Cinco años de impunidad judicial y política

La desaparición y muerte del joven Santiago Maldonado no ha sido resuelta. La causa judicial se encuentra en la Corte Suprema de (In)Justicia, que desde hace más de dos años no resuelve el pedido de su familia para que se designe un nuevo juez.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

El 1 de agosto de 2017 se produjo una violenta represión de la Gendarmería Nacional contra un grupo de manifestantes que cortaban la ruta 40, en la provincia de Chubut. Eran miembros de la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen, que exigían la libertad de su lonko (jefe) Facundo Jones Huala. En medio de ese operativo se produjo la desaparición de Santiago Maldonado, un artesano de 28 años, mientras intentaba cruzar las heladas aguas del río Chubut, escapando de la represión de los gendarmes.

 

El gobierno de Mauricio Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, defendieron lo actuado por la Gendarmería, mientras arreciaban las marchas en reclamo de la aparición con vida de Santiago. Pasaron 78 días hasta que apareció su cuerpo, 400 metros arriba del mismo río donde había sido visto por última vez, en una zona donde se habían realizado numerosos rastrillajes con perros y drones sin ver nada.

 

Causa "cerrada".

 

El juez federal Gustavo Lleral cerró la causa un año después, en octubre de 2018, en un fallo que estableció que Santiago murió por ahogamiento e hipotermia, sin atribuir responsabilidad alguna a los gendarmes. La familia de Santiago y su abogada Verónica Heredia recusaron a este juez en cuatro oportunidades y pidieron que se nombre un nuevo magistrado para que investigue la desaparición seguida de muerte.

 

Al cuestionamiento de la familia sobre la pericia, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió en setiembre de 2019, que se deben ampliar cuatro puntos del informe: la data de la muerte; la presencia de polen adherido en las ropas; el informe sobre la identificación de algas, relevante para el diagnóstico de muerte por sumersión; y la peritación del bastón y los billetes hallados junto al cuerpo de Santiago, para determinar el tiempo que permanecieron sumergidos.

 

Respecto a este último punto, Sergio Maldonado, hermano de Santiago y cabeza visible del reclamo de justicia, denunció que esos billetes estaban en buen estado, algo imposible si estuvieron sumergidos durante 78 días.

 

Nuevo testimonio.

 

En mayo de este año, se produce la aparición de una persona que declaró ante el fiscal federal de Esquel, Federico Baquioni. Se trata de una integrante de Gendarmería, que se desempeñaba en el Escuadrón 36 como personal civil de salud, quien expresó que el día después del operativo, escuchó que dos gendarmes hablaban de "un detenido" que habían llevado al puesto de Gendarmería que se encontraba en la estancia de Benetton (Luciano, el magnate italiano dueño de miles de hectáreas en la Patagonia), y que se referían a él como "el hippie". Que luego escuchó otras manifestaciones de integrantes de la fuerza, incluso del comandante Juan Pablo Escola, quien le pidió a la testigo que "escondiera" una caja cuando se estaban realizando allanamientos judiciales en esa unidad de Gendarmería. Según este testimonio, ya no se hablaba del "detenido" sino del "cuerpo", y hasta revela los nombres del presunto autor de la muerte y de quien le diera la orden. Esta declaración es de una relevancia enorme para la causa judicial, porque daría por tierra con lo que estableció la resolución del juez Lleral y la versión del entonces gobierno macrista: que Santiago "se ahogó" solo en el río Chubut, por hipotermia y por no saber nadar.

 

La importancia del testimonio la da el propio fiscal, quien ordenó la reserva de la identidad de la testigo, luego que ella denunciara seguimientos. El funcionario remitió el testimonio al juez Lleral para que reactive la investigación, pero el magistrado se niega con el argumento de que ya no entiende en la causa, por haber sido recusado por la familia y porque todavía la Corte Suprema no ha designado un nuevo juez. ¡Más de dos años llevan los cortesanos sin resolver ese pedido!

 

Responsabilidad política.

 

La Gendarmería no actuó sola. Hubo órdenes directas del ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Bullrich y su segundo Pablo Noceti, quien se encontraba en Esquel desde el día antes del operativo.

 

Sergio Maldonado se queja amargamente porque "nunca se puso a disposición de la justicia al orquestador de la desaparición: Nocetti. Fue el segundo de Bullrich en el ministerio de Seguridad. El mismo estuvo ese día antes y después de la desaparición, nunca fue investigado, nunca se le pidió el entrecruzamiento de llamados, impune. Si queremos una justicia mejor, empecemos por hacernos cargo de que cada desaparición forzada siempre es culpa del Estado y por lo tanto seguir haciendo silencio ante los orquestadores no nombrándolos, los hace cómplices de una justicia corrupta".

 

Ese operativo represivo se dio en el contexto de una criminalización de las comunidades mapuches, que reclaman sus territorios ancestrales frente a la extranjerización de nuestro territorio patagónico, donde reinan terratenientes como Benetton y el magnate inglés Joe Lewis, amigo personal de Macri.

 

Justicia para Santiago.

 

El nuevo testimonio daría fuerza a la presunción inicial, en sintonía con lo que declararon los jóvenes que estaban con Santiago ese día: que al joven lo subieron a una camioneta de Gendarmería y se lo llevaron. Y que luego, con la gran repercusión que tuvo su desaparición, lo hicieron "aparecer" en una zona donde se lo había buscado en varias oportunidades, sin resultados.

 

A cinco años de su desaparición se realizó un Festival frente a la Casa Rosada, exigiendo Justicia para Santiago. Que su causa judicial siga impune, es otra mancha más de un Poder Judicial que debe ser reformado con urgencia, comenzando por remover la Corte Suprema.