Esperando a la Corte

La Ley de Medios Audiovisuales cumplió la semana pasada cuatro años desde que fuera sancionada. Sin embargo -increíblemente podría decirse- lleva el mismo tiempo sin tener plena vigencia debido a las objeciones y obstáculos en el ámbito judicial aportados por los grupos mediáticos más poderosos -léase Grupo Clarín y asociados- que han sido capaces de trabar una herramienta genuinamente democrática, ya que la ley, previamente a su debate en el Congreso, fue analizada y debatida como ninguna otra norma en todo el territorio nacional.
El aporte positivo de esta nueva ley aparece como indiscutible y se evidencia en la multiplicidad de nuevas formas y comunicadores que han aparecido desde su implementación, muy especialmente en el campo de las emisoras independientes o no integradas a las grandes corporaciones. Tanto en radio como en televisión gracias a la Ley de Medios han surgido cantidad de nuevas voces en condiciones de decir su visión de la realidad nacional, provincial y comunal, apartándose no solamente de los lineamientos ideológicos que rigen a las grandes corporaciones sino también de los económicos. A este respecto las cooperativas pampeanas -férreamente combatidas por los opositores a la ley- han hecho y están haciendo un aporte más que notable.
Es que, a poco que se desbroce el panorama, se advierte que el trasfondo de la oposición a la ley es económico. Los grandes medios habían creado un gran imperio con diarios impresos, fábrica de papel, servicios de internet, televisión por cable, radio, telefonía celular, etc., que se expandía a expensas de los medios de menor escala y condicionaba fuertemente tanto la actividad económica como la política, con notable incidencia también en otros campos. Para funcionar adecuadamente sólo necesitaban -y tenían desde hace décadas- el monopolio en las áreas difusivas el que, a su vez, les reportaba enormes ganancias. Los pampeanos no necesitamos mayores explicaciones porque lo vivimos y sufrimos; la adhesión de la población a esta ley está demostrada en la masiva adhesión que se registra para con los nuevos servicios cooperativos que han roto el privilegio.
En la estrategia de confrontación que han planteado quienes se sienten perjudicados sigue sorprendiendo la cantidad de recursos que, (previsoramente, ahora se ve) fueron acumulando las corporaciones de medios en todos estos años como una forma de reaseguro del poder. Apenas votada la ley la batalla se planteó con una batería de medidas cautelares que cayeron en distintos tribunales del país; estaban respaldados por magistrados que investigaciones posteriores demostraron como muy cercanos al oligopolio. Todos los grupos relacionados con los medios de comunicación en el país se avinieron a la norma (que, vale la pena recordar, fue señalada como un ejemplo a nivel internacional) con excepción del Grupo Clarín y sus aliados que consiguieron -y hay que reconocer que no es poca cosa- retrasar cuatro años su plena vigencia.
La instancia definitiva llegó con la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se estima está muy cercana a dar a conocer el fallo que se tendrá por definitivo. La sociedad toda y las entidades que la representan, siguen en un alerta muy prudente al respecto porque las presiones sobre los magistrados, de uno u otro modo, se ejercen. Además es sabido que uno de los altos jueces tiene una relación familiar directa con uno de los principales directivos de los grupos involucrados. Se supone que esa sola circunstancia debiera bastar para inhibirlo de intervenir en el tema.
Lo que aparece al cabo de estos sorprendentes cuatro años es el poder de influencia innegable que detentan los grupos mediáticos que se consideran por encima del Estado y de la ley y que llegan a extremos de pretender oponerse al propio poder institucional legítimo con tal de mantener sus privilegios. Por eso la sociedad aguarda que el fallo de la Corte Suprema ponga las cosas en su lugar sin más dilaciones.