¿Mercado o Medio Ambiente?

Por Ing. Javier Mariano García Guerrero*

 

 

“Una empresa puede contaminar el río todo lo que quiera”. “¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el problema ahí? Eso, en realidad, habla de una sociedad a la que le sobra el agua, y el precio del agua es cero”. Javier Milei

 

Los glaciares de la Cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta Tierra del Fuego, constituyen la mayor reserva de agua dulce fuera de los polos y abastecen a millones de personas en Argentina, Chile, Perú y Bolivia. Sin embargo, la contaminación provocada por la minería —sumada al cambio climático— está acelerando su retroceso y degradando la calidad del agua que liberan. En Argentina, los glaciares andinos ocupan actualmente unos 5.800 km² y han perdido el 42 % de su superficie en los últimos 30 años, con una aceleración notable en la última década (Inventario Nacional de Glaciares, 2025). En Chile, país desértico que domina la minería regional desde hace décadas y que concentra cerca del 80 % de los glaciares sudamericanos (más de 26.000 cuerpos y alrededor de 21.000-23.000 km²), la situación es aún más crítica: se registró la pérdida de casi 2.000 km² de superficie entre 2014 y 2019, con fragmentación de masas de hielo. La extracción de cobre y litio en Atacama ya utiliza más del 65 % del agua disponible, ha secado ríos como el Trapiche y ha provocado hundimientos del terreno de hasta 2 cm/año por agotamiento de acuíferos.

 

El mecanismo principal de contaminación es la deposición de polvo, carbono negro y metales pesados generados por explosiones, caminos, camiones y basureros. Estas partículas oscuras reducen la capacidad de reflejar la radiación solar, elevan la temperatura superficial del hielo y aceleran el derretimiento. Un estudio en el glaciar Olivares Alpha (Chile Central) determinó que la contaminación minera explicaba el 82 % de su retroceso entre 2004 y 2014, mientras que el cambio climático solo el 18 %. Los glaciares andinos se adelgazan a un ritmo de 0,7 metros por año, un 35 % más rápido que el promedio global.

 

Disponibilidad.

 

Argentina cuenta con una disponibilidad de agua dulce renovable interna de aproximadamente 6.431 m³ por habitante al año (datos Banco Mundial 2022). Esto la sitúa entre los países con mayor dotación hídrica del planeta, muy por encima del umbral de escasez absoluta definido por la ONU (<500 m³/hab/año) y del estrés hídrico crítico (<1.000 m³). En contraste, naciones como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Israel disponen de solo 120-200 m³/hab/año de recursos naturales renovables y dependen masivamente de las desalinizadoras: el Golfo Pérsico produce 7.200 millones de m³/año de agua desalinizada (70 % del suministro en Arabia Saudita, 42 % en Emiratos). Singapur y Jordania importan o reciclan agua a costos elevados. Argentina, con 292.000 millones de m³ anuales totales, podría abastecer a decenas de estos países, aunque sus legisladores han preferido la seducción de las empresas mineras y petroleras, que demandan volúmenes masivos de agua de acuíferos y glaciares utilizando esquemas depredatorios inviables en sus latitudes de origen. La minería de litio en salares (Olaroz, Fénix) consume entre 51 y 135 m³ por tonelada de carbonato de litio, equivalente al uso anual de agua potable de decenas de miles de habitantes locales en zonas áridas. 

 

En Chile, tomado como modelo a emular, el proyecto Pascual Lama de la Barrick Gold destruyó irreversiblemente el 62 % del glaciar Toro 1, el 71 % del Toro 2 y el 70 % del Esperanza mediante perforaciones, caminos y remoción de hielo, durante la etapa de exploración. El polvo depositado cambió el color de la superficie y multiplicó la ablación. El proyecto fue suspendido en 2013 y cerrado definitivamente por daños irreversibles. Los principales afectados fueron la comunidad indígena diaguita huascoaltina. La minería puso en riesgo la vida de más de 75.000 habitantes del valle del Huasco, deterioró cultivos por contaminación de afluentes y destruyó ecosistemas vinculados a sus formas tradicionales de pastoreo y agricultura. En Argentina (lado San Juan), la operación relacionada (Veladero) continuó pese a múltiples derrames de cianuro (al menos cinco desde 2015), removió cerros enteros y contaminó nacientes del río Jáchal, impactando directamente a comunidades locales, merced a la pasividad de las autoridades.  

 

Reforma.

 

La reciente reforma a la Ley de Glaciares (2026) flexibilizó protecciones, permitiendo exploración minera en entornos periglaciales bajo la premisa de que solo los “glaciares estratégicos” (a definir) quedarían blindados. Esto abre la puerta a actividades que usan entre 60 y 100 millones de litros diarios por mina, con riesgo de contaminación por cianuro, ácidos y relaves. Más de 1,3 millones de personas pertenecientes a pueblos originarios (según el Censo 2022) dependen directamente de estos ecosistemas, especialmente en provincias como Jujuy, Salta, La Pampa, Mendoza, Chubut, Río Negro, Neuquén, etc.  Esta reforma se aprobó sin consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, violando el Convenio 169 de la OIT, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú.

 

El petróleo y el fracking en Vaca Muerta también intensifican la presión: cada pozo horizontal requiere millones de litros de agua dulce, a menudo extraída de acuíferos patagónicos ya bajo estrés. El resultado es un círculo vicioso: mayor extracción acelera el derretimiento de glaciares (17 % de reducción en reservas noroccidentales en la última década), reduce el caudal de ríos andinos y compromete el agua para riego, consumo humano y ecosistemas, afectando a cerca del 15% de la población patagónica.

 

Argentina ve cómo el 0,4 % de su territorio (los glaciares) se convierte en objetivo minero pese a que el 99,6 % restante está disponible, la lógica extractiva rentística sigue prevaleciendo. La contaminación no solo derrite hielo: está privatizando y degradando el bien público más estratégico del siglo XXI —el agua dulce andina— y vulnera los derechos colectivos de los pueblos originarios, cuya supervivencia cultural y material depende de estos glaciares. Cuando las consecuencias se evidencien los responsables estarán abocados a otras cuestiones, no a las de reparar lo irreparable que desaprensivamente han generado.

 

* Ex Representante de Bloque Legislativo Rionegrino en el 2ª Encuentro Patagónico sobre “Desarrollo Sustentable y Economías Regionales. Recursos acuíferos y ordenamiento medioambiental del territorio”. Organizado por la Universidad Patagónica San Juan Bosco y el Congreso Nacional Argentino en Puerto Madryn.