No para el show del law-fare

El juicio por la causa Vialidad volvió a la tapa de los grandes diarios porteños porque volvieron a hablar los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. El silencio mediático anterior se debió a que fueron las defensas de los acusados las que tomaron la palabra y para esa prensa corporativa lo que interesa es mostrar las acusaciones contra Cristina Kirchner pero no sus alegatos defensivos.

De todos modos los fiscales no agregaron nada nuevo, no respondieron ninguna de las durísimas imputaciones de las defensas quienes los acusaron de emitir groseras falsedades, tergiversar hechos, ignorar pruebas e inventar otras. Ni siquiera por una suerte de dignidad profesional esbozaron réplica alguna, a pesar de las numerosas nulidades planteadas, lo cual dejó en evidencia la endeblez de su trabajo y la parcialidad del Partido Judicial. Recuérdese que Luciani y el presidente del tribunal Giménez Uriburu comparten equipo de fútbol en la quinta Los Abrojos de Mauricio Macri. La similitud con el proceso armado contra Lula Da Silva en Brasil es asombrosa. Ante la falta de pruebas fiscales y jueces acuden a falacias carentes de todo sustento probatorio y, desde luego, al show mediático.

La otra novedad judicial de las últimas horas es la recusación planteada contra la jueza María Eugenia Capuchetti por su indolente desempeño en la investigación del atentado que sufrió la Vicepresidenta de la Nación. Las razones son múltiples: la magistrada avanza a paso de tortuga; no solicitó apoyo de personal para semejante causa, se limitó a investigar a los autores materiales del ataque sin avanzar ni un milímetro sobre pistas evidentes como el financiamiento económico –que involucraría a una empresa de los hermanos Caputo—, los presuntos vínculos políticos con notables figuras del PRO, la implicación del actual diputado nacional y exsecretario de Seguridad Interior en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, Gerardo Milman, el secuestro de celulares que podrían aportar datos claves, etcétera.

Capuchetti, antes de su designación como jueza, mantuvo aceitados contactos con la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; de hecho se supo que concurrió seis veces a las oficinas de la agencia y se entrevistó con ellos. Es decir, es toda una representante de la fauna togada que copó Comodoro Py de la mano del macrismo y su “mesa judicial”.

Como si no bastara con esos antecedentes, un portal de noticias reveló otro dato de escándalo. Capuchetti se entrevistó con el editor de Clarín, Ricardo Roa, para recibir “asesoramiento” con relación al perfil mediático que debía imprimirle a la investigación del atentado. Roa sabe de estos quehaceres por sus probados vínculos con el espía Marcelo D’Alessio y las 182 llamadas telefónicas que registra su celular con “Pepín” Rodríguez Simón, el prófugo operador judicial del macrismo. Es una de las espadas mayores del “periodismo de guerra” que practica con tanto entusiasmo el Grupo Clarín.

Como se puede apreciar, con estos y tantos otros antecedentes, del aparato judicial argentino se puede esperar cualquier cosa menos justicia.