Los gobernadores y la Corte Suprema

En política suele decirse que "lo urgente posterga lo importante" y no sin razón. Las exigencias de la coyuntura imponen su ley y las agendas se cargan con los temas inmediatos que requieren respuestas, también, inmediatas. La Argentina de nuestros días es un ejemplo cabal.

 

Por tal motivo el planteo de los gobernadores en la última de las reuniones que mantuvieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) adquiere enorme significación. La reforma de la Corte Suprema de Justicia es uno de los grandes temas pendientes para dotar al Poder Judicial de una cabeza que supere el actual estado de estancamiento y mediocridad.

 

No hay buena salud democrática sin una administración de justicia sana, equilibrada, eficiente, independiente del poder político pero también del económico. Y eso es lo más lejano de lo que hoy sucede en el país con esta Corte Suprema y esta Justicia Federal. Los intentos de reforma del actual presidente chocaron contra una muralla inconmovible, en parte por el poder corporativo de los jueces y en parte por la oposición de derecha que logró colonizar con su "mesa judicial" buena parte de los tribunales durante los cuatro años macristas y no quiere ceder esa reserva de poder acumulado. Mientras tanto siguen apareciendo resoluciones de jueces que protegen al expresidente Macri y su entorno inmediato, o los supremos siguen jugando a la política postergando selectivamente decisiones y apurando otras.

 

Los gobernadores están indignados con el manejo político de la Corte ante los abusivos montos por coparticipación que el gobierno de Macri le regaló a la ciudad de Buenos Aires con la excusa del traspaso de la policía Federal a la Metropolitana. Excesos como este tuvo el macrismo a manos llenas, por no hablar de la tenebrosa estructura de espionaje ilegal, sin que el Poder Judicial pusiera freno a tantos desbordes autoritarios.

 

Que los gobernadores hagan suya la idea de aumentar el número de miembros de la Corte y que propongan un representante de cada provincia es una propuesta audaz y que merece ser considerada. La diminuta Corte argentina no tiene igual en todo el mundo, salvo en el diminuto Uruguay. Sobran los ejemplos: en Chile tiene 21 miembros, en Colombia 23, en Brasil 11, etc. Por no hablar de Europa en donde los máximos tribunales tienen varias decenas de integrantes.

 

El pronunciamiento de los gobernadores es un fuerte respaldo al presidente y su proyecto frustrado de modificar varios aspectos de la Justicia. Aquel Consejo Consultivo integrado por once expertos que designó apenas asumió elevó un conjunto de sugerencias que no prosperaron por la resistencia al cambio del propio Poder Judicial y la oposición de derecha. En aquella propuesta figuraba la ampliación de la Corte aunque se hablaba de números más modestos.

 

La iniciativa de los gobernadores está en línea con lo que sostienen no pocos juristas reconocidos del país: es necesario, y urgente, aumentar significativamente el número de miembros de la Corte por dos razones básicas: la enorme concentración de poder en tan pocas manos y la necesidad de agilizar el tratamiento de muchos temas de enorme trascendencia que demoran años en ser resueltos. La declaración de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura 16 años después de su sanción es un ejemplo monstruoso que dejó al descubierto los manejos espurios del cuarteto -exclusivamente masculino- que hoy comanda el acorazado judicial argentino.

 

También los gobernadores hicieron propia una idea que algunos juristas expusieron: que la Corte tenga un integrante por provincia para dotarla de un estricto sentido federal y además permitir la división en varias salas para abordar las diversas especialidades del derecho; y, desde luego, con paridad de género, una demanda imposible de soslayar en nuestros días.