Acciones, no palabras

I. El conflicto de poderes desatado por la Corte Suprema de Justicia al avanzar sobre facultades del Poder Legislativo, pone en blanco sobre negro una de las más graves encrucijadas que afronta la política argentina. El máximo tribunal del país pretende subordinar a los senadores e imponerles cómo deben resolver una cuestión interna de ese cuerpo: la forma por la cual eligen sus representantes al Consejo de la Magistratura (CM). Lo hizo ahora apuntando expresamente a una decisión del peronismo, pero no lo hizo pocos años atrás cuando la misma situación se dio con los bloques aliados al macrismo que en ese tiempo era oficialismo. El doble rasero es harto evidente.

No fue esta la única embestida de la Corte contra el Congreso. Meses atrás declaró inconstitucional la ley del CM después de quince años de vigencia, y reflotó una norma anterior que había sido derogada, arrogándose facultades legislativas extrañas a su competencia.

A diferencia de aquella vez, cuando el Congreso toleró ese abuso sin hacer nada y limitándose solo a emitir expresiones de rechazo, esta vez hubo una reacción más digna y decidida. El bloque de senadores oficialistas, además de denunciar el atropello, volvió a designar al consejero reprobado por la Corte negándole al tribunal, en los hechos, autoridad para realizar el cambio.

II. ¿Esta saludable reacción significa un cambio de estrategia del Frente de Todos o es, apenas, un gesto de dignidad aislado? La pregunta es pertinente porque hasta ahora lo que viene dominando en el escenario político nacional es una derecha que avanza, atropella, a fuerza de hechos consumados y, enfrente, un peronismo con sus aliados del FdT que solo comentan o se quejan de la prepotencia de su rival que no duda en pasar por encima de la Constitución y las leyes cuando sus intereses están en juego. Y no es una exageración.

Apenas un brevísimo repaso de lo que hizo Mauricio Macri en su gobierno alcanza para mostrarlo: a) anuló varias leyes con decretos (la Ley de Medios es el ejemplo emblemático aunque no el único); b) endeudó brutalmente al país (récord mundial de toma de deuda en apenas cuatro años) sin la intervención del Congreso Nacional; c) removió e instaló jueces por fuera de los mecanismos legales con auxilio de una escandalosa "mesa judicial", caso único en todos los gobiernos constitucionales; c) organizó un sistema ilegal de espionaje contra dirigentes políticos, sindicales y sociales sin precedentes en períodos democráticos; d) el aparato judicial colonizado por el macrismo encarceló sin condena a políticos y empresarios al aplicar la ilegal "doctrina Irurzun"; e) envió armas a otro país -Bolivia- sin intervención del Congreso y, para peor, con el fin de respaldar un golpe de Estado a un gobierno constitucional; f) persiguió y forzó la renuncia de la procuradora general Alejandra Gils Carbó con operaciones y amenazas de tinte mafioso. La lista es mucho más larga pero con estos pocos ejemplos alcanza para revelar el modus operandi del macrismo y su escaso apego a la legalidad.

III. El perfil moderado y componedor de Alberto Fernández no ha servido para frenar las embestidas de la derecha en ninguna de sus expresiones. El ala política (JxC) obstaculiza la sanción de leyes cruciales en el Congreso; el ala económica (las grandes empresas) lo acosa con una salvaje remarcación de precios que llevó la inflación a las nubes; y el ala judicial no se queda atrás con estas ofensivas de la Corte contra el Congreso o durmiendo sin vergüenza las investigaciones del atentado contra Cristina Kirchner.

En cuanto a la cuestión judicial, y aunque parezca mentira, es un juez, Juan Ramos Padilla, quien más esfuerzos está realizando para movilizar a la ciudadanía y alertarla sobre la calamitosa degradación que afecta a ese poder del Estado. Sin respaldo de ninguna estructura partidaria, casi en soledad, viene mostrando que los desbordes autoritarios de la aristocracia judicial, al afectar el estado de derecho, no pueden enfrentarse solo con declaraciones voluntaristas.