Urge democratizar el sistema judicial

La represión y criminalización de la protesta es un rasgo del actual gobierno, con el Protocolo Antipiquetes de Patricia Bullrich. Para completar el cuadro ajuste-represión, se refuerza un Poder Judicial que persigue a militantes con delitos inexistentes.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

En la Argentina tenemos la Corte Suprema más pequeña del mundo: tres jueces varones y ninguna mujer, pues no se han cubierto las vacantes que dejaron Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. Pretendiendo emular a Mauricio Macri, el presidente Javier Milei designó en febrero de este año, de manera irregular, al abogado Manuel García Mansilla y el actual juez Ariel Lijo. Lo hizo sin respetar el procedimiento de la Carta Magna (audiencias públicas y acuerdo del Senado) por lo que esos nombramientos irregulares fueron rechazados en esa Cámara. García Mansilla ya había jurado ante los tres jueces de la Corte (Horacio Rossatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), pero duró 39 días en el cargo, ya que tuvo que renunciar ante el rechazo.

 

El sistema judicial argentino está tan descompuesto que el más alto Tribunal (que resume facultades judiciales y constitucionales) está presidido por la misma persona que conduce el órgano encargado de la designación y remoción de magistrados y funcionarios de los tribunales federales: el Consejo de la Magistratura. O sea, Rossatti de los dos lados del mostrador.

 

Reforma urgente.

 

Es urgente una reforma judicial, no un maquillaje, como el que intentó en su momento el expresidente Alberto Fernández. Las leyes de democratización de la Justicia que impulsó Cristina Fernández de Kirchner en 2013, fueron aprobadas por el Congreso, pero luego declaradas “inconstitucionales” por la Corte, configurándose el sinsentido que, el mismo Poder que debía ser reformado es el que declaró la invalidez de esas normas.

 

No fue la primera vez que la Corte Suprema asumió facultades legislativas, algo expresamente prohibido en la Carta Magna. También lo está haciendo Milei, al intentar gobernar a puro decreto.

 

Milei hizo y sigue haciendo campaña contra “la casta”, pero se cuida muy bien de hablar de la “corporación judicial”, porque es la que le sirve para llevar adelante sus políticas de ajuste, endeudamiento, entrega del país, represión y criminalización de la protesta.

 

Casos escandalosos.

 

El caso del fiscal Alberto Nisman, cuyo suicidio sigue sin poder dilucidar la Justicia, es una muestra de los vaivenes de un Poder Judicial, permeable a las presiones de los poderes económico y político. Para la derecha fue un homicidio pero a diez años de su muerte, ningún fiscal ni juez o jueza ha podido afirmar quién o quiénes lo mataron, cómo ingresaron al edificio ni cómo salieron. Pero se instaló esa hipótesis sostenida y repetida hasta el cansancio por los medios de comunicación de derecha, ampliados por las redes sociales. La ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, junto a la dirigencia del PRO (que ese año ganaría las elecciones presidenciales con Macri) fue la encargada de promover la versión del homicidio, aunque la investigación que llevó a cabo la fiscal Verónica Fein había dictaminado suicidio. El libro “Quién mató a Nisman?”, del periodista Pablo Duggan (en ese entonces del diario Clarín), también fue una investigación rigurosa que llegaba a la misma conclusión: suicidio.

 

Otro caso de la decadencia judicial, fue el del juez Claudio Bonadío, quien protagonizó insólitas investigaciones como los “cuadernos del chofer Centeno”, provistos por “La Nación”. Un verdadero escándalo judicial, con amenazas del juez a empresarios y testigos para que declararan contra funcionarios kirchneristas, violando derechos establecidos en la Constitución. Nunca aparecieron los originales de esos cuadernos y la investigación se ensañó contra empresarios y ex funcionarios del gobierno kirchnerista, pero no avanzó contra otros que aparecían en las declaraciones, como el primo del ex presidente Macri, Angelo Calcaterra.

 

Criminalizar la protesta.

 

La situación actual es más grave, porque se criminaliza y detiene a manifestantes, se balea a reporteros gráficos (como el fotógrafo Pablo Grillo) y se arman causas contra la militancia popular, pero se “dejan pasar” hechos graves cometidos por funcionarios del actual gobierno, incluso del presidente. La causa por la cripto-estafa $Libra es un ejemplo, donde ni Milei ni su hermana Karina están siendo investigados, pese a tener responsabilidad por haber difundido y promovido la compra de esa cripto-moneda. Fue un fraude donde miles de personas (de Argentina y del mundo) perdieron sus inversiones por una maniobra conocida como “rug pulling”.

 

Hace unas semanas, la jueza Arroyo Salgado detuvo a seis personas (todas mujeres), incluida la concejala de Quilmes, Eva Mieri, acusándolas de haber colgado un pasacalles y haber tirado estiércol en la vereda de la casa del diputado José Luis Espert. El mismo que habló en reiteradas ocasiones de dar “cárcel o bala” a los opositores; que calificó a Florencia Kirchner como “hija de una gran puta” y que frecuentemente tiene expresiones amenazantes contra los opositores a Milei, en particular si son kirchneristas o de izquierda (que no es lo mismo).

 

Por ese hecho también fue llevada a la cárcel de Ezeiza la funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, Alexia Abaigar, donde permaneció incomunicada durante 3 días. Su madre, de 70 años, que ni enterada estaba del escrache a Espert, también fue detenida. Actualmente Alexia se encuentra con prisión domiciliaria y tobillera electrónica.

 

Para estos procedimientos, totalmente injustificados porque no tipifican ningún delito, hay personal, móviles, tiempo y recursos, no hay “motosierra”. Pero parece que Arroyo Salgado quiere candidatearse a la Corte Suprema y busca congraciarse con el gobierno, aprovechando el “cupo femenino” que se reclama en ese Tribunal, tan machirulo.

 

Habría que tomar el ejemplo de México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum promovió una ley de reforma del Poder Judicial, con elección popular de jueces, juezas y hasta la Corte Suprema. El próximo presidente de ese Tribunal será un joven abogado de pueblos originarios, en una Corte conformada con cinco mujeres y cuatro varones.

 

Elección popular de jueces y juezas, incluida la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura; eliminación de privilegios; respeto irrestricto a los derechos humanos de las víctimas; legislación no punitivista para erradicar linchamientos mediáticos y reales; lugares de encierro que promuevan el estudio y el trabajo, para combatir en serio la reincidencia; aceleración de todas las causas judiciales (porque “justicia lenta no es justicia”), etcétera. Eso es lo que hace falta, no hoy, ayer.