Miércoles 27 de marzo 2024

Gobierno de jueces y elección de "reinas"

Redacción 31/01/2023 - 07.59.hs

Está resultando verdaderamente ardua la batalla por la democratización del Poder Judicial a fin de superar sus vetustas tradiciones oligárquicas. Por si no bastara con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus avances sobre las potestades de los otros dos poderes del Estado, ahora llegan noticias nada alentadoras de Mendoza en donde su máximo cuerpo judicial acaba de resolver a la manera de un tribunal todopoderoso de la inquisición.

 

La Suprema Corte de Justicia mendocina condenó al municipio de Guaymallén a dar marcha atrás con una ordenanza impulsada por el intendente y sancionada en 2021 que eliminaba la elección de la reina de la Vendimia en el departamento bajo el argumento incuestionable de que "cosificaba a las mujeres".

 

La decisión de los supremos no solo atrasa el reloj de la historia al reinstalar un certamen de belleza anacrónico que exalta la exhibición de la corporalidad y expone a las mujeres a ser calificadas con criterios estéticos patriarcales, sino que incursiona en un terreno estrictamente político y objeta una medida que fue aprobada democráticamente por dos órganos elegidos por el voto popular: el Ejecutivo y el Legislativo municipales de Guaymallén.

 

Otra vez la misma historia: la burocracia judicial, el menos democrático de los poderes del Estado, pretende erigirse en la última palabra también en el terreno de la política, con lo cual termina imponiendo en los hechos un verdadero gobierno de los jueces. Sus señorías apelan a su amplísima y arbitraria facultad de "interpretar" la Constitución para torpedear una ordenanza. El único juez que votó en disidencia -entre los siete miembros del tribunal- fue muy preciso al destacar "la legitimidad democrática de la ordenanza" y al considerar en su resolución que la norma fue sancionada sin votos en contra de ninguna de las fuerzas políticas que integran el CD. O sea: los representantes directos del pueblo al que deben rendir cuentas de su desempeño cada cuatro años, son condenados a retractarse por magistrados que no son elegidos por el voto popular, son vitalicios, evaden con extrema facilidad cualquier sistema de control, se autoeximen de pagar impuestos y perciben las remuneraciones más altas que paga el Estado.

 

La elección de las "reinas" impone a las postulantes exigencias como una determinada edad -18 a 25 años-, ser solteras, no tener hijos y el secundario completo. ¿Será el escaso apego al concepto de democracia que posee esta metodología, y el título de realeza que conlleva, el que tanto seduce a sus señorías como para que defiendan su restauración?

 

Los incuestionables avances en materia de derechos de las mujeres y otras identidades de género posibilitaron poner en cuestión estos espectáculos penosos y se empezaron a producir cambios muy alentadores como la ordenanza de Guaymallén, hoy volteada por jueces medievales. Pero en La Pampa no estamos mejor: en nuestras fiestas provinciales todavía persisten estos certámenes con exhibiciones de cuerpos femeninos. ¿Habrá alguna reacción en legisladores y funcionarios provinciales y municipales para superar esta reducción de la mujer a mero adorno de los escenarios festivaleros?

 

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