La pelea fiscal

El debate sobre el Pacto Fiscal llegó finalmente a La Pampa. La oposición pidió públicamente que el Poder Ejecutivo lo denuncie para acrecentar los ingresos al tesoro provincial en un monto que estimó en 450 millones de pesos anuales.
La oportunidad del debate no es inocente pues está estrechamente vinculado a los cortocircuitos que se vienen sucediendo entre el gobierno nacional y el de la provincia de Córdoba, fuertemente teñido por el color de la interna del justicialismo. El cordobés ha llamado a las provincias a sumarse a su rebelión fiscal pero con muy pobres resultados pues hasta el momento sólo ha cosechado respuestas negativas.
La trascendencia del tema central -la coparticipación federal de impuestos- no es menor y apunta al corazón de las relaciones entre las provincias y Nación. Tampoco es un tema nuevo: ya en el siglo XIX, en plena época de la organización nacional, buena parte de los enfrentamientos fraticidas que se sucedieron durante largas décadas en el interior del territorio argentino tuvieron en su base la siempre tensa relación entre el puerto y los liderazgos de los territorios provinciales.
Y para añadir mayor complejidad a este espinoso asunto está también la otra coparticipación -que por lo general no tiene tanta prensa ni tan alta exposición pública-, y es la que vincula a los gobiernos federales con el interior de las propias provincias. Es otra versión, más doméstica, de la misma lucha: centro versus periferia a escala menor.
La cesión de aquel 15 por ciento de la coparticipación tuvo lugar en la década de los noventa cuando el menemismo descuartizó el sistema previsional, hasta entonces centralizado en manos del Estado, y lo puso a disposición de las ávidas AFJP que pensaban más en sus ganancias que en el bienestar de los jubilados. Hoy, con la recuperación de las jubilaciones en el sistema público han cambiado, por cierto, las reglas de juego. Pero también es cierto que son muchas las provincias que muestran una extrema fragilidad estructural en cuanto a la autosustentabilidad económica. Y La Pampa no escapa a esa dura realidad. Aquí, el propio gobierno ha debido admitir que hay que "mirar al cielo" para saber si tendremos bonanza o malaria, tal la triste realidad de nuestra economía pastoril.
Los gobernadores -entre ellos el nuestro- conocen a la perfección la crónica dependencia de las cuentas provinciales de la buena voluntad de Nación y su disponibilidad en términos de coparticipación federal. Por esa razón, el alto nivel de discrecionalidad que exhiben los gobiernos nacionales, hace décadas que está en el centro del debate político aunque por el momento sin atisbos de una solución duradera y racional. Las normas que rigen la coparticipación parecen tener la elasticidad de un chicle, y cada presidente que se sienta en la Casa Rosada las maneja con un alto grado de arbitrariedad, permitiéndose beneficiar a las provincias "amigas" y no tanto a las "enemigas". Como se puede ver, es muy poco lo que se ha progresado desde las luchas montoneras decimonónicas.
Nadie que conozca un poco de la política local podrá creer que el actual Ejecutivo pampeano vaya a sumarse a las huestes delasotistas que pasaron a enarbolar con entusiasmo el poncho federal. Las políticas de ajustes internas que viene implementando el gobernador cordobés han desatado una ola de protestas gremiales, con grandes manifestaciones callejeras, que hablan muy claro acerca de cuál es su perfil de gobierno. Su poder de seducción, por lo tanto, es cada vez menor a medida que aumenta su distanciamiento con Buenos Aires.
Por otra parte, no es un dato menor el hecho de que el gobernador pampeano acaba de recibir un sólido respaldo de Buenos Aires en la reciente jugada política que le permitió convertirse en el as de espada del justicialismo pampeano. Resulta impensable que un dirigente, con responsabilidades de gobierno, vaya a suicidarse desairando a quien lo apoyara en un trance tan decisivo.