Antes que llegue el derrumbe

Por Silvia Bersanelli *

 

Los últimos acontecimientos en materia de políticas sobre discapacidad confirman el grado de improvisación con que este gobierno asumió y pretende continuar. Para justificar recortes y retrocesos, se difunden argumentos falsos entre sus aliados y voceros.

 

Desde la dirección de la Andis -hoy ya desmantelada- hasta legisladores de la alianza oficialista, se repite la idea de que las pensiones por discapacidad representan un número “excesivo”, comparable al que podría dejar una guerra.

 

El actual gobierno ha elegido un camino peligroso: instalar la idea de que las personas con discapacidad y sus apoyos -entre ellos las pensiones- son una carga excesiva para el país. Una narrativa falaz, sostenida por funcionarios y legisladores, que busca justificar recortes en derechos básicos.

 

Un ejemplo ilustrativo lo dio un diputado de Formosa, al señalar que en su provincia, con 607.419 habitantes, existen 44.000 pensiones por discapacidad (7,27%). Más allá de la exactitud o no de la cifra, el legislador omite lo esencial: los organismos internacionales estiman que entre un 15 y 16% de la población mundial se encuentra en situación de discapacidad. En Argentina, los estudios oficiales hablan de entre un 10,2% y un 12,9%. De aplicarse esos índices a Formosa, debería haber entre 61.956 y 96.707 personas con discapacidad. Eso significa que aún quedarían sin cobertura entre 17.956 y 52.707 personas.

 

En lugar de reclamar respuestas para ellas, se elige demonizar al colectivo -práctica instalada en el gobierno de Macri- y alimentar prejuicios. El legislador prefiere acompañar un proyecto político inhumano y cruel alimentando la discriminación y exclusión social. El resultado es y será dramático ya que es una población con alto riesgo de pobreza y pobreza extrema al encontrar múltiples barreras para acceder a educación, salud, rehabilitación, terapias, trabajo, vivienda accesible, justicia, deporte y vida comunitaria.

 

Las políticas públicas deberían construirse a partir de información seria, con indicadores nacionales y provinciales que permitan detectar privaciones estructurales. No desde la charlatanería ni con argumentos capciosos destinados a manipular la opinión pública.

 

La experiencia internacional ofrece lecciones claras. En España, un estudio reciente concluyó que más del 60% de las personas con discapacidad mayores de 16 años caerían en la pobreza sin el respaldo de transferencias del Estado. Incluso limitando la cobertura a las pensiones contributivas, casi una de cada tres seguiría en situación de pobreza. El rol del Estado es central para combatir la exclusión en todos los ámbitos. Lejos de ser secundario, es decisivo para garantizar dignidad y derechos.

 

Mientras tanto, en Argentina el gobierno prefiere difundir mensajes estigmatizantes en redes y medios, mostrar radiografía de un perro para ridiculizar los supuestos falsos pedidos a la certificación de discapacidad, contratar auditorías persecutorias y repetir el eslogan de la “motosierra”, retrotraer a terminología retrógrada que luego tuvo que cambiar, reducir el aporte de las grandes Obras Sociales al Fondo Solidario de Redistribución lo que implica una disminución de los fondos, desmantela organismo como el Inadi básico para la prevención de la discriminación y la construcción de consciencia. Pero no actualiza las pensiones ni los salarios de los Talleres Protegidos (apenas $28.000 pesos mensuales), tampoco lo hace con las prestaciones básicas a las que tienen derecho por la Ley 24.901, no convoca al Directorio de las Prestaciones para analizar y proponer mejoras al sistema, no propone un plan de acción para el avance en el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ni monitorear su cumplimiento. Y bajo el pretexto del “no hay plata” o de la supuesta “motosierra necesaria”, sale a la luz un gravísimo sistema oculto de pagos ilícitos, conocidos como coimas o retornos.

 

Es claro que se necesita otro rumbo con políticas públicas serias, basadas en datos confiables y en un compromiso real con la inclusión social. Y sobre todo, dirigentes responsables y formados en el modelo social de la discapacidad (la capacitación obligatoria para todos los funcionarios de los tres poderes debería ser imprescindible), capaces de comprender que se trata de derechos humanos y no de privilegios..

 

Con otras políticas y otros políticos podremos volver a encaminarnos a garantizar dignidad, protección y derechos, y evitar que se consolide un escenario de exclusión.

 

Antes que llegue el derrumbe, urge frenar este camino de violencia, mediocridad, odio y exclusión. La sociedad argentina no puede permitirse dejar a las personas con discapacidad libradas a la nada.

 

* Ex presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad