Una tardanza inexplicable y una sospecha por venir

El nuevo servicio de transporte urbano en la ciudad a cargo de una flamante empresa prestataria comenzó con problemas. Con un boleto que casi duplica al anterior, micros sin piso bajo y quejas de los usuarios por los nuevos horarios, la bienvenida por parte de los usuarios no fue la mejor. Igualmente habrá que esperar para hacer una evaluación más mesurada, ya que la firma santafesina recién está dando sus primeros pasos.
En cambio, en lo que no hay que esperar -también dentro de la cuestión de los colectivos- es en seguir de cerca la causa que lleva años en la justicia federal sobre los "recorridos inflados" y otras posibles investigaciones que podrían abrirse a partir de sospechas que lanzaron los concejales de la oposición sobre el Grupo Plaza, que tenía la concesión anterior.
La causa en la que están involucrados un ex intendente y un ex secretario municipal y que lleva siete años girando en los tribunales no ha tenido avances sustanciales. A pesar del buen trabajo de la fiscalía federal, el magistrado a cargo del expediente entorpeció su desarrollo cuando sobreseyó a ambos imputados en momentos en que el caso estaba por ir a juicio. Esto obligó a que ahora el mismo tribunal deba reimpulsarlo a partir de que la Cámara Nacional de Casación Penal dictaminó que esa medida que dejaba a los ex funcionarios fuera de sospechas no es válida.
Viendo en detalle el caso, vale preguntarse cómo es posible que la Justicia dé tantas vueltas sobre el mismo tema, cuando quedó claramente establecido que se "inflaron" los kilometrajes de los colectivos para cobrar más subsidios y que la empresa, para poder conseguirlo, contó con la colaboración necesaria del municipio.
También aparece llamativo que nadie le pida explicaciones a un juez que, después de procesar a los ex funcionarios, los benefició con un argumento "tan sólido como un flan": adujo que no hubo delito porque no se produjo un perjuicio al Estado Nacional. Sin embargo, nadie negó que en el expediente hubiera declaración con datos falsos para "inflar" los recorridos. A veces es muy difícil, para el ciudadano común, entender cómo magistrados, fiscales y defensores pueden percibir situaciones tan opuestas con las mismas pruebas. Porque aunque la justicia no es una ciencia exacta como las matemáticas, tampoco es tan laxa en sus argumentos como para permitir que se digan sinrazones.
Esta historia todavía inconclusa -que necesariamente debe resolverse cuanto antes para que no parezca una burla más a los ciudadanos-, puede tener una continuación si fuesen ciertas las sospechas que han lanzado algunos los actuales ediles opositores acerca de que la comuna le certificó la regularidad del servicio a Plaza en sus últimos meses de prestación, a pesar de las condiciones pésimas del servicio, para que pudiera cobrar mensualmente los subsidios que paga Nación.
Los mismos concejales deberían avanzar más en la pesquisa administrativa sobre el caso para demostrar que no se quedan solo en las palabras y después, eventualmente, presentar las pruebas ante la justicia. Y actuar con la misma seriedad con que lo hicieron sus antecesores cuando pidieron que se investigara a Néstor Alcala y compañía. Porque, más allá de lo que ocurra con el expediente de los recorridos adulterados en los tribunales, nadie pudo ni puede cuestionar a los ex concejales Claudia Giorgis y Alfredo Carrascal su trabajo para conseguir las pruebas contundentes que hoy están incorporadas a un expediente que camina a paso de tortuga.