La esperada y renovada embestida

MODESTO MORRÁS
El proceso dirigido a establecer e incorporar al Código Civil una legislación igualitaria en materia de matrimonio, ha promovido la muy esperada y repetida embestida furiosa que la jerarquía de la iglesia católica lanza cada vez que una sociedad plural aparece decidida a limitar sus privilegios.
Al escribirse estas líneas no se conocía aún el resultado del debate en el Senado. Aunque una clara mayoría ciudadana comparte la reforma al C.C., la Cámara Alta cuenta con no pocos miembros que abandonan su condición de representantes del pueblo para erigirse en cruzados de la fe.
No es, como se dice, novedad para los argentinos esa reacción confesional. Arranca desde los albores de la Patria cuando el Vaticano condenó la emancipación americana y excomulgó y tachó de "hijos del demonio" a los hombres de Mayo y a todos los patriotas de nuestro país y el continente.
Si el "derecho natural" que cierto clero invoca para declarar exclusivo a una pareja heterosexual la habilidad para contraer matrimonio, habría que considerar todos los pronunciamientos de la iglesia romana en torno a decisiones del poder civil. En esa senda, los argentinos y sus hermanos latinoamericanos deberían disculparse ante la corona española y someterse de nuevo a su dominio como en tiempos de la colonia. También y remitiéndonos a la posición que en su negra trayectoria asumiera aquella corporación eclesiástica explotadora de la fe, sería "un derecho natural" reimplantar el esclavismo, sistema que contara con su decidida aprobación y apoyo basándose inclusive en el texto bíblico. Del mismo modo, debería actualizarse el envío a la hoguera a todo individuo que no comulgue con su fe, como era ley en tiempos de la santa hermandad y la inquisición.
Volviendo a nuestro suelo, la jerarquía católica anatematizó la instauración del registro de nacimientos y defunciones, la secularización de los cementerios y la celebración del matrimonio civil; y rechazó con persistencia las normas legales que así lo establecían, repudio que se extiende hasta nuestros días cuando en la celebración de un matrimonio religioso, el sacerdote oficiante recuerda a los contrayentes y a los fieles que para los católicos ése es el único acto válido y honesto.
En esa tesitura, ¿qué podrían importarle hoy a los jerarcas confesionales las modificaciones a una ley que siempre han desconocido?
La corporación católica debería estar reconocida por un país que le ha concedido privilegios que estaba muy lejos de merecer. Como se ha recordado, el papado condenó en 1810 la libertad americana del yugo hispano y recién casi medio siglo después, en 1858, reconoció a Argentina su condición de país soberano.
Devolviendo bien por mal y sin considerarla una religión oficial, el gobierno de nuestro país sostiene económicamente a la burocracia católica, acordando a sus obispos un sueldo que sale del bolsillo de todos, católico o no. Ello aunque como ejemplo moral está muy lejos de ser destinataria de tal favor, cuando mantiene en sus cuadros sacerdotales a curas y obispos condenados por la justicia ordinaria por crímenes durante la última dictadura militar o por abusos deshonestos reiterados contra niños que tenían bajo su cuidado.