Es tiempo de anular el acuerdo con el FMI

El impacto de la deuda externa sobre el conjunto de la economía y sus consecuencias sociales es ya inocultable, a lo que debe sumarse la billonaria deuda en pesos, en gran parte provocada por la deuda en moneda extranjera.

 

Eduardo Lucita *

 

La intervención de Cristina Fernández de Kirchner en la Universidad de Río Negro, declarando el carácter impagable del acuerdo firmado con el FMI recolocó en el centro de la crisis la cuestión de la deuda y sus condicionamientos.

 

No es una novedad. Desde el primer día en que se firmó el acuerdo tanto los tecnócratas del Fondo como los funcionarios del gobierno conocían que las condiciones eran incumplibles. Que en 2026, cuando se superpusieran los vencimientos de la deuda privada reestructurada con los del acuerdo con el Fondo, estaríamos en presencia de una nueva crisis de deuda. Esto era un secreto a voces, pero es la potencia de la voz de la vicepresidenta lo que le da un tinte de ultimátum.

 

El promedio para el período 2024 y 2027, incluyendo vencimientos de capital e intereses de Nación y provincias, otros organismos multilaterales y necesidades del sector privado es del orden de los 20.000 millones de dólares anuales. De esa magnitud debieran ser los superávits comerciales anuales y ¿cuánto debiera ser el crecimiento de la economía para generar el excedente económico que le permita al Tesoro nacional comprar esos dólares para hacer frente a los vencimientos?

 

Desde entonces una nueva refinanciación y otra reestructuración estaban en el horizonte. Pero dadas circunstancias inesperadas, la sequía más importante del siglo y su impacto sobre el ingreso de dólares de exportación y fiscales por retenciones, los tiempos se han adelantado.

 

Flexible e inflexible.

 

Mientras esto comienza a discutirse en forma pública, el FMI aprobó la cuarta revisión y dio a conocer los acuerdos alcanzados a nivel técnico entre los funcionarios argentinos y el personal del organismo. Está garantizado el desembolso de 5.300 millones de dólares para pagar vencimientos al propio Fondo y se reformularon las metas de acumulación de reservas reduciéndolas en más de 3.000 millones a marzo y 2000 a fin de año.

 

Sin embargo, lo más destacado de esa revisión no es la flexibilidad en la acumulación de reservas sino la inamovilidad de las metas fiscales, -1.9% de déficit fiscal primario y 0.6% de emisión monetaria. Lo que es una incongruencia porque si la sequía reduce el ingreso de dólares también reduce los ingresos fiscales vía retenciones. Según distintas estimaciones la sequía reducirá la cosecha total en más del 35%, lo que implicará perdidas del orden de 15 a 20.000 millones de dólares y una caída de la recaudación de 0.3 - 0.4% del PBI. Complementariamente el FMI exige "medidas más sólidas" para combatir la inflación (léase reducir más el gasto para compensar el "imprevisto" gasto por la nueva moratoria jubilatoria), avanzar en la eliminación de subsidios, mantener la tasa de interés por sobre la tasa de inflación y acelerar el ritmo de devaluaciones. Al mismo tiempo, criticó las medidas cambiarias temporales (dólar soja y otros). Todo indica que habrá nuevas restricciones a la importación de productos y bienes para la producción nacional.

 

Estanflación.

 

Como síntesis puede decirse sin temor a equivocarse que el FMI manda la economía a la recesión (mayor ajuste sobre lo ya ajustado) y al mismo tiempo estimula la inflación (aumento de tarifas, tasa de interés y de devaluación) cuando todo indica que el país ha ingresado en un régimen de alta inflación.

 

A la luz de estos datos y estimaciones el 2% del crecimiento del PBI previsto en el presupuesto 2023 puede transformarse en crecimiento cero o negativo, con el impacto social previsible, cuando la carestía de la vida incrementa día a día los niveles de pobreza e indigencia. Mientras que la inflación seguirá siendo alta. El futuro inmediato señalaría estancamiento económico con alta inflación.

 

Renegociar no resuelve.

 

El impacto de la deuda externa sobre el conjunto de la economía y sus consecuencias sociales es ya inocultable, a lo que debe sumarse la billonaria deuda en pesos, en gran parte provocada por la deuda en moneda extranjera. El problema es de tal magnitud que no se resolverá con una renegociación del acuerdo con el FMI, por más concesivo y flexible que fuera. Aun extendiendo los plazos a 20 años y reduciendo o eliminando las sobretasas o mejorando las metas fiscales, la reducción del impacto no modificaría sustancialmente el cuadro general.

 

Es cierto que no son pocos los que apuestan a que en unos años Vaca Muerta y los gasoductos estarán funcionando a pleno, que el litio incrementará fuertemente sus exportaciones y estará lista la fábrica de baterías, que el campo volverá a proporcionar grandes volúmenes exportables y que la economía del conocimiento duplicará sus actividades. En suma lluvia de dólares. Pero aún cuando estos pronósticos se cumplan (muy probable) los recursos, obtenidos a costa de una mayor primarización, explotación y entrega de los bienes comunes, no se aplicarán a reducir las desigualdades sociales, sino que mayoritariamente se dilapidarán en los fuertes vencimientos que van desde 2024 hasta 2032. Serán años de bajo crecimiento y se consolidará el modelo productivista-consumista actual.

 

La tercera puede ser la vencida.

 

La potencia de la voz de CFK colocó nuevamente el tema deuda en el centro de la escena nacional. La crítica situación actual y las perspectivas de una recesión más profunda son también una nueva oportunidad para resolver la principal traba al desarrollo de las fuerzas productivas en el país.

 

No hay que dejar pasar la oportunidad como al inicio de este gobierno en que los pagos estaban suspendidos y se reanudaron sin pensar en qué se estaba pagando. Tampoco hay que hacer como cuando la pandemia, que se desperdició el momento para investigar la deuda y tener claridad sobre qué había que pagar y qué no. Ahora se presenta una nueva oportunidad, tal vez la última. Ante el reconocimiento cuasi-oficial de la imposibilidad de pago y las múltiples evidencias del carácter ilegal y fraudulento del endeudamiento, es el momento de suspender los pagos, de investigar la deuda y declarar la nulidad del acuerdo con el FMI.

 

Se abrirá así un camino distinto y costoso, pero no necesariamente más gravoso que el que nos provocará seguir con el programa del FMI y ratificar el rumbo actual.

 

* Integrante del colectivo EDI -Economistas de Izquierda-