Chubut, las PASO y la democracia

Cabe preguntarse si las PASO no resultan ser una confesión del fracaso de los partidos en el cumplimiento autónomo de la grave función dada por la Constitución.

 

JOSE ALBARRACIN

 

Una vez más, la provincia de Chubut ha generado conmoción con sus novedades políticas. Aunque no se conoce aún un proyecto concreto, trascendió que tanto el justicialismo como el radicalismo provincial habrían acordado una reforma electoral que eliminaría las elecciones PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias) en ese distrito. El acuerdo, aparentemente, causó profundo desagrado en las huestes del PRO, partido que también allí concurre a elecciones en alianza con la UCR. El malestar se habría expresado en términos vehementes, al punto que el presidente nacional del radicalismo, el jujeño Gerardo Morales, le pidió públicamente al titular nacional del PRO que controle a su gente en Chubut, a los que acusó de "violentos".

 

Contrasentido.

 

Se da así un interesante contrasentido. Por un lado, la fuerza política a la que se debe la instauración nacional, hace casi trece años, del sistema de PASO -el PJ- aparece en Chubut queriendo dar marcha atrás con esa iniciativa. Y su oposición más vehemente -el PRO- que en reiteradas oportunidades criticó ese sistema por considerarlo un gasto evitable ("las encuestas más caras del mundo", las llamaron), allá en el sur han salido a oponerse al cambio.

 

El problema con esta nueva iniciativa es que no sólo no se conoce el texto del proyecto de ley: tampoco se conocen los fundamentos por los cuales se llegó a la convicción de que era necesario eliminar las elecciones primarias.

 

Como decían nuestras abuelas, "piensa mal y acertarás". Desde esta perspectiva, nunca habría que descartar la especulación partidaria lisa y llana como incentivo. Sobran ejemplos de precandidatos de fuerzas teóricamente menores, que terminaron alzándose con las candidaturas a cargos electivos gracias a este sistema, y en La Pampa se vio un claro ejemplo dentro de la alianza Juntos por el Cambio. Tal vez los radicales chubutenses estén contando esos porotos.

 

Fundamentos.

 

Sería interesante, de todos modos, que comenzaran a expresarse los fundamentos de esta iniciativa, para permitir así un debate más franco y amplio sobre cómo viene resultando esta experiencia electoral, tras una década larga de funcionamiento.

 

Cuando se instauró en 2009, el sistema se proponía "la democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral". En qué medida se vienen cumpliendo esos objetivos, más allá de las sensaciones subjetivas, no parece haber sido debidamente estudiado ni debatido. Y por "estudiado" debe entenderse no meramente la realización de una encuesta de opinión pública, sino sobre todo un análisis sobre datos objetivos, distrito por distrito.

 

Por ejemplo, en qué medida las PASO han generado efectos inesperados, como los reacomodamientos de las fuerzas electorales a partir de esos resultados, con vistas a la elección general. O como los cimbronazos económicos, y para muestra baste el de las primarias de 2019, cuando al día siguiente del comicio se registró una devaluación récord en pocas horas (aún cuando en ese caso existiera una evidente mala praxis del gobierno en funciones).

 

Responsabilidad.

 

Hay un aspecto del nuevo sistema, sin embargo, que merecería un análisis más profundo, y tiene que ver con la responsabilidad que les cabe a los partidos políticos dentro de nuestro sistema constitucional. A partir de 1994 se los incorporó a la Constitución nacional, se les adjudicó el carácter de "instituciones fundamentales del sistema democrático" y se les garantizó autonomía y financiamiento estatal, ya que su función primordial es, precisamente, la de elegir a los candidatos y candidatas que se presentarán a elecciones.

 

Cabe preguntarse si el sistema de las PASO, con su impronta de "transparencia y democratización", no resulta ser en definitiva una confesión del fracaso de los partidos en el cumplimiento autónomo de la grave función que les asigna nuestra Carta Magna. Cabe preguntarse, más aún, si las PASO no terminan siendo, en los hechos, un traslado hacia la ciudadanía -tanto por el costo al erario público, como por la obligatoriedad de concurrir al acto como votantes y autoridades de mesa- de una responsabilidad que le cabe indudablemente al sector político.

 

El debate no es baladí, y mucho menos en tiempos en que se advierte un creciente fastidio de la ciudadanía para con sus representantes, a los que además se percibe, con o sin justicia, como un sector privilegiado y rodeado de prebendas. Este ha sido el caldo de cultivo a cuyo calor florecieron grupos políticos anti-sistema -por no decir directamente neo-fascistas- cuya expresión más descarnada pudo observarse en el atentado terrorista del pasado 1° de setiembre.

 

El pueblo argentino tiene una larga historia de reclamos hacia su clase política, por su reiterada ruptura del contrato electoral, y por su ineptitud para generar políticas de estado serias, que aseguren el desarrollo y el crecimiento. La solución a esta insatisfacción no es, desde luego, la anti-política (ese oxímoron que emplean algunos políticos) sino una profundización de la militancia y de las exigencias a quienes conducen esas instituciones fundamentales.

 

Quizá el ejemplo de Chubut sirva para algo más que para un reparto de cargos, y permita abrir un debate que contemple, sobre todo, los intereses populares, y la salud de la democracia.