A treinta años del "Caso Carrasco"

En momentos en que la palabra "casta" recorre el debate público, vale recordar que el periodismo llevó luz a los pliegues más oscuros y feudales del poder, con casos de enorme repercusión pública como los de María Soledad Morales, el soldado Omar Carrasco, el régimen de los Juárez o la trama de poder e impunidad que le costó la vida a José Luis Cabezas.

 

JOSÉ ALBARRACÍN

 

Una solicitada que se publica en la fecha, suscripta por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y con motivo de celebrarse el Día del Periodista, destaca el rol que ha cumplido la prensa en el proceso de consolidación institucional a 40 años de la recuperación democrática. En momentos en que la palabra "casta" recorre el debate público, recuerdan que el periodismo "llevó luz a los pliegues más oscuros y feudales del poder, con casos de enorme repercusión pública como los de María Soledad Morales, el soldado Omar Carrasco, el régimen de los Juárez o la trama de poder e impunidad que le costó la vida a José Luis Cabezas".

 

Carrasco.

 

Vale recordar aquí el llamado "Caso Carrasco" -del cual se están cumpliendo treinta años- en especial, cuando no faltan hoy los eventuales trasnochados que proponen la reinstauración del servicio militar obligatorio.

 

Omar Octavio Carrasco, un muchacho de 20 años oriundo de Cutral Co, Neuquén, había ingresado a cumplir con su conscripción militar el 3 de marzo de 1994 en una unidad del Ejército Argentino con sede en Zapala. Sólo tres días después, al visitarlo su familia, les informaron que Omar había desaparecido. Inicialmente -viejos vicios de la dictadura- los oficiales a cargo justificaron su falta del regimiento aduciendo una supuesta deserción.

 

Pero el clamor de su familia -que nunca creyó esa mentira- y la presión de los medios de comunicación, en un marco social donde el pacto democrático no tenía fisuras, forzaron a la aparición del cadáver de Carrasco, un mes después, dentro del mismo predio militar. Su muerte tuvo que ver con una golpiza de las que resultaban habituales en ese tenebroso sistema, que no pasaría el filtro de las convenciones internacionales en materia de tortura.

 

Inicialmente la investigación estuvo a cargo de las propias autoridades militares, pero cuando se determinó que el cadáver, que apareció a la intemperie, había pasado unos 20 días escondido en el propio cuartel, intervino la justicia federal. Y aún cuando nunca se establecieron responsabilidades en las jerarquías superiores, y la maniobra de encubrimiento quedó impune, se obtuvo, sí, la condena del subteniente Ignacio Canevaro y de los conscriptos Cristian Suárez y Víctor Salazar como partícipes del hecho.

 

Detonante.

 

Aún con el dejo de insatisfacción que provoca la parcial impunidad del crimen en sí, su importancia social e institucional fue arrolladora. Y es que este caso fue el detonante para que el gobierno de entonces, a cargo de Carlos Menem, terminara por disponer, en agosto de 1994, la suspensión -y eventual derogación- del servicio militar obligatorio. En lo sucesivo, las fuerzas armadas se nutrirían de un sistema moderno de voluntariado rentado, que ahora también incluye a las mujeres.

 

Dentro de una gestión plagada de medidas polémicas -por decirlo suavemente- no caben dudas de que esta decisión representa una de las mayores contribuciones de aquel gobierno a la calidad institucional y a la vigencia de los derechos humanos. No es ocioso recordar, por ejemplo, que durante la dictadura (1976/1983) se produjo la desaparición forzada de 34 jóvenes argentinos que se encontraban "bajo bandera", cumpliendo el SMO.

 

La medida se inscribió dentro de un proceso de restricción al poder de las fuerzas armadas, por lo que no es de extrañar que la actual vicepresidenta -vocera de esos intereses- tenga tan baja opinión de aquel gobierno. Menem, si bien dispuso en su momento el indulto de los comandantes militares condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, no dejaba de ser un ex preso político, que además había sufrido un levantamiento militar "carapintada" en diciembre de 1990.

 

Bajo el sistema perverso de la conscripción, las vidas de miles de jóvenes argentinos pasaban a depender de los caprichos y el sadismo de los oficiales a cargo, mientras las tres fuerzas armadas capturaban ingentes partidas del presupuesto nacional, supuestamente destinados a la manutención de esos jóvenes, pero que siempre fueron fuente de una corrupción estructural dantesca.

 

Símbolo.

 

El soldado Carrasco, si bien no fue la única víctima, terminó siendo, sí, un verdadero símbolo de los sufrimientos padecidos por millones de jóvenes argentinos, entre los que debe contarse y honrarse siempre a "los pibes de Malvinas que jamás olvidaré". Su imagen es un estandarte del compromiso social de no retroceder en este terreno.

 

Un poco lo que -lamentablemente- ocurrió también con otros símbolos involuntarios de los males sociales argentinos. María Soledad Morales, víctima de un sistema feudal de castas sociales y del patriarcado en la provincia de Catamarca. José Luis Cabezas, el fotógrafo de la revista Noticias, asesinado por el "pecado" de haber capturado con su cámara la imagen de un poderosísimo empresario que medraba a la sombra del poder.

 

Acaso en la enumeración de la solicitada de Adepa falta otro de estos símbolos, otro soldado "colimba" como Omar Carrasco. Nos referimos a aquel que fuera fotografiado y entrevistado por LA ARENA, en General Pico, 1988, en momentos en que viajaba encerrado en un vagón de carga del ferrocarril, cuidando dos caballos de propiedad de su oficial superior.

 

Aquel caso también dio lugar a uno de los habituales papelones del Poder Judicial argentino, que en vez de investigar la reducción a la servidumbre de la que fue víctima ese conscripto, se dio a la patética tarea de perseguir al director de LA ARENA por negarse a revelar las fuentes de la que obtuvo aquella información.

 

Ese y no otro fue el origen de la cláusula incluida en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que protege el secreto profesional de los periodistas, incorporada en la reforma constitucional de 1994: un hito del cual, por cierto, también se están cumpliendo 30 años.