La república desmedrada

El mandato contenido en la Constitución es imperativo, y los gobernantes no pueden ampararse en la falta de recursos para ocultar su incapacidad de cumplir con la carta magna.

 

JOSE ALBARRACIN

 

Poco se ha reparado en una singularidad del gobierno asumido hace diez días: es la primera vez (ciertamente, desde recuperada la democracia) que asume un presidente economista. Una profesión dirigencial que, sin duda alguna, es la que más está en deuda con el país, ya que es precisamente ese área donde más fracasos se han sufrido. Y no precisamente por falta de poder: tanto en la dictadura de 1976/83, como durante el interregno neoliberal de los años noventa, existieron "super-ministros" de economía, que gozaron de las más amplias facultades para desarrollar sus políticas, con los resultados que están a la vista.

 

Prioridades.

 

Uno de los problemas que aquejan a muchos de quienes provienen de la formación económica es que ese prisma de análisis les hace ignorar el orden de prioridades que se deriva de nuestra organización constitucional. Una muletilla que circula últimamente lo expresa mejor que nada: según esta visión economicista, los derechos consagrados por la Constitución existirían sólo en la medida en que existan recursos para garantizarlos. De lo que se derivaría que, en tiempos en que "no hay plata" dichos derechos pasarían a una suerte de hibernación.

 

Desde luego, esta visión es errónea, es ilegal, y es aberrante. El mandato contenido en la Constitución es imperativo, y los gobernantes no pueden ampararse en la falta de recursos para ocultar su incapacidad de cumplir con la carta magna. Para eso, el propio orden constitucional los dota de facultades para procurar recursos, por ejemplo, adoptando un régimen impositivo progresivo, que grave a cada quien según su capacidad contributiva, garantizando así la recaudación fiscal.

 

Y no es ésta la única confusión conceptual que hace trastocar las prioridades de esta visión economicista. A horas de asumir, el nuevo gobierno ha anunciado medidas que, so pretexto de promover la austeridad en las cuentas públicas, está generando una situación de virtual cancelación al sistema republicano.

 

Publicidad.

 

Nos referimos, desde luego, a la cuestión de la publicidad de los actos de gobierno. Este principio básico, obvio, del sistema republicano, es condición sine qua non para su transparencia, y no resulta menos importante, conceptualmente, que otras notas distintivas del republicanismo, como la periodicidad de los cargos públicos, la división de poderes, y, en la base de todo, la soberanía popular.

 

Hacer conocer a la población los actos de gobierno no es optativo, no puede ser supeditado a consideraciones de tipo económico. Porque no es opcional respetar el sistema republicano.

 

La administración entrante, sin embargo, ha anunciado una serie de medidas que socavan directamente este principio fundamental. La primera de ellas, ha sido el anuncio de la "suspensión" por un año de toda contratación de publicidad oficial. Y la segunda, el anuncio de que serán eliminados los medios de comunicación estatales federales, esto es, Radio Nacional y la TV pública. Poco faltó para que se anuncie el cierre del Boletín Oficial, que constituye un sistema mínimo de difusión de los actos públicos, pero que por su escasa circulación (ya ni siquiera se imprime) y su carácter técnico, no satisface plenamente el requisito de la publicidad republicana. Aunque, claro está, es el requisito esencial para la validez de las normas que dicta el Estado.

 

Privado.

 

Curiosamente, o no tanto, la suspensión de toda contratación de publicidad con los medios de comunicación contradice uno de los postulados ideológicos de este gobierno, esto es, que el sector privado cumple su tarea con mayor eficiencia que el Estado.

 

Lejos de representar una prebenda, un subsidio, o de "ensobrar" a los periodistas, lo que la publicidad oficial hace es cumplir con una función esencial del estado, a través del sector privado, el cual, por su parte, aporta su profesionalismo en el manejo de la información.

 

Aclaración necesaria: en este caso, nos referimos a los medios de prensa tradicionales, especialmente escritos: los medios digitales y -más aún- las mega plataformas de internet donde se alojan, están bastante lejos de ostentar esos méritos. Allí pululan no sólo el plagio y la informalidad laboral, sino también la desinformación, las teorías conspirativas, las fake news, los bots y otros entes no humanos que intervienen en el debate público, intoxicándolo y prostituyéndolo. Curiosamente, los mayores beneficiarios de la publicidad oficial argentina venían siendo, precisamente, estas grandes plataformas monopólicas.

 

Cabe preguntarse cómo resolverá el gobierno la convocatoria a licitaciones públicas, que -aún cuando la obra pública también está virtualmente cancelada- deberán seguir haciéndose por mandato legal, cuando el gobierno requiera la provisión de bienes y servicios por parte del sector privado.

 

Cabe preguntarse, también, cómo se afrontaría una eventual crisis pública como lo fue la pandemia del Covid-19, sin un robusto sistema de información pública que tenga al tanto a la población de cómo manejarse en la emergencia, y qué pasos está tomando su gobierno para cuidarla y protegerla. Para no hablar de que, cada vez que se modifican las tarifas públicas, debe obligatoriamente convocarse a audiencias públicas.

 

Pero por sobre todas las cosas, lo crucial es: ¿cómo se mantendrá debidamente informado al pueblo, para que pueda evaluar la conducta de los funcionarios?