Aunque no guste mucho admitirlo, hay ajuste

Redaccion 19/10/2021 - 21.09.hs

Al gobierno del Frente de Todos no le gusta hablar de ajuste, pero hasta la vicepresidenta reconoció que eso ha ocurrido. Lo dijo en su carta escrita cuatro días después de la derrota en las PASO.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Es cierto que el ajuste con mayúsculas se vivió en los cuatro años de gobierno de Macri, con los tarifazos, la inflación, la pérdida de empleos, el ajuste a los jubilados, etc. No se trata de decir «Ah, pero Macri…», como se queja la oposición de Juntos por el Cambio. Eso es un hecho incontrastable, evidenciado en el mayor problema que hoy enfrenta la Argentina: la enorme y fraudulenta deuda externa, contraída por aquel gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que dio el mayor crédito de toda su historia a un país, a sabiendas que era imposible de pagar.

 

El ajuste, hoy.

 

Reconocer que el gobierno de Macri fue la fiesta de los monopolios y un desastre para el pueblo argentino, no debe ser obstáculo para analizar objetivamente la realidad actual, a dos años de gobierno del Frente de Todos. En 2021, el peso de la crisis sanitaria y económica recayó sobre quienes menos tienen y ganan.
En la carta de CFK ella admite la «delicada situación social» traducida, entre otras cosas, en «atraso salarial, descontrol de precios -especialmente en alimentos y remedios- y falta de trabajo». Si eso no es ajuste, ¿qué es?
Es cierto que a los dos meses de comenzar el gobierno de Alberto Fernández sobrevino la pandemia de Covid-19, y que en ese momento se tomaron buenas medidas para mitigar los efectos del parate económico. Las dos más importantes fueron los Aportes para el Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Sin embargo, en los nueve meses de 2020 sólo se abonaron 3 IFE y en 2021 fue directamente suprimido.
En 2020 la inflación fue del 36% y para 2021 el presupuesto aprobado en el Congreso dibujó un 29%, con la idea de que los salarios «le ganaran a la inflación». Nada de eso ocurrió. Al finalizar septiembre el costo de vida volvió a dispararse: 3,5%, un punto más que en agosto, con lo cual la inflación en los primeros 9 meses del año trepó al 37% y la interanual al 52%. Los acuerdos salariales, salvo muy contadas excepciones, no tuvieron ese aumento en los ingresos de los trabajadores registrados.
El costo de la Canasta Básica Total, que marca el límite de la pobreza para una familia de 4 personas, ronda hoy los 70 mil pesos, mientras que el ingreso promedio de los trabajadores es de 43 mil. Los planes sociales equivalen a la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil, hoy fijado en 29 mil pesos, mientras que el haber jubilatorio mínimo está en 25.922. Con estos números, ¿se puede seguir diciendo, sin ruborizarse, que en la Argentina no hay ajuste?

 

Acordar con el FMI.

 

En su carta, la vicepresidenta reconoce que «se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica». Ello no fue un capricho del ministro de Economía, Martín Guzmán, sino una decisión política encaminada a mostrar números y así favorecer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las consecuencias, además de la derrota del Frente de Todos en las PASO y probablemente también en las elecciones legislativas, serán más sufrimiento y penurias para amplias capas del pueblo.
El gobierno se propone revertir ese resultado electoral adverso, tomando algunas medidas muy tibias, como congelamiento de precios por tres meses, luego de reconocer que en las últimas semanas se habían disparado nuevamente. Ello está siendo fuertemente resistido por el empresariado, tal como lo manifestaron en el 57 Coloquio de IDEA, en el cual expusieron tanto el ministro de Economía como el de Producción, Matías Kulfas. Alberto Fernández concurrió a esa reunión, donde se dan cita los principales grupos económicos y en su discurso manifestó que la prohibición de despidos y la doble indemnización «no van a sostenerse en el tiempo» porque son medidas de «excepción». Ni aún así conformó a los asistentes, que se quejaron porque no sale la reforma laboral que exigen, que incluye la facultad para despedir trabajadores sin siquiera pagar una indemnización, ni doble ni simple.
También se dispuso la duplicación de las asignaciones familiares, que perciben los trabajadores registrados con ingresos de hasta 78.454 pesos, lo que representa un complemento de 5.063 pesos por cada hijo o hija. Para los de ingresos familiares de entre 78.454 y 115.062 pesos y monotributistas de la categoría D, serán 3.415 pesos más. Estas medidas beneficiarán a 3 millones de niños, niñas y adolescentes.

 

No alcanza.

 

Frente a las alarmantes cifras de la pobreza, indigencia y desempleo, las promesas oficiales de convertir planes sociales en trabajo genuino, suenan a más de lo mismo. O sea, el Estado haciéndose cargo de las obligaciones de los empresarios, al pagar una parte de los salarios de sus trabajadores y dejar toda la plusvalía para el privado. El Estado no debe salvar a los empresarios sino intervenir activamente en la economía para beneficio de las mayorías populares.
La solución a esos dramas no vendrá de la mano de estas tibias medidas, sino de un cambio de timón profundo, que debe partir de no firmar ningún acuerdo con el FMI hasta tanto no se investigue la deuda fraudulenta que sirvió para la fuga de capitales.
Para frenar la inflación, hay que animarse a ejercer un estricto control de la cadena comercializadora y formadora de los precios, en manos de un grupo de empresas monopólicas. La nacionalización del comercio exterior y el control de puertos y vías navegables por donde sale la producción cerealera e industrial, es otra de las herramientas que debe tomar urgente el Estado, bajo control de los trabajadores.
Y para combatir el desempleo, tal como se hizo en varios países europeos, hay que reducir la jornada laboral, sin disminución de salarios, para crear nuevos puestos de trabajo genuinos. Todo ello requerirá seguramente de apoyo estatal, pero para las Pymes, que son las grandes generadoras de empleo, y no para que se beneficien las empresas monopólicas, como sucedió con los ATP.

 

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