Más precarización y menos derechos

Bajo el falso argumento de la “modernización” en el ámbito de las relaciones laborales, hoy el Senado debatirá el proyecto oficial que implica un grave retroceso para la clase trabajadora argentina.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Con un discurso que es música para los oídos de empresarios y corporaciones, el gobierno de Javier Milei presentará hoy en la Cámara Alta el proyecto de Reforma Laboral que es la continuidad de la Motosierra aplicada desde su asunción. Empezó con el DNU 70/2023, siguió con la Ley Bases y otros engendros como el desfinanciamiento en Educación y en Discapacidad; y ahora rematará con el recorte y hasta la eliminación de conquistas históricas obtenidas tras décadas de lucha obrera y resistencia popular, que costó muchas vidas.

 

Más precarización.

 

El proyecto de La Libertad Avanza apunta a flexibilizar las condiciones de trabajo, debilitar la protección contra el despido, erosionar la estabilidad laboral y reducir el poder de la negociación colectiva, todos derechos consagrados en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

 

La ampliación de los períodos de prueba, la disminución de sanciones a la informalidad, la flexibilidad en el régimen de la jornada laboral y en las vacaciones, la rebaja de las indemnizaciones por despido, el ataque a los derechos sindicales, entre otras disposiciones del proyecto, configuran un esquema que favorece a los empleadores y traslada el riesgo empresario a quienes viven de su trabajo.

 

Negociaciones.

 

Sin poder consensuar todo con la dirigencia cegetista, que en estos años no se ha destacado precisamente por defender los derechos laborales, el objetivo del gobierno seudo libertario fue la negociación con los gobernadores provinciales.

 

El ministro del Interior Diego Santilli articuló las reuniones con los mandatarios, en especial los “amigos” del Partido Justicialista, pues los del PRO ya han expresado su acuerdo con el proyecto oficial. El PJ tiene varios gobernadores que vienen acordando con LLA (Osvaldo Jaldo de Tucumán y Raúl Jalil de Catamarca) y ya se pronunciaron a favor de la iniciativa, a cambio de mayores transferencias a sus arcas provinciales. Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta), si bien se dicen “peronistas”, no pertenecen orgánicamente al PJ sino que fueron elegidos a través de partidos provinciales. El salteño también manifestó su acuerdo con el proyecto y Llaryora se mantiene reticente, pero tiene una sola senadora (Alejandra Vigo, esposa del ex gobernador Juan Schiaretti), pues los otros dos senadores (Luis Juez y Carmen Alvarez Rivero) son aliados de Milei.

 

En esas negociaciones, la mayoría de los mandatarios provinciales han priorizado las transferencias presupuestarias, antes que defender los derechos laborales de su población.

 

Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, está segura de tener los votos para la aprobación del proyecto. Sin embargo, hasta último momento hubo reticencia de algunos mandatarios provinciales por la reducción del impuesto a las Ganancias, que se coparticipa y que de aprobarse esa disminución de la alícuota, significará más recortes a lo que reciben las provincias.

 

Movilización sindical.

 

La CGT, que había amenazado con un paro general el día del tratamiento de la Reforma Laboral, finalmente no lo hizo, y convocó a una movilización, que aún sin la huelga, será multitudinaria. La UOM ha llamado a un paro desde las 11 horas y ATE a un paro general de actividades; otros sindicatos todavía no han confirmado la medida que realizarán.

 

El gobierno como ya es su costumbre, anunció un operativo de seguridad que incluye a las diversas fuerzas policiales, colocación de vallas y la amenaza de la ministra Alejandra Monteoliva de aplicar a rajatabla el Protocolo Antipiquetes, que prohibe el corte de calles.

 

Ese mismo protocolo es el que aplican todos los miércoles contra las marchas de Jubilados, el sector más golpeado por el ajuste, tratados como enemigos por un gobierno que estigmatiza a quienes protestan y señala a la izquierda y a los movimientos sociales como blancos preferenciales de su retórica.

 

Desde las organizaciones más combativas se ha criticado estas claudicaciones de la dirigencia cegetista, que en estas circunstancias tan graves para el movimiento obrero no se plantó con un plan de lucha. Sería la única manera de frenar a un gobierno que desde su asunción no ha hecho más que aplicar la “Motosierra” contra los derechos laborales, incluso en contra de disposiciones constitucionales.

 

Blindaje mediático y judicial.

 

A pesar de la poca difusión de los graves casos de corrupción que salpican a Milei y su entorno, hubo novedades en el caso $Libra, cuando hace unos días se conoció un convenio secreto firmado por el empresario cripto Hayden Davis y Milei, para “brindar asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial” en la Argentina. Ello ratifica el vínculo entre ambos, negado por la defensa de los hermanos Milei.

 

El procesamiento de Diego Spagnuolo, ex director de ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad, hoy disuelta) y ex abogado del presidente y su hermana, fue otra noticia que en otras circunstancias hubiera ocupado primeras planas y titulares de noticieros y redes. Sin embargo, la mayoría de las cadenas informativas y sus periodistas “ensobrados” no difunden estas noticias, que involucran a la hermana presidencial en el cobro de coimas.

 

No contento con este blindaje, Milei anunció la creación de una Oficina de Respuesta Oficial, para contrarrestar “las falsas noticias”, aunque en realidad se trata de seguir difundiendo el relato oficial, que ya se ha descubierto como mentiroso, o como mínimo, inexacto, tal como quedó demostrado con la renuncia del director del Indec. Tanto criticar a “6, 7, 8” y los periodistas “kukas” y “zurdos”, tanta oficina de trolls del asesor Santiago Caputo, para tener que armar una nueva estructura gubernamental (“con la nuestra”), que en realidad es un nuevo ataque la libertad de expresión.

 

La ley esclavista que impulsa Milei forma parte de su plan integral de desmantelamiento del Estado social y de los derechos colectivos. Aunque la maquillen como una “modernización”, nadie puede confundirse respecto a cuál es su verdadero contenido.

 

Su aprobación sería un dura derrota para el movimiento obrero y los trabajadores precarizados, no se crearán más puestos de trabajo sino que habrá más precarización laboral y superexplotación, generando más riquezas para los empresarios y más penurias para quienes no tienen más que su fuerza de trabajo.

 

Por supuesto, es una ley. La realidad puede volverla inaplicable.