Matar periodistas críticos, algo muy frecuente en Honduras

Porfirio Lobo asumió como presidente de Honduras en enero de 2010. Bajo su gobierno siguieron los crímenes de
periodistas críticos del poder. ¡Y después la SIP acusa a Cuba y Venezuela de negar libertad de prensa!
EMILIO MARIN
El hondureño Porfirio Lobo firmó con el colombiano Juan Manuel Santos y sus colegas centroamericanos el "Acuerdo de Cartagena" que posibilitó el regreso a Tegucigalpa del ex presidente Manuel "Mel" Zelaya. También se garantizó la libre actuación de su fuerza política, el Frente Nacional de Resistencia Popular.
Ese compromiso posibilitó que el país fuera readmitido en la OEA, de donde fuera expulsado a raíz del golpe de Roberto Micheletti y los generales obedientes al Pentágono, más la consiguiente represión.
Si alguien se atiene a la letra de esas promesas del gobierno y a sus constantes declaraciones de que sancionará a los responsables de los asesinatos, creerá que entre la etapa golpista de Micheletti y la "constitucional" de Lobo, a partir del 27 de enero del año pasado, media un abismo.
Pero no hay tal corte entre el golpista y su continuador ungido en polémicas elecciones. Así quedó de manifiesto con nuevos crímenes de periodistas y opositores políticos, más las detenciones de otros, todos cercanos a Zelaya. La estadística muestra que desde el golpe de Estado han sido ultimados 16 periodistas y comunicadores populares, una profesión de alto riesgo que siguió aportando víctimas desde que los generales adiestrados por el Pentágono dieron un paso formal hacia atrás, dejando el centro de la escena a Lobo, dirigente del Partido Nacional.

 

Más muertos.
El 15 de julio pasado fue asesinado Nery Jeremías Orellana, director de la estación comunitaria Radio Joconguera del Municipio de Candelaria, Provincia de Lempira. En setiembre fue el turno de Medardo Flores, quien trabajaba en la Radio Uno de San Pedro Sula, graduado en la Escuela de Locutores del Instituto de Ciencias de la Comunicación de Radio Uno. Le pegaron 9 tiros en Río Blanquito, departamento de Puerto Cortés.
En la misma semana, el 8/9, fue ultimado un militante social ligado al ex presidente Zelaya, con quien había estado asilado en la embajada de Brasil. Era un nativo de Surinam que vivía en Honduras desde hacía 35 años y todo el mundo lo conocía como Emo. Se llamaba Mahadeo Roopchano Sadloo Sadloo y era un activista del FNRP, muy perseguido por la dictadura cívica-militar.
La prensa oligárquica, particularmente el diario El Heraldo, había hecho campaña frente al ministro del Interior, Africo Madrid, para que Emo fuera expulsado bajo la acusación de "promotor de la violencia". Como el hombre reparaba y vendía neumáticos y llantas para automóviles, seguramente en algunas barricadas en defensa de la democracia habrán ardido algunos de sus productos en cercanías de la Universidad, donde estudiaba una hija suya. De allí a considerarlo un "extranjero indeseable" y hasta "terrorista", sólo la mentalidad de Lobo, sus militares y policías, podían llegar a ese extremo. Al final lo mataron de cinco tiros por la espalda. Quizás fue el consejo que dieron los asesores norteamericanos, colombianos e israelitas, los "especialistas" o mercenarios que bajan línea represiva a Lobo.

 

Sigue la represión.
Las trabas al periodismo en el país centroamericano tienen su más alta expresión en los crímenes políticos, pero también hay otras formas no tan brutales pero igualmente restrictivas. Por caso, la oposición democrática denunció que el gobierno, por medio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), silenció en gran medida las radios comunitarias. Lo hizo con una resolución sobre el otorgamiento de permisos y licencias para la operación de Estaciones de Radiodifusión Sonora de Baja Potencia con Modulación en Frecuencia, dentro del rango 88-108mhz.
De ese modo, el lobby oficialista de El Heraldo, La Prensa, La Tribuna, Radio América y HRN piensa que tiene el camino libre para apoyar al presidente Lobo y denigrar a Zelaya y los movimientos populares. También para justificar o encubrir esos crímenes políticos que cometen las fuerzas uniformadas pero en muchos otros casos, la mayoría, los sicarios o parapoliciales.
"Es una declaración de guerra, éste es un asesinato político que trae un mensaje para mí, para los que están alrededor mío con el fin de detenernos; era una de las diez personas más significativas del Frente y una de las más reconocidas a nivel mundial", dijo Mel Zelaya sobre la muerte de Emo.

 

Los crímenes, desapariciones, torturas y detenciones son cosa seria en Honduras. Cofadeh (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), denunció que desde el golpe y hasta marzo de 2011, se registraron 95 asesinatos políticos, 244 casos de tratos crueles e inhumanos, 6.000 detenciones políticas, 13 desapariciones y 39 campesinos ultimados en el Bajo Aguán, del noreste. En ese cuadro general deben inscribirse las 16 muertes de gente de prensa, todas impunes.
Honduras es un país violento en general. En 2011 podrían batirse todos los record y llegarse a una tasa de 86 homicidios sobre 100.000 personas. Superaría a México, que hasta ahora lleva la delantera en ese triste ranking. Así lo corroboró el director nacional de Investigación Criminal, Marco Tulio Palma, al precisar que en lo que va del 2011 hubo 4.412 muertes, más que las de todo 2010.
A propósito, ese es un evidente fracaso de la política de "seguridad" basada en la "mano dura", la saturación de policías y patrulleros, la inexistencia de leyes y jueces garantistas, el endurecimiento de penas, etc. Sería interesante que el gobernador bonaerense Daniel Scioli y su ministro Ricardo Casal, tomaran nota y aprendieran algo de la negativa experiencia hondureña.

 

Apuntan a Zelaya.
Las represalias contra el ex mandatario constitucional y su fuerza política se completan con detenciones y procesos contra sus ex funcionarios y colaboradores. El ex ministro Alberto Flores Lanza se encuentra bajo arresto domiciliario acusado de "fraude y abuso de autoridad".
La explicación que tendrían tantas medidas gubernamentales o parapoliciales contra Zelaya sería debilitarlo y disuadirlo para que su frente no pueda participar de las presidenciales de 2013. Mel fue en su momento candidato del Partido Liberal, la otra agrupación tradicional junto con el Partido Nacional. En el curso de su gobierno se fue inclinando a favor de la protección de los sectores más humildes y de una mayor intervención del Estado en controles de precios, comercio de combustibles, aumentos de salarios, reforma de la Constitución, etc.
En agosto de 2008 había introducido al país dentro del ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas), junto a Cuba, Venezuela y otras seis naciones latinoamericanas y caribeñas. Ese puede haber sido el detonante del putsch proestadounidense que lo secuestró y desterró a Costa Rica.
Zelaya no puede ser candidato en las próximas elecciones pero hay quienes proponen a su esposa, Xiomara Castro, que lo secundó en estos años de destierro, asilo y resistencia. También pueden ser candidatos otros miembros del FRNP, entre los que hay dirigentes sindicales, políticos y de derechos humanos, con bien ganado prestigio por haber protagonizado una heroica resistencia contra Micheletti y el propio Lobo.

 

Instrumento político.
Al interior de ese frente hubo un debate político sobre si la vía para traer de regreso a Zelaya e imponer una Asamblea Constituyente era elevar la rebeldía popular en base a la movilización callejera. O si, sin abandonar esa escena, se debía formalizar un frente electoral y cumplimentar los requisitos legales para ir a las urnas en 2013.
La polémica se fue cerrando a favor de la segunda opción. El pasado 17 de septiembre una asamblea de 1.500 dirigentes y activistas convalidó la creación previa del Frente Amplio de la Resistencia Popular (FARP). El periodista sueco Dick Emauelsson, residente en Honduras (otro "extranjero indeseable"), entrevistó a Juan Barahona, líder sindical y subcoordinador nacional del FNRP, y le preguntó sobre la relación que habrá entre este frente y el FARP. Barahona contestó: "el FNRP se mantendrá como una organización de masa. El FARP será el instrumento político de la Resistencia donde se van a canalizar las voluntades del pueblo para la toma del poder".
En la reunión se resolvió juntar las 50.000 firmas que se necesitan para legalizar el frente amplio (FARP) en el plano electoral y afirmar su participación en los próximos comicios. La posibilidad de que el Frente dispute el gobierno puede llevar a que los criminales de uniforme o civil realicen nuevos atentados, contra la prensa y la oposición. Si el mundo levanta la voz en forma solidaria contra la represión en Tegucigalpa puede salvar vidas y ayudar a que democracia hondureña tenga real vigencia.