Justicia para todos

Hace unos días, en la Ciudad Judicial, la fiscalía y la defensoría acordaron en un juicio abreviado la condena a seis años de prisión para tres jóvenes delincuentes que protagonizaron un intento de asalto a una vivienda del barrio Villa Martita, un hecho de gran repercusión social que provocó una movilización de vecinos reclamando por mayor seguridad a las autoridades.
Más allá de lo llamativo que significa que las repercusiones en los medios de hechos similares sean diferentes según ocurran en áreas urbanas de buena posición económica y social o en barriadas populares -en todo caso, este aspecto merece otra reflexión- detrás de esa negociación hubo un dato que pasó inadvertido. Y fue que la propia víctima, la propietaria de la vívienda, dio su consentimiento para que se concrete.
Esta alternativa es, sin dudas, una cuestión de fondo en los nuevos criterios judiciales, más allá de que no sea un requisito sine qua non para los juicios abreviados. Pero es, en verdad, un acto de estricta justicia porque todas las partes involucradas consideraron que se arribo a una resolución justa, al margen de las motivaciones personales que cada uno tuvo para aceptar la sanción.
Se trata de un caso específico, en el cual todo el proceso judicial que debió ponerse en marcha ante un delito realmente grave, se resolvió en apenas dos semanas. Resalta esta solución cuando delitos mucho más simples o de menor entidad, tardan años en llegar a una sentencia, si es que no prescriben antes.