la disputa por la tierra en Río Negro, y hasta dónde el bloque dominante local está dispuesto a garantizar los negocios inmobiliarios y forestales en la Cordillera. Cuando aún humeaban las llamas el intendente, Bruno Pogliano, y la gobernadora, Arabela Carreras, marcaron la línea que reprodujo el conglomerado oficialista: «Ataque terrorista mapuche».
Como toda prueba, mostraron un panfleto. Lo mismo, pero con menos pruebas, habían concluido el 4 de octubre tras el fuego que afectó parte de un Centro de Información Turística. Con más elementos, sumaron el incendio de una base de Vialidad Provincial en Bariloche.
Pese a esa endeblez, los denunciaron como atentados terroristas en la Justicia Federal y exigieron al gobierno nacional el envío de fuerzas federales que llegaron mientras la prensa describía a la Comarca Andina como zona de guerra, avalaba cada exabrupto del intendente y la gobernadora, y encomiaba la fortaleza local por imponer sus exigencias a la Casa Rosada. A tres semanas de las elecciones, el oficialismo provincial quedó en el centro de la escena dueño de la iniciativa y obligando a alinearse a todo el espectro político.

Represión sin diálogo.
«Terrorismo mapuche en El Bolsón», fue el tenor de los títulos. La Nación e Infobae publicaron 36 notas cada uno entre miércoles y viernes, mientras que TN, del Grupo Clarín, envió un móvil al CAP en la misma mañana del fuego. Los acusadores vinculan los incendios con dos procesos de recuperación territorial por comunidades mapuches en un campo fiscal en la Cuesta del Ternero, al norte de El Bolsón, y en Villa Mascardi, al sur de Bariloche.
Carreras rechaza conversar con esas comunidades y se aferra a la política de represión sin diálogo nacida el 31 de julio de 2017 en Bariloche, por acuerdo entre los gobiernos de Río Negro y Chubut con el exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Nocetti. Al día siguiente ya había provocado la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, y más tarde el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel.

Río Negro en deuda.
Lo que resiste el gobierno provincial es la aplicación de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, sancionada en 2006 que frena los desalojos y dispone una mesa tripartita entre comunidades y los gobiernos nacional y provincial para el relevamiento y regularización de la situación territorial. En casi todo el país la ley avanza, salvo en Río Negro.
«Río Negro no quiere firmar el Convenio de Relevamiento», develó la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda. «Río Negro es una de las pocas provincias que no tiene una sola comunidad con título (de tierras) comunitario», precisó el director de Asuntos Jurídicos de ese organismo, Julián Fernández.
La provincia está conducida desde 2012 por un partido conservador edificado en torno de Alberto Weretilneck, quien heredó la gobernación tras la muerte de Carlos Soria. Llamado Juntos Somos Río Negro, su partido abreva de sectores del peronismo, el radicalismo y otras fuerzas menores, y expresa intereses poderosos como los operadores inmobiliarios y forestales.
En su gestión, Weretilneck ignoró fallos de la Corte de la provincia y de la Nación que le ordenaban abrir el paso hacia el Lago Escondido, clausurado por el británico Joe Lewis. No los acató, y además envió policía para reprimir los intentos de acceso por parte de organizaciones sociales.

Ventas fraudulentas.
Entre 2012 y 2015 funcionó en Río Negro una comisión investigadora parlamentaria que descubrió 141 casos de ventas fraudulentas de 464.848 hectáreas de tierras fiscales que el exgobernador se negó a revertir. Ninguno de esos casos fue protagonizado por comunidades mapuches.
En forma paralela, en los últimos años se viene produciendo un singular fenómeno de creciente «mapuchización» entre sectores juveniles habitantes de las periferias de ciudades patagónicas. Históricamente sumergidos en la pobreza, el desempleo y la humillación, los jóvenes (y no tanto) van asumiendo su pertenencia a una cultura ancestral que los provee de una identidad de la que carecían. Cambia su mundo.
Esos jóvenes están más dispuestos a poner el cuerpo en la recuperación de tierras, lo que en parte explica la revitalización de reclamos por territorios que, a su vez, pone en cuestión la continuidad de los negocios inmobiliarios y forestales que el gobierno de Río Negro pretende garantizar a sangre y fuego en zonas que deben retornar a pueblos originarios.

Radios incendiadas.
El tándem Weretilneck/Carreras/Pogliano apela a la deshumanización del otro para convertirlo en enemigo interno promoviendo viejos conceptos de la Campaña del Desierto: indio malo, delincuente, salvaje. Pero ahora con el añadido de terrorista incendiario. Es endeble, pero suficiente para construir un sentido común contra un enemigo deshumanizado y criminalizado, además de extranjero, de manera de poder reprimirlo con cierto aval social y sin demasiado costo político y judicial.
Pero no son estos los únicos fuegos de la Cordillera. En los últimos años fueron reducidas a cenizas dos radios (Activa y Comarca Andina), opositoras a los negociados inmobiliarios con tierras fiscales. La misma suerte corrieron una salita de salud y dos veces un Centro Comunitario del paraje Mallín Ahogado donde se reunía la Asamblea por el Agua y la Tierra, que confronta contra un intento de loteo para construir una lujosa Aldea de Montaña en un Area Natural Protegida declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
La empresa que lo intenta, Laderas, estrechamente vinculada a Lago Escondido, tenía de contador al intendente Bruno Pogliano, y a la vez es la concesionaria del Centro de Esquí del cerro Perito Moreno, en cuyo proceso de licitación el Club Andino Piltriquitrón quedó involucrado en confusos manejos de tierras.

«Terrorismo».
El coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, alerta sobre el uso del término terrorista, y reclama el esclarecimiento de los incendios en El Bolsón y Bariloche. «Nos pone ante la sospecha de terrorismo, con lo que significa hablar de ello en la Argentina», sostiene. «Esto hace que el Estado asuma posiciones coercitivas, de persecución, y que lo que ocultan es la negación del pueblo mapuche-tehuelche y sus reivindicaciones territoriales», deconstruye. Para Carriqueo, se trata de la continuidad institucional del acuerdo represivo antimapuche de 2017 que, en el mejor de los casos, hoy se plantea en un grado mayor de violencia institucional. «En el peor de los casos, es terrorismo de Estado», alerta. (Extractado de Tiempo Argentino).