Monopolios cuidarán sus precios para ganar como siempre

El 6 de enero, día de Reyes Magos, comenzó el acuerdo conocido como "Precios Cuidados". Salvo niños muy pequeños, se sabe que los Reyes son los padres. Y hay que ser muy ingenuo para creer en la existencia de monopolios buenos, de precios justos.
EMILIO MARIN
Después de una negociación en que intervinieron por el gobierno el ministro de Economía, Axel Kicillof, el secretario de Comercio, Augusto Costa, y el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, se firmó el 3 de enero el acta de "Precios Cuidados".
La contraparte empresaria fueron los representantes de la Asociación de Supermercados Unidos-ASU (Alfredo Coto), la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Daniel Funes de Rioja), la Cámara Argentina de Distribuidoras y Autoservicios Mayoristas (Alberto Guida) y otras entidades.
El lector reconocerá mejor quienes estaban del otro lado del mostrador si se enumera a Coto, Jumbo, Disco, Vea, Día, La Anónima, Carrefour, Wal Mart y Changomas. Eso y decir que alrededor del 70 por ciento del supermercadismo comprometió respetar una lista de 194 precios es más o menos lo mismo. Luego se sumaron los llamados supermercados chinos, con Miguel Calvete, con lo que el volumen se engrosó más.
La nómina incluye 60 productos de almacén, 16 de bebidas, 27 lácteos, 19 de limpieza, 18 de perfumería, 12 de frutas y verduras y 11 de carne. Según la propaganda de Capitanich, que repetía el discurso de Costa, el paquete implica "la reducción del 7 por ciento de los precios".
Sin embargo esa presentación en envase rosa optimista no condice con los primeros resultados prácticos. A dos semanas de comenzado el experimento en Capital Federal y Gran Buenos Aires, un informe del oficialista 678 no avalaba esa apreciación triunfalista. La cámara entró a varios supermercados y mostró productos faltantes, otros que estaban con un precio mayor y unos pocos que respetaban la cotización. El kilo de la tapa de asado, por ejemplo, estaba casi 20 pesos arriba de lo acordado.
La síntesis fue que el acuerdo se estaba cumpliendo en sólo un 60 por ciento. Y habían transcurrido dos semanas, un tiempo suficiente para arreglar aspectos de su implementación. "Y es un resultado pobre", admitió en el panel Roberto Navarro, periodista económico, quien pidió modificaciones a la ley de Abastecimiento, para imponer sanciones más severas a los empresarios que violen de ese modo tan alevoso los precios.

Monopolios y política.
Uno de los productos faltantes era el aceite Natura. La panelista Mariana Moyano acotó que es un producto de Aceitera General Deheza, cuyo presidente es Roberto Urquía, "un hombre que simpatizó con el kirchnerismo hasta el conflicto con el campo". Más que simpatizar fue senador nacional K y presidente de la Comisión de Economía de esa cámara. Luego encabezó la boleta de diputados nacionales por Córdoba, pero aún elegido, optó por permanecer en el Senado, alineado con el oficialismo hasta el conflicto por la 125. Urquía venía de la UceDe y había adquirido el ramal Nuevo Central Argentino en tiempos del cavallo-menemismo, del que fue operador clave en la provincia y en general en temas económicos. Vino bien ese comentario sobre Natura-Urquía.
Otro suscriptor es Daniel Funes de Rioja, directivo de la Unión Industrial y de la Copal, donde representa al ingenio Ledesma y otros pulpos de dudosa credibilidad no sólo en lo atinente a remarcación de precios. Peor aún, el dueño de ese ingenio Carlos P. Blaquier está cada vez más cerca del juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos por su empresa en Jujuy. Funes de Rioja fue teórico y práctico de la flexibilización laboral en los '90.
Otros popes del supermercadismo tienen bien ganada fama de superexplotadores de sus empleados y campeones regionales y aún mundiales de las violaciones a los derechos laborales. Casos del alemán-chileno Horst Paulmann (Cencosud-Jumbo) y de los dueños estadounidenses de Wal Mart, a los que tanto les cuesta admitir delegados (en los últimos años, con la extrema docilidad de Armando Cavalieri, de Comercio, están levemente más a tono con la legalidad).
Esos directivos son los mismos que echaron a pique acuerdos con la Secretaría de Comercio en tiempos de Guillermo Moreno. Entonces firmaban por 500 productos en vez de los 194 de ahora. Primero remarcaron antes de firmar, haciendo un mullido colchón; luego acordaron en medio de remilgos y casi de inmediato pasaron a violar los compromisos. Al principio con excusas, no reponiendo faltantes, luego introduciendo productos similares pero más caros y al final, a toda orquesta, subiendo los precios. Total el Indec apenas "cantaba" 11 por ciento anual y los funcionarios nacionales negaban la inflación.

Hacia otro fracaso.
El cronista no quiere incurrir en análisis psicologistas, pero supone que si los "pesos pesados" del supermercadismo y otros formadores de precios se llevaron puesto a Moreno, que tenía fama de duro y contaba con mucha banca presidencial, a Kicillof y Costa los van a puentear con mayor facilidad.
Este acuerdo es módico y alcanza a uno de cada cinco productos del ciclo morenista.
En segundo lugar, aquellos eran acuerdos de control de precios, con la intención al menos declamada del Estado forzando a respetarlos. Ahora no. Como declaró el titular de Economía: "es un acuerdo voluntario de precios entre el Estado nacional y los principales actores del sector privado". Profundizando su componenda con el establishment, Kicillof manifestó: "somos conscientes de que los controles sin concurso del control privado no son exitosos". Sonó a réquiem para los controles que con ahinco quiso implementar Moreno lidiando con monopolios nacionales y multinacionales.
Además del informe de 678 que no arrojaba buenos índices de acatamientos de esos empresarios, estuvo la nota de Graciela Pérez, en Miradas al Sur del 12 de enero, titulada "Precios cuidados...por sus dueños". La periodista cuenta que en muchos casos su incursión por Jumbo, Coto y Carrefour debió ser breve porque el personal de seguridad no le permitía su trabajo. La bajada del título sintetizaba la odisea: "Miradas al Sur realizó una recorrida por los principales supermercados de la ciudad de Buenos Aires y enfrentó los límites que los supervisores y vigilancia imponen a quienes solicitan información sobre la lista de productos". Entre otras irregularidades pudo comprobar que en el Carrefour de Recoleta, "los gerentes acumulan productos en los depósitos y no los reponen en góndolas".
El título es muy elocuente: "Precios cuidados...por sus dueños". Y como son sus dueños, dispondrán como mejor les resulte a su rentabilidad y dividendos.
Antes de poner la firma hicieron un cómodo colchón, para aguantar bien el primer trimestre, cuando se revisará lo firmado. Después se verá. El plantel de ASU tiene aquilatada experiencia en ganarles a los salarios, a los consumidores y al Estado, con ayuda del grupo Clarín. Este siempre le echará la culpa de la inflación al gobierno y no a los monopolios.

Formadores de precios.
Aquellas remarcaciones recortan el poder adquisitivo de los salarios, provocan más inflación y hacen caer a más argentinos en la pobreza. Según el Observatorio de la Deuda Social, del opositor Salvia, hay diez millones de argentinos bajo la pobreza ("La Nación" 26/12/2013). Y exagerando más, Clarín reprodujo los datos del menos riguroso Observatorio Social de la CGT de Moyano, para el que los pobres son 11.950.000.
Entre esa punta extremista-opositora, y el también increíble Indec, para el que los pobres son apenas 4,7 por ciento, estará la verdad. ¿Será el 20 por ciento de la sociedad, unos 8 millones? Como sea, una cantidad importante y vergonzosa, en un país que presumió de ver crecer su economía al 8 por ciento en los últimos diez años.
Grandes responsables de ese fenómeno de pobreza son varios de los firmantes de los promocionados acuerdos. En vez de presentarlos como "los buenos de la película", está bien desenmascararlos. Es lo que hace la socióloga Mónica Peralta Ramos en "Los lazos del nudo gordiano" (Página/12, 20/1): "frente a la embestida de los 'mercados' y de la oposición política y mediática, el oficialismo no tuvo una respuesta adecuada (...) el gobierno negó su existencia (de la inflación) embarcándose en una negociación poco transparente y espuria con algunas empresas y con los principales supermercadistas".
La autora recomienda poner "en conocimiento lo que está en juego y la movilización ciudadana (que) constituyen la espada que permitirá cortar nuestro nudo gordiano", con un control estatal y popular de precios.
Aprovechando de lo modosito del acuerdo último, economistas como Eduardo Ingaramo (suplemento Cash, 19/1), proponen que el gobierno no insista más con controles humanos y copie a la firma AC Nielsen, que cuenta con un sistema que registra todas las operaciones de venta de todos los productos. En vez de La Cámpora con su uniforme de "Miramos los precios", Ingaramo sugiere "hacer una auditoría que corrobore la información que se obtenga digitalmente de la cadena comercial".
Para Capitanich, Kicillof y Ricardo Echegaray es una idea tentadora. No tendrían que apoyarse en la clase trabajadora y gremios (marginados del actual pacto), ni en la movilización juvenil o vecinal; no necesitarían controles sociales cuestionados por la derecha como "neochavismo". Todo sería por computación, como les gusta a los monopolios, sin gente y críticos husmeando en las góndolas (y mejor sería en los libros contables).