Para algunos la solución es "a cintazo limpio"

Para un concejal santafesino, a los jóvenes que delinquen hay que "molerlos a palos". El insulto pone de manifiesto que todavía falta mucho para atender a tantos chicos arrojados al delito por la pobreza.
IRINA SANTESTEBAN
Las declaraciones del concejal de la localidad santafesina de Arroyo Seco, Miguel Angel Coradini, quien dijo que había que "moler a palos" a los jóvenes que delinquen, volvió a poner en debate la falta de políticas de inclusión social y prevención de la violencia de la que son víctimas niños y adolescentes.
Como si sólo fueran jóvenes pobres los que roban y asaltan, las palabras de Coradini evidentemente se referían a los comúnmente conocidos como "pibes chorros", esto es, los jóvenes de sectores marginales para quienes muchas veces la única salida que les ofrece esta sociedad es la delincuencia. Sin educación, sin trabajo y presa fácil de las bandas de narcotraficantes, cada día son más numerosos los jóvenes casi niños que entran en una mezcla fatal de delito y violencia.
Las polémicas declaraciones fueron motivo de debate en numerosos medios del interior del país. El subsecretario de Asuntos Penales de la provincia de Santa Fe, Juan Lewis, expresó que eran "demagógicas e irresponsables" y que Coradini evidenciaba una mentalidad "retrógrada", que propugnaba soluciones "inviables, ilegales e inefectivas".
En Santa Fe, según este funcionario, hay aproximadamente 350 adolescentes de entre 16 y 18 años, en "conflicto con la ley penal". Esta es la definición adoptada por la moderna legislación sobre minoridad, que evita hablar de "delincuencia" cuando se trata de jóvenes menores de 18 años.
El IRAR (Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario) ha visto incrementada su población en un 60 por ciento en el último mes, ya que desde junio de 2008 hasta el mismo mes de 2009, había allí alojados un promedio de 27 adolescentes y en el último mes han llegado a 45.
El incremento no estaría ligado a un aumento de los delitos cometidos por jóvenes, sino a la demora de las causas judiciales que involucran a menores.
En marzo de este año, se desató un conflicto entre el Poder Judicial y autoridades provinciales, cuando la jueza de Menores María del Carmen Musa decidió desplazar a un sector de la guardia del Servicio Penitenciario que cumplía funciones en el IRAR, luego de una brutal golpiza que sufriera un chico de 17 años. Días antes, otra jueza, ante la denuncia de tres asesoras de menores sobre las golpizas que sufrían a diario los jóvenes internados en ese instituto, aplicó un hábeas corpus correctivo y realizó una inspección en el lugar.

Receta activa.
Quiere decir que la "receta" del concejal Coradini ya se viene aplicando en los hechos, tal como lo demuestran estas denuncias que obligaron a distintas juezas de menores a intervenir en salvaguarda de los derechos de los adolescentes alojados en el IRAR. Sin embargo, tal como lo saben la mayoría de los especialistas (de los serios, y no los falsos ingenieros que pretendieron dar cátedra de políticas de seguridad en el Congreso en el año 2004), no es con mano dura ni aumentando las penas y los castigos a los menores, desde cada vez más temprana edad, como se podrá erradicar o disminuir eficientemente la delincuencia precoz.
Según Lewis, desde las autoridades provinciales no se "premia" a los pibes que delinquen con la internación en instituciones (curioso premio sería, a tenor de las denuncias por golpizas que abundan contra estos correccionales), sino que se trata de elaborar "respuestas inclusivas e integrales donde ellos se responsabilicen por los hechos cometidos".
Es así, que la justicia santafesina cuenta con un amplio menú de cinco programas vinculados con la inclusión social: Alojamiento en régimen de encierro; Alojamiento en régimen abierto; Libertad asistida; el Programa de Orientación, Formación y Cuidado y el Programa de Servicios comunitarios. De los 350 chicos en conflicto con la ley penal, la mitad de ellos está participando de uno de los programas alternativos al encierro, que implican capacitación en oficios, con la posibilidad concreta de una salida laboral, lo que equivale a desandar el camino del delito y comenzar a reinsertarse en la sociedad.
Aunque recién hace seis meses que estos programas están en vigencia, Lewis sostiene que la mayoría de los jóvenes han permanecido en ellos, y en el caso del programa de Servicios a la Comunidad, un alto porcentaje de los jóvenes que pasaron por los talleres, lograron volver a la escuela y encontrar un empleo.
El director de la Casa del Adolescente de Rosario, Jorge Arias, dice que estos chicos traen consigo "una gran conflictividad, pues provienen de familias desmembradas, sin la figura paterna. Hay un mínimo porcentaje de delincuentes comunes, el resto son chicos con mucho miedo por estar en la calle, que ya no son contenidos por la familia o por la escuela y reaccionan con violencia". Para Arias, lo mismo que para Lewis, no se trata de "premiar" a pibes que delinquen con talleres, "lo que se intenta es que el joven se exprese a través de una vía que no sea la violencia, pues la represión no sirve de nada, no sólo éticamente, no sirve como método".

Haz lo que yo digo...
A contramano de estas políticas, que Coradini parece ignorar a pesar de que hace 16 años es concejal de Arroyo Seco, sus declaraciones fueron más allá, pues dijo: "Acá hay que tomar el toro por las astas. Los pibes que se falopean y chorean, hay que meterlos adentro. Un consejo sano: si alguna vez agarran y desarman a alguno, muélanle los huesos y van a ver que no vuelve a robar". "Al tipo que roba hay que reeducarlo adentro, porque acá vienen con que hay que enseñarle guitarra. Si enganchan a alguien, no maten a nadie pero mátenlo a cintazos", agregó.
Como si fuera poco, arremetió también contra los jueces y dijo que "habría que molerles los huesos también".
Aunque parezca mentira, el concejal Coradini fue noticia en marzo de 2005 por haberse resistido a un control de alcoholemia. Según el diario "La Capital" del 6/3/05, el edil protagonizó un pequeño escándalo en las inmediaciones del Monumento a la Bandera, cuando se negó a entregar el coche a los agentes de Tránsito, luego de que el test de alcoholemia al que fuera sometido, resultara positivo. Por ese comportamiento, a Coradini se le abrió una causa por desobediencia en un juzgado correccional.
Si nos atuviéramos a la particular forma de penalizar que propone este funcionario, ¿cuántos cintazos le habrían correspondido por su falta?