El regreso de los muertos vivos

Cuando nadie se acordaba del ex teniente coronel que encabezó la rebelión carapintada en la Semana Santa de 1987, apareció para reafirmar que los valores democráticos nunca fueron santo de su devoción.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

La difusión por las redes sociales de un video de 4 minutos, donde aparece Rico junto a una virgen de Luján, arengando a las Fuerzas Armadas para "salvar" a la Patria, por la supuesta "anarquía" reinante, no deja lugar a dudas sobre sus intenciones. Salvando la distancia de 46 años, usó los mismos argumentos de la dictadura militar que entronizó a la Junta Militar de Videla, Massera y Agosti, y profundizó el terrorismo de Estado que ya venía imponiéndose en nuestro país desde fines de 1974.

 

Aprovechando la inocultable crisis política, económica y social, de la que el gobierno del Frente de Todos es responsable pero no el único, el militar convocó a sus pares para reunirse y organizarse, lo cual no puede dar lugar a dudas sobre sus intenciones golpistas, aún cuando su capacidad para lograr tamaño ataque a la democracia sea -todavía - ficticio.

 

Veteranos de dos guerras.

 

Rico se autodefinió y así llamó también a compañeros de armas, como "veteranos de dos guerras: la del Atlántico Sur y la de "lucha contra la subversión". La primera, ni él ni otros oficiales como Alfredo Astiz tienen mucho de lo que enorgullecerse, ya que es conocido el papel bochornoso que cumplieron en el conflicto bélico de Malvinas, cuando se rindieron sin pelear (Astiz) o durmiendo (Rico). Distinto fue el rol de otros militares, en particular de la Fuerza Aérea, y de soldados como Oscar Poltronieri y otros jóvenes, que lucharon como verdaderos héroes.

 

La segunda no fue una guerra, sino la aplicación de la doctrina emanada de EEUU, que se plasmó en las dictaduras militares en América Latina, para aplicar políticas neoliberales que profundizaron la dependencia, en particular con un fuerte endeudamiento con el FMI. Su excusa fue la lucha contra la "subversión", englobando en este término tanto a organizaciones revolucionarias como a otras expresiones populares que se oponían a la imposición de esas políticas. Pasó en Chile, Uruguay, Argentina, y para combatir esos movimientos populares utilizaron el Plan Cóndor, de coordinación de esas dictaduras para el aniquilamiento de esas expresiones de resistencia a las dictaduras.

 

Política de Estado.

 

El llamado (por los militares) "Proceso de Reorganización Nacional", en realidad fue una dictadura militar, cívica, eclesiástica, empresarial y mediática. No hubo guerra. Hubo terrorismo de Estado, con desaparición de personas, 500 centros clandestinos de detención y tortura, apropiación de bebés nacidos en cautiverio, entre otros crímenes aberrantes. Y eso no lo dicen sólo las organizaciones de izquierda y del campo popular: fue establecido en las decenas de sentencias dictadas en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, en la que más de mil militares han sido condenados por genocidio, muchos de ellos a pena de prisión perpetua. Lamentablemente, 7 de cada 10 de esos genocidas están cumpliendo sus condenas en sus domicilios.

 

La Corte Suprema de (In)Justicia intentó una especie de nuevo "perdón" para esos crímenes, con el fallo habilitando el beneficio del cómputo del "2x1" para los genocidas (en la causa del represor Luis Muiña). Contra esa infame resolución judicial hubo una masiva reacción popular que obligó a anularla y hubo un pronunciamiento unánime del Congreso.

 

Semana Santa.

 

La rebelión golpista que encabezó Aldo Rico en la Semana Santa de 1987 tuvo como objetivo oponerse a los juicios que se estaban desarrollando, muy lentamente, contra los militares por los crímenes de lesa humanidad, luego de la publicación del informe "Nunca Más", por parte de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep). Lamentablemente, esa asonada tuvo éxito, pues el gobierno de Raúl Alfonsín impulsó las leyes de Punto Final primero y Obediencia Debida después, que desprocesaron a la mayoría de militares que estaban siendo juzgados. Los indultos de Carlos Menem, en 1989 y 1990, serían el colofón de la vergonzosa impunidad durante los años siguientes. En 2003, por iniciativa del entonces presidente Néstor Kirchner, pero sobre todo por la perseverante lucha de los organismos de Derechos Humanos, esas leyes e indultos fueron anulados. Así se dio inicio al período, todavía en vigencia, de los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos por militares y civiles.

 

Esa asonada fue la plataforma de inicio de la carrera política de Rico, que fundó el Movimiento por la Dignidad Nacional (Modín) y llegó a ser convencional constituyente en 1994, diputado nacional en 1997 y hasta intendente de San Miguel, provincia de Buenos Aires, en 2003. ¡Argentina, país generoso!

 

El año pasado se lo vio en un acercamiento al espacio político de José Luis Espert, "Avanza Libertad", ultraliberal que propicia medidas de drástico corte antipopular como la eliminación de las paritarias, una reforma previsional regresiva y una apertura total de los mercados, que llevaría a la Argentina a la categoría de neocolonia.

 

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció a Rico por amenazas contra el orden constitucional y la democracia, delito previsto en el art. 226 bis del Código Penal, que tiene una pena de uno a cuatro años de prisión. La correcta denuncia recayó en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo; y paralelamente, el procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, también lo denunció por el mismo delito, causa que recayó ante el juez federal Sebastián Casanello.

 

Sitios de la Memoria.

 

A contramano de las expresiones de Rico y reafirmando que no hubo "guerra contra la subversión" sino terrorismo de Estado, el pasado sábado 23 de julio en la ciudad de Córdoba, la secretaría de DDHH de la Nación procedió a señalar como nuevo sitio de la Memoria, una casa que fue la imprenta clandestina "Roberto Mattews" del PRT-ERP, que fue allanada en 1976 y funcionó durante dos años como centro clandestino de detención y tortura.

 

Luego de un juicio civil de más de quince años, en 2019 el abogado pampeano Carlos Orzaocoa logró que los hijos del matrimonio Martínez, dueños de la casa, recuperaran la propiedad, que ahora funcionará como un espacio de actividades sociales, culturales y políticas de recuperación de la memoria histórica. Esa pareja y otros dos militantes alcanzaron a huir antes del allanamiento, pero luego fueron desaparecidos en Buenos Aires. Esa es la verdadera historia. Y en el nuevo sitio de la Memoria se la enseñará a las nuevas generaciones.