Conclusiones aterradoras

La reciente retirada de los sectores ruralistas del Salón de Acuerdos provincial donde se procuraba llevar adelante la negociación que permitiera acordar la puesta en marcha de la Ley de Plaguicidas no deja de ser alarmante y sigue generando debate entre dos posturas contrapuestas. Por un lado evidencia la firme resolución gubernamental de implementar la Ley de Gestión integral de Plaguicidas basándose en que, en el decir oficial, “tienen mucha toxicidad y mal utilizados ponen en riesgo la salud humana y también la producción por lo que ahora tenemos una gran responsabilidad". En tanto, por el otro lado, quedó en claro el empecinamiento de los ruralistas en cuestionar la posible reglamentación de esa norma argumentando defectos de forma y fondo en su redacción, llegando a calificarla de “locura”.

El fondo del problema radica en la distancia que debe mediar, según la ley, entre el área de fumigación y los lugares poblados. Aquí los argumentos ruralistas chocan lo impredecible del clima en el momento –viento fundamentalmente— que puede ampliar considerablemente el radio de acción. De hecho, se han registrado en el país casos en que algunos fumigadores se apartaron a regañadientes de distancias a edificaciones escolares que eran, por lo menos, imprudentes.

La ley, después de cuatro años de haber sido aprobada por los diputados pampeanos, todavía no ha sido reglamentada y allí radica el centro de la polémica que ha llevado a posturas extremas. Los ruralistas la califican como un conjunto de normas exageradas y burocráticas en cuanto a su aplicación, alineando en esa postura a una notable cantidad de entidades, especialmente aquellas relacionadas con el agronegocio. En su argumentación acusan a la ley de avanzar sobre la propiedad privada, perjudicar abiertamente a los pequeños productores e indirectamente provocar el despoblamiento del campo, “criminalizando la producción agropecuaria”. Quienes apoyan esa postura afirman que la puesta en vigencia de la reglamentación acarreará a distintas zonas provinciales pérdidas económicas que alcanzarían el nivel de un desastre.

Enfrentando esa tendencia están las organizaciones ambientalistas; alegan que “en realidad, lo que subyace es el interés en mantener un sistema de producción que maximiza las ganancias. Esto no sería cuestionable si lograr ese objetivo económico no sería en detrimento de la salud de la población y del medio ambiente”. Frente a la palabra de algunos profesionales favorables a la fumigación tal como se realiza actualmente, anteponen opiniones como las de los organismos especializados de Naciones Unidas, que en forma terminante señalan que “unas 200 mil personas mueren por año debido a la acción de los agrotóxicos y rechazan la idea de que sin ellos no es posible alimentar. El organismo internacional desmiente que sean necesarios químicos y transgénicos “para acabar con el hambre“ y critica la presión que ejercen en el tema los grandes conglomerados económicos, a los que esos productos les producen ganancias fabulosas, confirmando el impacto de los agroquímicos en la salud y el ambiente.

Una de las conclusiones del informe de Naciones Unidas es aterradora ya que, contrariando un hecho negado sistemáticamente por las empresas y periodistas del agro, estudios específicos de aquel organismo “han constatado la presencia de diversos plaguicidas en el cordón umbilical, probando la existencia de una exposición prenatal”. Las mujeres embarazadas que están expuestas a plaguicidas corren mayor riesgo de sufrir abortos espontáneos y partos prematuros, y sus bebés, de sufrir malformaciones congénitas.

La afirmación es alarmante para nuestro país donde, en algunos lugares donde la fumigación no está debidamente reglamentada, está comprobado que el promedio de los enfermos de cáncer cuadruplica la media de la Argentina.