No aflojar con los controles

Redacción 24/11/2021 - 00.27.hs

La presentación del proyecto en la Legislatura para modificar la Ley Orgánica de Municipalidades en lo que concierne a las sanciones que pueden recibir los intendentes ante faltas graves en su desempeño abre no pocos interrogantes.

 

La idea nació de un diputado justicialista enojado con el proceso de investigación y sanción que dispuso el Concejo Deliberante de Santa Isabel y, más tarde el de Abramo. Ambos terminaron con la destitución de los jefes comunales luego de demostrarse groseras irregularidades, algunas de ellas vinculadas a la defectuosa o inexistente rendición de cuentas de los dineros públicos.

 

Según se dijo, lo que se busca es modificar el procedimiento de investigación y sanción que hoy tienen las comunas y asimilarlo a los mecanismos del juicio político para el gobernador, vice, ministros y miembros del Superior Tribunal de Justicia.

 

¿Se justifican los cambios? ¿Son en verdad comparables los casos? ¿No se resentirán los controles en las comunas pampeanas que, en su gran mayoría, solo tienen unos pocos miles de habitantes?

 

Un legislador radical replicó, no sin ironía, que, además de la autonomía municipal, en nuestra provincia las comunas son preexistentes al Estado provincial; de ahí que deberían ser ellas mismas las que resuelvan sobre la cuestión.

 

Por otra parte, no son escasas las opiniones que consideran excesivamente burocrático el mecanismo de juicio político, y, además, determinante el peso de la mayoría política para resolver en consecuencia. ¿No hubo acaso resonantes casos de corrupción en la obra pública pampeana, que costaron enormes sumas de dinero al Estado, sin que se aplicara esa metodología de investigación y eventual sanción?

 

Otro diputado radical señaló años atrás algunas incongruencias de las normas que regulan el juicio político porque condicionan la intervención del Poder Judicial, limitando las investigaciones de jueces y fiscales. También cuestionó la mayoría especial que impone el mecanismo para destituir al acusado. Por esos y otros obstáculos el legislador sostuvo que tal metodología constituye "una trampa en la búsqueda de la verdad y la justicia".

 

El diputado justicialista que impulsó el proyecto tuvo declaraciones poco felices cuando comparó lo sucedido en las comunas pampeanas con el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Y puso mucho énfasis en destacar que los intendentes son elegidos por el voto popular. Lo que no dijo es que los integrantes de los concejos deliberantes también lo son, y que tienen una responsabilidad nada menor: controlar el uso y la rendición de los dineros públicos y sancionar a los que no cumplen o anteponen el beneficio personal por encima del general.

 

Es de desear que el tratamiento del proyecto en la Legislatura provincial considere todas las aristas que involucran a un tema tan espinoso. Las sanas prácticas administrativas exigen sistemas de control ágiles y eficientes; el manejo de los fondos públicos debe ser absolutamente transparente y las rendiciones de cuentas deben hacerse en tiempo y forma. Si eso no ocurre se abre la puerta a prácticas espurias con consecuencias perniciosas para el tesoro público. No faltan antecedentes en nuestra provincia.

 

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