Dos actitudes ante el mismo problema

La decisión de la municipalidad de Santa Rosa de iniciar una investigación interna para establecer si hubo alguna falla en la conducta de los inspectores en las tareas de control de los locales nocturnos, contrasta con la actitud que hasta ahora han mostrado la policía provincial, la justicia y el Ministerio de Gobierno.
Luego del allanamiento de una whiskería ubicada en la avenida de circunvalación y la detención de tres personas producto de una investigación iniciada en la provincia de Formosa por un juez federal que está detrás de una red de trata de personas, se escucharon declaraciones públicas de funcionarios policiales, judiciales y del propio titular de la cartera política del PEP. Esos pronunciamientos tuvieron un marcado tono autojustificatorio ante la inacción de no pocos organismos a la hora de proceder con firmeza para investigar y enfrentarse con la explotación de la prostitución. Porque, hay que recordar, en el local fueron encontradas más de diez chicas que, según la Policía Federal, ejercían la prostitución en el lugar. Hay fotografías y filmaciones que obtuvo un equipo de inteligencia de los federales y que permitió establecer que se ejercía esa actividad en el boliche. También se puso en descubierto una vivienda ubicada en el denominado Plan 3.000 en donde eran alojadas estas mujeres, procedentes de la provincia de Formosa en la mayoría de los casos, a pocos metros de una dependencia de la policía provincial.
La mayor preocupación de los funcionarios provinciales no fue preguntarse por qué una investigación foránea detecta este caso y los organismos locales no, ni tampoco comprometer una búsqueda a fondo para determinar si hubo agentes públicos que conocían la situación y la toleraron. Al contrario, el mayor empeño fue puesto en minimizar la gravedad de caso y negar que pudiera encuadrarse como trata de personas con el argumento de que las mujeres estaban trabajando aquí, ejerciendo la prostitución tan lejos de su provincia natal, "por su propia voluntad". Ni hablar de iniciar investigaciones internas en todas las reparticiones que, directa o indirectamente, están vinculadas al caso para poder determinar presuntas omisiones en los controles o, incluso, algo peor, connivencia con los detenidos por el juez federal formoseño.
En cambio, como se dijo, las autoridades comunales de la capital pampeana tuvieron una reacción mucho más acorde con la gravedad del caso, ordenando, inmediatamente, una pesquisa en el propio organismo para determinar si es cierto lo que la opinión pública sospecha: que hubo procederes oscuros en empleados del Estado frente al caso por hacer la vista gorda frente a lo que era evidente: la explotación de la prostitución en un local nocturno.
Hasta ahora, las únicas voces claras y contundentes de preocupación y condena, provenientes del ámbito oficial ante esta expresión del comercio sexual, se escucharon en boca de funcionarios municipales. No puede decirse lo mismo, ni remotamente, de las definiciones emitidas por la policía, la justicia o el Poder Ejecutivo provincial.
Cuando no pocas ONG siguen señalando a La Pampa como ámbito de actuación de redes de trata de personas -el martes este diario publicó el testimonio revelador de una especialista oriunda de la provincia de Misiones que nombró específicamente localidades pampeanas de donde fueron rescatadas menores víctimas de este comercio- resulta en extremo preocupante que persista esa actitud oficial de mirar para otro lado cuando el problema hace tiempo que está instalado entre nosotros.