Ojo cuando se habla de "ilegalidad"

¿Por qué a los empresarios del centro de esquí mendocino El Azufre no los desalojaron con tropas del flamante "Comando unificado" como lo hicieron con los mapuches de Villa Mascardi? La situación es la misma: una ocupación considerada "ilegal"; y se usan las comillas porque las ilegalidades -como lo señalara, entre otros, Michael Foucault- no son iguales para todos. Para decirlo rápidamente, los ricos y los pobres no son iguales ante la ley. Para los ricos se escribió el Código Civil y Comercial, para los pobres el Código Penal.

El Estado mendocino le cedió 12 mil hectáreas en forma gratuita a un grupo empresario para poner un coqueto centro de esquí boutique, pasando por arriba de un montón de "leyes": no fue consultado el Estado nacional que tiene injerencia directa en esa área de frontera, tampoco hubo proceso licitatorio, ni audiencias públicas, ni estudio de impacto ambiental.

En Villa Mascardi un reducido grupo de integrantes de una comunidad mapuche reclama unas pocas decenas de hectáreas de las muchas más que fueran arrebatas a sus antepasados para hacer un parque nacional. Cuando se movilizaron para ocuparlas les mandaron las fuerzas "coordinadas" de seguridad que los reprimieron, desalojaron, metieron presas a siete mujeres y a cuatro de ellas, en una muestra de crueldad judicial sublevante, las enviaron a 1.600 kilómetros sin que pudieran ver a sus abogados. Una de las detenidas es prima de Rafael Nahuel, el joven mapuche asesinado en 2017 en ese mismo lugar por una bala de la Prefectura que le entró por la espalda. No lejos de ahí, en 2021, dos sicarios asesinaron a balazos a otro joven indígena: Elías Garay.

Algunos números: el parque nacional Nahuel Huapi tiene 710 mil hectáreas; la comunidad mapuche reclama menos de treinta. En la zona un country de un grupo belga tiene 780 hectáreas; capitales árabes tienen más de 20 mil hectáreas; Joe Lewis tiene 12 mil hectáreas y bloquea desde hace años el ingreso a un lago. Son capitales foráneos en un área de frontera, algo tipificado como "ilegal" en nuestro país. ¿Mandará algún juez desalojar por la fuerza a estos usurpadores VIP que detentan papeles "legales"?

En 2016 Mauricio Macri modificó por decreto la Ley de Tierras votada por el Congreso en 2011 para eliminar restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros. Además borró el límite que establecía que los titulares foráneos no podían comprar, cada uno, más de mil hectáreas en la zona núcleo. (También por decreto había modificado la Ley de Medios Audiovisuales para eliminar todo el articulado antimonopólico, y la deuda contraída con el FMI no fue aprobada por el Congreso tal como lo exige la Constitución).

Estas modificaciones de leyes mediante normas de inferior jerarquía -decretos- no son cuestionadas porque a todas luces benefician a las clases pudientes. En cambio si a un presidente se le ocurriera -por ejemplo- anular por decreto la protección legal a la propiedad privada no cabe duda de que la reacción del poder real lo obligaría a retroceder, incluso a renunciar.

Es claro que la "legalidad" permite que un extranjero acceda con mayor facilidad que un indígena a la propiedad de la tierra. Lo contrario es considerado "ilegal".