¿Por qué Milei quiere destruir el starlink criollo?

Hace una década, la Argentina lanzó al espacio dos satélites de órbita geoestacionaria. Se llamaban, se llaman porque siguen operativos aunque su vida útil está casi al límite, Arsat I y Arsat II y fueron construidos íntegramente en el país.

Las órbitas geoestacionarias que ocupan están ubicadas a 36 mil kilómetros de distancia de la Tierra y, a diferencia de las órbitas más bajas, los satélites a esa altura no giran alrededor del planeta sino que acompañan su giro. Si se pudieran observar desde la Tierra, los veríamos siempre en el mismo lugar del cielo.

Esta característica es necesaria para prestar servicios de telecomunicaciones en todo el país. Funcionan como grandes antenas repetidoras que reciben y emiten señales de comunicaciones.

Poco después de su lanzamiento, en 2015, el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.208 en la que se declara “de interés nacional el desarrollo de la industria satelital como política de Estado” y se aprueba el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035.

Este plan contemplaba en ese lapso la colocación de ocho satélites geoestacionarios y el fortalecimiento del desarrollo del complejo industrial espacial argentino, con diseño y fabricación nacional a cargo de INVAP.

El próximo a lanzarse era el Arsat III cuya función era la de prestar internet de alta velocidad en todo el territorio nacional, proveer banda ancha satelital a localidades pequeñas, escuelas rurales y áreas aisladas donde no llegan las redes de fibra óptica terrestres.

Pero la ley, las aspiraciones de una política de Estado en materia satelital y la puesta en órbita del Arsat III prevista para 2018-2019, se frustraron con la llegada de Mauricio Macri al poder. El plan satelital se cajoneó pese a que tenía financiación del Banco Interamericano de Desarrollo.

Todo el plan de soberanía en materia de comunicaciones que era ley en la Argentina fue atacado como parte de la “herencia kuka” o simplemente silenciado.

No era un silencio inocente. Detrás de la destrucción del sistema público satelital operaban los que apostaban dárselo a una empresa privada para hacer de ese servicio, un negocio.

La llegada al poder de Alberto Fernández significó en los papeles retomar la senda del desarrollo satelital autónomo.

Pero, en medio de las serias dificultades económicas a las que se enfrentó esa gestión producto de la deuda externa impagable que Macri tomó y fugó con el FMI y el Covid-19 que obligó a destinar ingentes recursos a paliar los efectos sanitarios, laborales y empresariales de la pandemia, la construcción del Arsat III se ralentizó y al finalizar el mandato estaba construido en más del 60%.

Con la llegada de Milei, los personeros de las empresas extranjeras a las que el Plan Satelital Argentino les molestaba, se sacaron la careta. El propio presidente lo dijo en uno de sus primeros discursos por cadena nacional: el negocio de las comunicaciones satelitales que Arsat III venía a cubrir como un servicio público, se le daría a Starlink, empresa que mencionó por su nombre sin ponerse colorado.

Luego lo que sabemos: congelamiento de los sueldos de todo el personal de Arsat que perdieron en poco tiempo la mitad de su poder adquisitivo y el éxodo de uno de cada cuatro técnicos que eran clave en el proyecto de construcción y puesta en órbita del satélite.

Fue el acta de defunción de nuestro starlink criollo y la seguridad para las privadas que no habrá competencia del Estado ni desarrollo autónomo argentino, ni servicio público para internet satelital. Sólo negocio para los amigos del presidente.