La mira en los puertos ante el contrabando

La exportación de soja se concentra en ocho gigantes, en su mayoría con puertos propios, que armaron una red de offshores para minimizar el pago de impuestos y girar dinero al exterior por fuera de la lupa de la AFIP.
EZEQUIEL ORLANDO*
El tráfico de granos es un hecho, al igual que la subvaluación de las exportaciones. La fiscalización se complejiza cuando la mayor parte del comercio opera desde puertos privados. Para combatir el contrabando y los delitos económicos complejos, no sólo de oleaginosas y cereales sino de todas las embarcaciones, la Unidad de Información Financiera propuso colaborar en la planificación estratégica, económica y ambiental.
Una de las ideas de la UIF consiste en centralizar y relevar la información acerca de los puertos públicos y privados habilitados, las embarcaciones en operaciones y las zonas de producción, procesamiento, transporte y embarque. Ello, con el propósito de obtener datos permanentes a ser compartidos por el organismo, la AFIP, los ministerios de Seguridad, Transporte y Agricultura, Prefectura y otras entidades.

Sin información.
Para garantizar la transparencia en la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, sugirió controlar de manera integral las áreas física y territorial, relevar las obras e infraestructura portuaria y coordinar las tareas del órgano de contralor con las de las autoridades provinciales y municipales. La concesión que vence y no puede prorrogarse fue otorgada durante el menemismo y cuenta con un contrato que no le permite al Estado conocer los detalles de las operaciones. «Ni siquiera sabemos si la empresa está ganando plata y mucho menos cuánto porque no tenemos acceso a sus balances. Es increíble que se haya firmado un contrato así», explicó a El Destape un funcionario que participa de la comisión.
La tercera propuesta incluye un análisis de los procesos de afectación ambiental: los movimientos no informados de suelos en áreas de producción; el desvío de aguas no autorizadas; el control de contaminación de napas y acuíferos; el control de contrabando de especies nativas; la intervención de áreas protegidas; el control de habilitaciones de explotación mineras en la cuenca Paraná-Paraguay y la modificación de escorrentía por obras de infraestructura y complejos inmobiliarios.
En su conjunto, si son avalados, estos proyectos permitirán identificar, monitorear y mitigar los riesgos del lavado de activos en la Hidrovía Paraná-Paraguay. Esta constituye una de las vías de transporte más elegidas para el comercio internacional de granos y materias primas, pero también por la industria automotriz, metalúrgica y para el traslado de combustibles.

Otros «negocios».
Además del comercio legal, la UIF tiene identificado al corredor litoral como una histórica ruta para el contrabando, la evasión tributaria, trata de personas, narcotráfico y contrabando de armas. Por su importancia estratégica y dado que conecta al país con Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil, el organismo procura aprovechar esta comisión para prevenir el lavado de activos y los delitos económicos complejos en la hidrovía.
Por caso, la exportación de soja en Argentina se concentra en sólo ocho gigantes, en su mayoría con puertos propios, que armaron una red de offshores para minimizar el pago de impuestos y poder transferir dinero al exterior por fuera de la lupa de la AFIP. En los últimos 17 años, las cerealeras subfacturaron ventas al exterior por al menos 11.000 millones de dólares (ver aparte).
Las multinacionales contratan a los grandes estudios contables y de abogados para que aprovechen al máximo su estructura internacional para eludir impuestos. Los «precios de transferencia» constituyen la herramienta predilecta por estas sociedades para este fin. Se trata de operar bienes, servicios, préstamos, entre sociedades vinculadas o relacionadas de un mismo grupo y desviar recursos vía el pacto de precios menores a los de mercado en las exportaciones (y mayores en las importaciones). Esto les beneficia con el pago de menos impuestos de los que les corresponden y la fuga de esos recursos. Las transacciones acostumbran cerrarse con filiales en guaridas fiscales que triangulan la mercadería. (El Destape).

Evasión millonaria con la soja.
Sólo un puñado de empresas concentra todo el sector oleaginoso argentino. El 94 por ciento de la molienda y exportación de los derivados de la soja la condensan ocho firmas, cinco extranjeras: Bunge, Cargill, Dreyfus (LDC), Nidera-Noble (Cofco), y Glencore (por medio de Oleaginosa Moreno); y tres nacionales: Vicentin, Aceitera General Deheza (AGD) y Molinos Agro.
Estas compañías subfacturaron 11.000 millones de dólares sólo con las exportaciones de harina de soja y aceites en bruto entre 2004 y 2020, de acuerdo a una investigación de Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti, quienes determinaron que los desvíos promediaron el 5% de las exportaciones, aunque en algunos años las diferencias ascendieron al 12%.

Triangulación.
Según los balances analizados, estas empresas comercian a través de firmas radicadas en espacios extraterritoriales. Usualmente las firmas compradoras de los derivados de soja son cáscaras sin ninguna actividad en la economía real, radicadas en países de baja o nula tributación, a los que no les corresponde el destino final de las materias primas, sino que actúan como meros intermediarios.
Se trata de una compleja triangulación para pagar menos impuestos y transferir fondos al exterior. Los compradores poseen ventajas fiscales y pueden acumular ganancias sin la obligación de tributar por ellas. Esos intermediarios son los encargados de acumular las diferencias entre la facturación al precio de mercado y la subfacturación del commodity. Tanto Bunge, Cargill como Vicentin mantuvieron como principales compradores a firmas en Uruguay; mientras que Dreyfus y Noble detentaron como clientes a empresas en Suiza; Oleaginosa Moreno hizo lo propio con una sociedad en Países Bajos; y Molinos Agro con una filial en Chile. (ED).