Juicio sin pruebas, derechos vulnerados

En una sola audiencia y sin permitir presentar pruebas a sus abogados defensores, el juez subrogante de Bariloche aprobó la extradición a Chile del líder mapuche Facundo Jones Huala.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Ayer martes debía conocerse la resolución en el juicio iniciado la semana pasada, para resolver el pedido de extradición efectuado por el Poder Judicial de Chile respecto del lonko mapuche. Sin embargo, el juez Gustavo Villanueva adelantó su sentencia para el lunes, luego de una audiencia realizada el pasado jueves 27 en el Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional de Esquel. El abogado defensor de Facundo, Eduardo “Negro” Soares, se lo recordó en su alegato: el 1 de agosto, además de ser el día de la Pachamama, celebrado por todas las comunidades originarias de nuestro país, se cumplía un nuevo aniversario (seis ya) de la desaparición seguida de muerte del joven Santiago Maldonado, tras la represión y posterior persecución de efectivos de la Gendarmería en el Pu Lof Cushamen.

 

En la sala de audiencias, la mayor parte del público eran integrantes de esa comunidad, que portaban retratos de Santiago.

 

Una nueva extradición.

 

Facundo ya había sido extraditado a Chile, en 2018, y fue el mismo juez Villanueva quien resolvió favorablemente aquella petición de la justicia transandina. Allanado el camino judicial, el entonces presidente Mauricio Macri firmó la extradición y el líder mapuche fue enviado a Chile. Allí fue juzgado por un Tribunal de Valdivia y condenado a seis años de prisión por los delitos de “incendio” y “tenencia de armas”, que habrían sido cometidos en 2013. Facundo siempre negó haber estado en el lugar de esos hechos, mientras que las armas por las que se lo acusa, eran artesanales, no de guerra.

 

En enero de 2022 le fue concedida la libertad condicional, al cumplirse los dos tercios de su condena. Facundo pidió cumplirla en Argentina, pero la Corte Suprema de Chile rechazó ese pedido y además revocó el beneficio otorgado, ordenando que volviera a la cárcel a cumplir la totalidad de la pena. El líder mapuche no acató esa resolución y se profugó; en enero de este año fue apresado en El Bolsón y fue llevado detenido al Penal 14, en Esquel. En febrero, el Poder Judicial de Chile pidió su extradición al ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.

 

Un juicio sin pruebas.

 

Los abogados defensores de Facundo, Soares y Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas, plantearon la nulidad del juicio por haber rechazado el juez todas las pruebas presentadas, y haber aceptado las de la fiscalía, a cargo de Cándida Echepare y Diego Solernó. En la audiencia, estuvo presente el fiscal Rafael Alberto Vehils Ruíz.

 

Soares adujo que no había garantías del cumplimiento del art. 11 inc e de la ley 24.767, que establece que la extradición no será concedida “si el Estado requirente no diere seguridades de que se computará el tiempo de privación de libertad que demande el trámite de extradición, como si el extraditado lo hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento”.

 

Los planteos de nulidad de la defensa fueron desestimados, y justamente se referían al rechazo del juez respecto de la prueba presentada para ser analizada en la audiencia. Sin embargo, toda la prueba presentada por el Ministerio Público Fiscal fue admitida, con lo cual, expresó Soares, se evidenció una “desigualdad manifiesta” respecto al trato que deben tener las partes en un proceso, y se violó la garantía constitucional de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional).

 

En palabras del abogado, la defensa fue al juicio “con las manos atadas”, lo que motiva un “antecedente peligrosísimo” para posteriores juicios donde estén en juego derechos de raigambre constitucional.

 

El argumento del juez para justificar esa decisión fue que no había “mucho para discutir”, pero los defensores plantearon que aún si así fuera, lo poco que hubiera debe permitirse su planteo y debate, así como admitirse las pruebas que la defensa ofrezca. También acusaron al Fiscal de permitir ese accionar del juez, ya que la misión del Ministerio Público Fiscal es velar por el cumplimiento de la ley, por el orden público, y privar de la defensa a un acusado es violar garantías constitucionales. El principio “in dubio pro reo” no jugó en esta oportunidad a favor de Facundo.

 

Lucha ancestral.

 

El juicio contra Jones Huala, además de coincidir con la fecha de la desaparición de Santiago, se dio también durante el recorrido del Tercer Malón de la Paz, formado por diferentes comunidades originarias que, en un largo camino iniciado en Jujuy, fue pasando por diferentes provincias hasta arribar ayer martes a la ciudad de Buenos Aires. Justo en el Día de la Pachamama, vinieron como en 1946 a exigir a los poderes judicial y político, el reconocimiento de sus derechos históricamente negados y avasallados.

 

En el sur patagónico, el pueblo mapuche libra una batalla desigual por sus territorios, en una vasta y rica región donde un millonario británico como Joe Lewis puede tener miles de hectáreas, incluso en áreas de frontera, no permitidas por la ley para personas o empresas extranjeras. Pero en la mansión de ese ricachón se reúnen conspicuos dirigentes políticos, empresarios, jueces y camaristas, mientras que las pocas hectáreas que ocupan las comunidades mapuches, son violentamente desalojadas y sus habitantes reprimidos y encarcelados.

 

En la provincia norteña, las comunidades originarias están luchando contra la reforma constitucional aprobada a instancias del gobernador Gerardo Morales, hoy precandidato a vicepresidente por una de las listas de Juntos por el Cambio, junto a Horacio Rodríguez Larreta.

 

Como ya hemos comentado en esta columna, esa reforma se hizo a la medida de las empresas mineras, que ambicionan los ricos yacimientos de litio que posee Jujuy. Y el nuevo texto se aprobó sin consultar a las comunidades, como lo ordena la Constitución Nacional, pues afecta sus territorios. Para reclamar por esos derechos, están hoy en la capital del país, a exigir a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad de la reforma, así como también al Presidente Alberto Fernández, que decrete la intervención de la provincia de Jujuy.