La realidad contradice el discurso de Milei

Las palabras del presidente en el Foro de Davos son la confirmación del ajuste que aplicó contra las políticas de prevención de la violencia de género.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Luego de la masiva Marcha Antifascista del pasado sábado, en la ciudad de Buenos Aires y en muchas ciudades del país, el gobierno de La Libertad Avanza pretendió “explicar” lo que había dicho claramente Milei en Davos. Sus palabras no fueron ni “fake news” ni sacadas de contexto. Son la confirmación de su pensamiento profundamente misógino y fascista, que se concretó en la “motosierra” que desmanteló todas las redes estatales de contención y prevención de la violencia machista.

 

Más femicidios.

 

El Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” fue creado por La Casa del Encuentro, asociación civil fundada en 2003, que muy lejos está de ser una organización de izquierda. Recibe fondos de la Embajada de EEUU, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unpfa). Su presidenta, Fabiana Túñez, fue titular del Ministerio de las Mujeres durante el gobierno de Mauricio Macri.

 

Según esta institución en 2024 se contabilizaron 283 femicidios, que dejaron a 343 hijos sin madre, de los cuales el 52,5 por ciento son menores de edad.

 

Por su parte, Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) contabilizó en 2024 un total de 255 femicidios -un caso cada 34 horas-, lo que significa uno más que en 2023.

 

Estos datos desmienten las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien manifestó muy livianamente que con menos presupuesto habían disminuido un 10 por ciento los “crímenes de mujeres”. No fue así. En 2023 hubo un femicidio cada 35 horas, en 2024 uno cada 33 horas, y en enero de 2025, con 28 femicidios, uno cada 26 horas.

 

El informe de Mumalá señala también que solo el 12 por ciento de las víctimas de femicidios en 2024 había denunciado antes a su agresor, el porcentaje más bajo de los últimos nueve años. Ello no indica una disminución de los casos sino el miedo a denunciar o la falta de acceso a la Justicia y a otras estructuras del Estado. El recorte en la línea 144 y en las redes de atención a las víctimas incidió negativamente en la presentación de denuncias y, por lo tanto, hay un subregistro de los casos.

 

Preocupación.

 

Los dichos de Milei tuvieron repercusión en el ámbito judicial donde, con mucha cautela, algunas magistradas se mostraron “preocupadas” por manifestaciones que consideran “contrarias a normas vigentes en materia de género y diversidades sexuales”.

 

Mediante un comunicado, la Asociación de Magistrados de Córdoba expresó que el principio de igualdad “no se satisface con una aplicación rasa de la ley”, sino que se debe atender a los factores de desigualdad real que obstaculizan el ejercicio efectivo de los derechos, “en especial frente a grupos históricamente discriminados y en condiciones de vulnerabilidad”.

 

La intención de Milei de suprimir el delito de homicidio agravado por ser cometido en contexto de violencia de género (femicidio), choca contra la jerarquía constitucional y convencional de los derechos humanos en cuestión. Argentina tiene compromisos internacionales, convenciones a las que adhirió y forman parte del texto de la Constitución Nacional, como la CEDAW (la Convención contra toda forma de Discriminación contra la Mujer) y Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer).

 

Mujeres: ¡Fuera!

 

Desde sus primeras medidas de ajuste, Milei arremetió contra las mujeres y el colectivo LGBTIQ+. En diciembre de 2023 suprimió el ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, para transformarlo en Subsecretaría, bajo la órbita del ministerio de Justicia, cuyo titular, Mariano Cúneo Libarona, ha manifestado también que hay que derogar la figura del femicidio.

 

En junio de 2024, a pocos días del Ni Una Menos, se anunció la eliminación definitiva de esa Subsecretaría.

 

Para este gobierno, las dependencias del Estado destinadas a la defensa de derechos de colectivos en situación de vulnerabilidad, son “nidos de militantes”, que imponen una “agenda ideológica”. No fue solo contra las mujeres y diversidades, también se disolvió el Inadi (el Instituto que entendía en toda situación de discriminación), se eliminaron áreas que atendían a personas con discapacidad, migrantes, y están desmantelando los espacios de la Memoria y las áreas del Estado relativas a los Derechos Humanos, todo ello con los consiguientes despidos de trabajadores estatales.

 

Como explicación a su accionar, el presidente dijo al canal LN+ que él creía en “la igualdad ante la ley”, y por eso está suprimiendo lo que considera “privilegios”. Niega así la profunda desigualdad social que existe en la Argentina y en toda sociedad capitalista dependiente, donde un puñado de súper ricos tienen mucho más de lo que necesitan para vivir bien, mientras la mayoría de la población vive en la pobreza. Para agravar esta situación de inequidad, su gobierno elimina las pocas áreas del Estado que eran un paliativo para esos sectores más vulnerables.

 

Derechos, no privilegios.

 

Las políticas de prevención en violencia de género no consagran privilegios, como afirma el gobierno de LLA. Forman parte del reclamo de décadas del movimiento de mujeres y disidencias, mientras que la introducción de la figura del femicidio ha sido una construcción jurídica que define un delito que se cobra la vida de cientos mujeres cada año, y desprotege a las infancias hijas de esas víctimas.

 

La jueza de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, fue la impulsora de la Oficina de Violencia contra la Mujer, creada en 2009 y que desde 2014 elabora un Registro Nacional de Femicidios. En el mundo, según datos de las Naciones Unidas, el 56 por ciento de todos los homicidios de mujeres en el mundo son cometidos por sus parejas íntimas y otros miembros de su familia, mientras que solo el 11 por ciento de todos los homicidios de hombres se cometen en el ámbito privado.

 

Esa es la nota distintiva del femicidio, no es que la vida de la mujer valga más que la del hombre, como tan burdamente afirma Milei, sino que es la forma extrema de la violencia que los varones ejercen contra las mujeres, que tal como lo define la Convención de Belem do Pará, “es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”.