Corte: cómo se juega en la arena política

El debate en torno a la reforma de la Corte Suprema de Justicia está dando mucha tela para cortar. Los alineamientos políticos, mediáticos, económicos e ideológicos revelan cómo se está configurando el territorio de esta disputa.

Nada menos que dieciséis gobernadores fueron los que lanzaron el proyecto de ampliar el máximo tribunal del país a 25 miembros, uno por cada jurisdicción provincial y el restante por la Nación, para optimizar la representación federal. Claro que en el texto de la propuesta se cuidaron mucho en cuanto al uso de la terminología para evitar los embates del arma preferida por los jueces: la declaración de inconstitucionalidad, atributo supremo que los magistrados, de cualquier jerarquía, tienen siempre a mano para hacer valer el "control difuso" de su poderío. El reciente, y lamentable, caso del Consejo de la Magistratura lo comprueba.

Tres de los cuatro cortesanos ya habían dado claras muestras de rechazo a cualquier cambio en la arquitectura del palacio que habitan: Lorenzetti, Rosatti y Rosenkrantz. Se entiende, el desmesurado poder que ostentan se licuaría ante tantos colegas provenientes de los cuatro puntos cardinales del país. Las virtudes de la democracia lucen mejor en los discursos que en los hechos.

Pero otro factor de poder, no menos contundente, hizo su entrada en la escena: las entidades que representan al empresariado más concentrado del país se manifestaron en contra de la iniciativa: el Foro de Convergencia Empresarial, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Cámara de Comercio de EEUU en la Argentina (AmCham) coincidieron en expresar su oposición a ampliar la Corte porque generará "incertidumbre", afectará la "inversión" y, según afirman aunque no explican, "el federalismo ya está garantizado". Son, calcados, los mismos argumentos que expresan los grandes medios porteños y la derecha neoliberal macrista.

Se puede ver entonces que el tablero de esta disputa tiene de un lado a 16 gobernadores y sus aliados del Frente de Todos, y del otro a la elite económica, la propia cúpula del Poder Judicial y la derecha política y mediática.

Cinco es un número muy reducido, especialmente en un poder que no conoce de la periodicidad de los mandatos porque el ejercicio en la función es vitalicio y los límites de edad está demostrado que se violan con pasmosa facilidad. Es uno de los privilegios más irritantes que mantiene el Poder Judicial argentino, diseñado a imagen y semejanza del norteamericano que nació antes de la Revolución Francesa. De ahí que las críticas a su concepción monárquica no sean para nada exageradas. Para comparar: el máximo tribunal de Chile tiene 21 miembros, el de Colombia 23, el de Costa Rica 22, el de Ecuador 21 y los europeos superan holgadamente esos números.

Que el poder económico y su brazo político, Juntos por el Cambio, se opongan a un proceso de desconcentración del poder cortesano no puede asombrar. La colonización del Poder Judicial por parte de las elites viene de lejos y se profundizó a niveles de obscenidad durante el cuatrienio macrista. Nadie cede poder por propia voluntad; es un axioma que debieran conocer los que batallan por el cambio.