Causas y consecuencias

Es tan grande el remolino político que semana a semana produce esta libertad que (no) avanza, que a menudo obliga a postergar la consideración de temas trascendentales, referidos no solamente a la política sino también a la ética, lo que no es poca cosa. Es el caso de postulaciones recientes que hicieran los libertarios en el ámbito parlamentario: la más controversial referida a la reducción de la edad de imputabilidad en los actos delincuenciales, un tema que divide las aguas dentro del Congreso Nacional.

Cualquier análisis del proyecto -firmado nada menos que por el Presidente de la república y tres de sus ministros- evidencia la concepción de liberalismo extremo que rige a este gobierno que ya en sus mismos inicios planteaba y trataba de justificarse al argumentar que “es necesario bajar la edad de imputabilidad”, ya que "los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones". Tamaña afirmación pone como límite a la no penalización la edad de trece años, sin tener en cuenta para nada que ese límite es, precisamente, el que marca la salida de la niñez y comienza a afirmarse la adolescencia. Que se sepa, la propuesta legislativa no tiene base científica, psicológica o pedagógica alguna.

Lo peor de este intento de adefesio jurídico es que va directamente a las consecuencias sin considerar para nada a las causas. Al presidente y los ministros que acompañan su firma, parece no interesarles en absoluto los centenares de miles de jóvenes que carecen de trabajo o viven de changas, al tiempo que sufren el constante bombardeo publicitario que los empuja al consumo irracional en distintos elementos, bebidas especialmente. De la posibilidad de acceder a ese mundo de sonrisas y maravillas a la delincuencia hay, apenas, un paso. A esa circunstancia debe agregarse la falta de efectividad de las políticas antidrogas, un problema que ya se ha instalado en el país y que abre cualquier puerta ante la necesidad del consumo. En tal sentido no hace demasiado tiempo una alta autoridad policial de la provincia de Buenos Aires admitía que muchos de esos transgresores de la ley, incluidas personas mayores, admitían en sus confesiones que habían delinquido impulsados por la necesidad, el hambre a menudo. De ser aprobada la ley, lo único que exceptuaría a los adolescentes de lo previsto en el Código Penal vigente sería la aplicación de la cadena perpetua.

Los promotores de la modificación alegan que tanto la sociedad como las conductas han cambiado y es necesaria una nueva legislación punitiva en tanto que las críticas son chicanas de la oposición. Sin embargo, una entidad neutral tan prestigiosa como respetada -Unicef- recomienda que la edad de imputabilidad no sea inferior a los 14 años y que no existe evidencia internacional demostrativa que bajar este umbral haya sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad. Además, no ha vacilado en calificar la baja de la no imputabilidad como “una medida regresiva”. Pero el gobierno sigue empeñado en la política de “matar al mensajero”.