Otra más de la Justicia federal

La Justicia federal argentina no se cansa de brindar pésimos ejemplos sobre su funcionamiento. En las últimas horas se conoció que el Tribunal Oral Federal 7 le negó al juez Marcelo Martínez de Giorgi acceder a los famosos "Cuadernos" para realizar un peritaje sobre ellos. A pesar de ser considerados una prueba clave en la causa que lleva ese nombre, nunca pudieron ser estudiados por expertos pese a las fuertes sospechas que los rodean.

Recordemos la accidentada historia: primero el periodista de La Nación, Diego Cabot, presentó fotocopias de los cuadernos ante el fiscal Carlos Stornelli; después el presunto autor de los textos, el chofer Oscar Centeno, dijo que tenía los originales en su casa; cuando se allanó el domicilio no aparecieron; más tarde Centeno dijo que había recordado que los había quemado en la parrilla de su casa; y por último, justo cuatro días antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2019, un desconocido entregó seis de los ocho cuadernos "originales" a Cabot. Cuando se quiso investigar la identidad del "colaborador" a través de las cámaras del lugar, estas no funcionaban.

También debe recordarse que en un análisis caligráfico privado, realizado a pedido del empresario Armando Losón, se determinó que en tres de los cuadernos había 1600 alteraciones, 196 correcciones con "liquid paper" y 55 enmiendas. También se identificaron dos caligrafías de personas diferentes en varias de las correcciones. Estos estudios se realizaron sobre una copia digital, por tal motivo el empresario solicitó profundizar las pericias sobre el original en papel, lo cual parece no gustarles a los tres integrantes del TOF 7 que le impidieron al juez Di Giorgi el cumplimiento de ese trámite pretextando que están digitalizados. Pero lo extraño es que tampoco le facilitan el acceso a las copias.

En ese tribunal se desempeña el juez Germán Castelli, trasladado a dedo por Mauricio Macri a ese lugar desde un tribunal de San Martín. Cualquier semejanza con lo que ocurre en otros tribunales que investigan la "corrupción" con criterio selectivo (si los acusados son kirchneristas, se avanza con o sin pruebas; si son macristas, se cajonea el expediente) no es mera coincidencia. La situación de Castelli es muy parecida a la que ostentan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, otros jueces sentados en sus sillones merced a oportunos "traslados" pergeñados en tiempos de la "mesa judicial" macrista.

En la causa "Vialidad", que tiene sentada en el banquillo a Cristina Fernández de Kirchner, las cosas no son distintas. En tres años de audiencias hubo de todo -hasta el colmo de peritajes truchos- menos pruebas fehacientes, de ahí la necesidad de montar un show con dos fiscales que a falta de evidencias incriminatorias debieron apelar a sus dotes actorales.

Esta escandaloso desempeño de la Justicia federal -prueba cabal de que el "lawfare" no es un mito sino una ominosa verdad- es lo que ha impulsado a tantos argentinos a salir a la calle para expresar su bronca frente a la persecución contra CFK. La degradación del aparato judicial con tantos jueces venales es el combustible que alimenta la indignación ciudadana.