Piden la libertad de los presos y las presas políticas

El cura de la Opción por los Pobres, Francisco "Paco" Olveira inició ayer una huelga de hambre, junto a activistas de derechos humanos, pidiendo la libertad de los presos políticos.
IRINA SANTESTEBAN
La consigna de una "Navidad sin Presos Políticos" se hizo conocida en la dictadura, cuando las Madres, Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares pedían por la liberación de los detenidos y detenidas.
Para el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, durante el gobierno de Mauricio Macri, volvió a haber presos políticos "después de 30 años". Y aunque no es exactamente así, porque hubo detenidos y procesados de carácter político en los gobiernos anteriores al macrismo, inclusive durante el kirchnerismo, sí es verdad que durante el macrismo hubo una sistemática persecución judicial y mediática, que se conoce como "lawfare", o guerra judicial.

Justicia panqueque.
A una semana de haber asumido Alberto Fernández como presidente y CFK como vice, el Poder Judicial vuelve a dar muestras de su poca "independencia" respecto del poder político.
Jueces federales que en los últimos cuatro años iniciaron decenas de causas por supuestos hechos de corrupción, realizaron procedimientos cinematográficos, con amplia cobertura mediática, y detuvieron así a ex funcionarios, ahora parecen haber cambiado el criterio sobre detenciones de personas sin condenas.
Por aplicación del principio de inocencia, ninguna persona puede ser considerada culpable de un delito, hasta que una sentencia firme así lo determine. Y en ese caso irá presa si el delito por el cual ha sido condenada es de cumplimiento efectivo.
La prisión preventiva se aplica cuando razonablemente el juez considera que el acusado puede fugarse o poner en riesgo la investigación, eliminando pruebas o amedrentando testigos, por ejemplo. Esa prisión preventiva no puede prolongarse más allá de dos años, y excepcionalmente puede prorrogarse por un año más.

Doctrina Irurzún.
El 17 de octubre de 2017 la Cámara Federal confirmó el procesamiento y la prisión preventiva del ex ministro de Planificación Federal de los gobiernos kirchneristas, Julio De Vido, con la firma de su presidente Martín Irurzún, quien consideró que había "riesgos procesales" si el acusado permanecía en libertad durante el curso de la investigación.
Esa posición se conoció como "doctrina Irurzún", y contradijo la posición anterior en materia de prisión preventiva, sostenida por la Corte Suprema de Justicia, en resguardo de la libertad individual y las garantías del debido proceso.
Claro que ese criterio correspondía a otra Corte, no a la que quedó integrada con dos nuevos ministros (Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti), designados por Macri.
Luego de la detención de De Vido, el juez Ariel Lijo ordenó la del exvicepresidente Amado Boudou, en un procedimiento humillante, donde se lo mostraba en pijama y descalzo.
El juez Claudio Bonadío intentó detener a Cristina Fernández, pero la Cámara de Senadores no le aprobó el desafuero. También se libró orden de detención contra el ex canciller Héctor Timerman, procesado en la causa por el Memorándum con Irán, quien obtuvo la prisión domiciliaria por razones de salud. Sin embargo, no se le permitió viajar por esas mismas razones a los EE.UU., adonde hacía un tratamiento por el cáncer que padecía. Un año después, Timerman fallecía con grave sufrimiento, tal como lo recordó su hija Jordana en una nota publicada hace unos días en Página/12. La semana pasada un Tribunal dictaminó que en su caso, hubo "inexistencia de delito".

Persecución con o sin proceso.
Consultado por los presos políticos, AF dijo que él consideraba que hoy en Argentina no había presos políticos, sino personas detenidas "arbitrariamente". Según su opinión, basada en su condición de profesor universitario de Derecho Penal, es preso político quien está detenido sin proceso, que no sería el caso de los que hoy se pide su libertad. Para él son "detenciones arbitrarias" y deberían estar en libertad hasta tanto se dicte sentencia firme con pena de prisión efectiva.
Me permito disentir con el profesor, pues la condición de político de un detenido no está dada por la ausencia de proceso, sino en el carácter de persecución política que tiene tanto el proceso como la detención que lo afecta. Y en el caso de los detenidos cuya libertad se está reclamando con la huelga de hambre frente a Tribunales, es muy evidente que se trata de un proceso orquestado para desprestigiar a quienes ejercieron la función pública durante los gobiernos K.
En el caso del ex presidente de Brasil, Luis Inacio "Lula" da Silva, hay un proceso judicial en su contra y varias sentencias, incluso de un juez y una cámara federal. Pero esa causa, iniciada por el juez Sergio Moro, hoy ministro del fascista Jair Bolsonaro, estaba basada en pruebas falsas y tenía la finalidad de excluirlo de una carrera presidencial en la que Lula aparecía como ganador.
Lula fue un preso político, a pesar de que había un proceso y condenas en su contra.

Milagro.
El caso más grave de todos los presos políticos, es el de Milagro Sala, detenida a poco más de un mes de asumir Macri y el gobernador Gerardo Morales en Jujuy. Hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU se pronunciaron en contra de su detención, a la que calificaron de "arbitraria". Fue sucesivamente acusada de diferentes delitos, en lo que su abogada, Elizabeth Gómez Alcorta (hoy ministra de Mujer, Géneros y Diversidad) calificó de "persecución inédita" contra la dirigente jujeña. Hoy tiene dos condenas que, según su defensora, están plagadas de irregularidades y testigos falsos.
Por esos detenidos se pide con la huelga de hambre de tres días organizada por el Foro por la Libertad de los presos políticos, la LADH y otros organismos. Esta vez fue frente a Tribunales, haciendo presión a la Justicia. Las próximas pueden ser frente al Congreso, demandando una ley de amnistía porque se trata de una cuestión política y legal, no sólo judicial.