Rosenkrantz, el abogado de Clarín en la Corte

La Corte Suprema avala que Rosenkrantz intervenga en la causa por las tarifas del Grupo Clarín, su ex cliente, a pesar de ser ilegal. Las ganancias de Magnetto en juego.

 

ARI LIJALAD

 

Carlos Rosenkrantz podrá favorecer al Grupo Clarín, su ¿ex? cliente, en la causa donde se dirime si pueden cobrar lo que quieran en las tarifas de internet, TV por cable y telefonía. Lo avalaron Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Es ilegal: Rosenkrantz fue abogado del holding que comanda Héctor Magnetto por lo que no puede involucrarse.

 

Tal como reveló El Destape, Rosenkrantz ya firmó 25 fallos que involucran a ex clientes suyos. Ahora serán 26, y el nuevo no es otro que el Grupo Clarín. El objetivo es evidente: garantizar las ganancias extraordinarias de Telecom y Cablevisión Holding, firmas con las que controlan Cablevisión, Fibertel y Personal.

 

La cuestión de fondo es el decreto 690/20, que establece que los servicios de telecomunicaciones son "servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia" y que sus precios serán regulados por el Estado. Es sensato: en el siglo XXI las telecomunicaciones son un derecho humano básico que no puede quedar librado a la lógica de mercado.

 

Jueces amigos.

 

El Grupo Clarín judicializó este decreto: no quiere control sobre sus tarifas de cable, internet y telefonía. En abril de 2021 logró un fallo a favor de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) apeló el fallo pero la Cámara no aceptó el recurso extraordinario para que el expediente llegara a la Corte, entonces el Gobierno tuvo que ir en queja al máximo tribunal, el último recurso. Eso fue el 25 de junio de 2021. El 25 de junio pasado se cumplió un año de cajoneo de este expediente. Una demora lucrativa: Cablevisión Holding, la firma del Grupo Clarín que maneja sus negocios de cable, internet y telefonía celular, informó que repartió 397 millones de dólares en dividendos a sus accionistas entre 2020 y 2021. El propio presidente Fernández describió la demora de la Corte en tratar este tema como un "un acto de complicidad judicial con el poder económico real".

 

El expediente no se movió hasta ayer, cuando los cortesanos rechazaron un planteo que hizo el gobierno el 4 de noviembre de 2021, hace 11 meses, pidiendo que Rosenkrantz se excuse de intervenir en este caso porque fue abogado de Clarín según el propio Rosenkrantz informó. La Corte rechazó ese planteo para beneficiar al Grupo Clarín.

 

Rosatti firmó junto a Maqueda. Dijeron que el pedido de excusación "resulta inadmisible" porque cuando se trata de ellos lo resuelven ellos, sin intervención de las partes involucradas en la causa. Luego alegaron que el Gobierno debió haber pedido la recusación antes, cuando fueron en recurso extraordinario a la Corte. Lo que no dicen es que ese recurso extraordinario lo frenó la Cámara Contencioso Administrativa, por lo que el Gobierno tuvo que ir en queja al máximo tribunal.

 

Lorenzetti hizo su voto aparte. Reconoce que "el juez o la jueza deben generar una expectativa de imparcialidad conforme a lo que sería admisible para un observador razonable" y que "esta regulación es aplicable a los jueces de la Corte Suprema de manera más estricta" a partir del decreto 222/2003, firmado por Néstor Kirchner, donde se estableció que los integrantes del máximo tribunal tienen que adjuntar la nómina de sus ex clientes y comprometerse a no intervenir en sus casos ante el Senado. Aún así, puso su firma para que Rosenkrantz pueda beneficiar a Clarín con los mismos argumentos que sus colegas.

 

Hago lo que quiero

 

Rosenkrantz sabe que esto es irregular. El 21 de octubre de 2021 informó a sus colegas de la Corte que comenzaría a intervenir en causas de su ex clientes, entre los que se cuentan Clarín, La Nación, Mc Donalds, Quilmes, el Grupo De Narváez y el fondo Pegasus, entre otros. Pero en este caso no es cierto que el que avisa no traiciona: no sólo es ilegal el argumento que esgrimió Rosenkrantz (que ya habían pasado cinco años desde que había asumido en la Corte cuando la ley no pone plazos a esa prohibición) sino que ya lo había hecho antes en 21 de las 25 causas en las que puso su firma pese que debería haberse excusado.

 

Este medio advirtió que el mensaje de Rosenkrantz era claro: sentaba las bases para intervenir en esta causa donde están en juego las tarifas del Grupo Clarín. Usó como justificación que pasaron "más de cinco años" desde su llegada a la Corte y que eso es tiempo suficiente para no apartarse de las causas de sus ex clientes. No cita ninguna norma para eso y hay una explicación: la norma no existe. Más aún: el Código Procesal, en su artículo 30, no pone un plazo de tiempo para la obligación de excusarse y en el artículo 32 establece que el que no lo haga incurrirá en causal de "mal desempeño".

 

El estudio de abogados del actual juez de la Corte era Bouzat, Rosenkrantz y Asociados. Cuando Mauricio Macri lo designó en la Corte Rosenkrantz le dejó el estudio a su socio Gabriel Bouzat. En la web del estudio figuraba el listado de clientes pero apenas sonó el nombre de Rosenkrantz para la Corte lo borraron. Tarde: en internet todo queda y se puede ver el listado completo en esta nota. Muchas de estas empresas tienen causas en al Corte.

 

Un cliente VIP.

 

El vínculo de Rosenkrantz con Magnetto es más que evidente. En el listado de clientes de su estudio figuraban tanto el Grupo Clarín como Cablevisión. Se olvidaron de poner a Fibertel, un caso clave. Rosenkrantz usó una ONG trucha como estrategia legal para defender al Grupo Clarín en el caso Fibertel. Todo comenzó con la resolución 100/2010, que estableció la caducidad de la licencia de Fibertel, absorbida por Cablevisión sin haberse liquidado. En ese momento, Rosenkrantz puso a jugar a la Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC). Esta ONG fue creada en 2000 y utilizada para plantear un supuesto interés colectivo en el funcionamiento de Fibertel. Su domicilio era el mismo que el estudio de Rosenkrantz, y sólo fue utilizada en dos ocasiones: en la de Fibertel y en un cuestionamiento a la fusión Telefónica-Telecom, también dentro de los intereses del Grupo Clarín.

 

El Destape reveló que Rosenkrantz firmó al menos 25 fallos que involucran a ex clientes suyos. Varios de esos fallos los rubricó cuando era presidente de la Corte. Es una maniobra irregular por donde se la mire: la ley establece que un juez no puede intervenir en casos de ex clientes. Menos aún un miembro de la CSJ. (Extractado de El Destape).