Vivir y morir en la Argentina 2026

Cuando el embarazo, el parto y los primeros días de vida dejan de estar protegidos, la mortalidad infantil deja de ser una cifra fría y vuelve a mostrar, con brutal nitidez, el costo humano de esa degradación.

Ing. Javier Mariano García Guerrero

“Las políticas públicas son las que finalmente deciden quién vive más y quién muere antes.” Margaret Chan (ex directora de la OMS)
En 2024 la mortalidad infantil en Argentina subió a 8,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, contra 8 por mil en 2023. El análisis comparativo no encuentra parangón en el continuo descenso del indicador en Latinoamérica y tiene su correlato en el Africa en países como el Congo, Somalia, Uganda, Madagascar y Etiopía, asociados a conflictos, crisis alimentarias o debilitamiento de los sistemas de salud. El dato no debe leerse aislado: ocurrió en un contexto de fuerte caída de los nacimientos argentinos que en una década se redujeron a la mitad, pasando de 460.902 en 2023 a 413.135 en 2024 y 380.000 en 2025. Es decir, el sistema debió atender menos embarazos, menos partos y menos recién nacidos, pero aun así empeoró uno de los indicadores más sensibles de la salud pública.

El deterioro se vuelve más nítido cuando se suman otros indicadores del mismo proceso. En 2024 la mortalidad perinatal llegó a 11 por cada 1.000 nacimientos totales y la razón de mortalidad fetal subió de 7,8 a 8,5 por mil. A la vez, el 9,74 % de los nacidos vivos fue pretérmino, el 8,68 % tuvo bajo peso al nacer y el 8,17 % de los nacimientos correspondió a madres menores de 20 años. Son cifras que describen una cadena de riesgo: más prematurez, más fragilidad neonatal y peores chances de supervivencia en el tramo más crítico de la vida.

El núcleo del problema está en la etapa en la que casi todo depende del sistema sanitario. La mayor parte del empeoramiento se concentra en la mortalidad neonatal, la que ocurre en los primeros 28 días. Y allí el margen de explicación biológica es menor que el peso de la organización sanitaria: control prenatal oportuno, diagnóstico precoz, derivación a tiempo, parto seguro, neonatología y cuidados intensivos disponibles. En Argentina, además, el 70 % de las muertes neonatales se consideran evitables con mejores condiciones de atención prenatal, obstétrica y neonatal. En países con redes perinatales más concentradas, como Chile o Uruguay, esa proporción suele ubicarse en el 45 %. Como más del 70 % de la mortalidad infantil argentina ocurre en el período neonatal, cualquier falla en ese eslabón golpea de lleno al indicador total.

Maternidad.

La señal también aparece del lado materno. En 2024 la mortalidad materna pasó de 3,2 a 4,4 por cada 10.000 nacidos vivos. Los comités de revisión vienen mostrando, además, que  el 70 % de esas muertes podrían haberse evitado con atención oportuna y adecuada, una proporción mayor que la observada en Chile o Uruguay. Y cuando los especialistas miran el indicador más fino, el near-miss materno —cuántas mujeres sobreviven a una complicación obstétrica grave por cada muerte materna— la brecha vuelve a aparecer: en Chile o Uruguay sobreviven 50 mujeres por cada fallecimiento; en Argentina, 20. No es un detalle técnico: es la medida de una menor capacidad de respuesta frente a emergencias obstétricas.

Una de las fallas estructurales más persistentes está en la disponibilidad de sangre. Argentina no tiene un problema de donación global comparable al de países pobres; el problema es la disponibilidad efectiva en la maternidad o en tiempos compatibles con la urgencia. A comienzos de la década pasada, una evaluación nacional de maternidades mostraba que apenas 54 % tenía disponibilidad adecuada de sangre. No hay un relevamiento nacional actualizado equivalente, pero las estimaciones actuales siguen ubicando a la Argentina por debajo de sistemas sanitarios de ingreso similar: mientras en Chile o Uruguay más del 90 % de las maternidades cuenta con acceso inmediato a sangre segura, en Argentina la disponibilidad efectiva se estima en entre dos tercios y tres cuartos de los establecimientos. La brecha ronda así 20 a 30 puntos.

Ese déficit importa porque la hemorragia obstétrica sigue siendo la principal causa de muerte materna prevenible en el mundo y explica alrededor del 27 % de los fallecimientos, según la OMS. En sistemas con transfusión inmediata, su peso suele bajar de 15 %; en Argentina, en cambio, las hemorragias siguen representando alrededor de una quinta parte de las muertes maternas. La distancia también puede medirse por letalidad: en Chile o Uruguay muere aproximadamente una mujer cada 200 casos de hemorragia obstétrica; en Argentina, una cada 70. La diferencia, cercana a tres veces, habla menos de biología que de organización, concentración de partos de riesgo y velocidad de respuesta.

Motosierra.

A esa fragilidad estructural se sumó en 2024 el recorte de políticas nacionales que funcionaban como sostén de la red materno-infantil. El Programa Sumar, que financia prestaciones para embarazadas y niños sin cobertura, registró una caída real cercana al 40 % en su presupuesto ejecutado respecto de 2023. El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva sufrió una reducción real superior al 30 %, afectando insumos, anticonceptivos y seguimiento del embarazo. La poda no fue sólo nominal: distintos análisis registraron además subejecución en partidas sanitarias estratégicas. Cuando eso ocurre, no se recorta una abstracción presupuestaria: se reducen controles prenatales, se debilita el seguimiento de embarazos de riesgo y se resiente la articulación con las provincias.

La otra hipótesis fuerte es social. Unicef informó que la pobreza infantil superó el 67 % en el primer semestre de 2024; luego bajó en la segunda mitad del año, pero a fines de 2023 el 58,5 % de niñas, niños y adolescentes vivía en pobreza y el 18,9 % en pobreza extrema. En salud materno-infantil, esos números no son decorado: afectan alimentación, transporte, continuidad de controles, condiciones de vivienda y capacidad de resolver urgencias. A la vez, el deterioro de la salud sexual y reproductiva preventiva agrega riesgo: entre 2018 y 2023 los casos de sífilis en Argentina aumentaron 42 %. En embarazadas no tratadas a tiempo, la sífilis aumenta el riesgo de aborto espontáneo, muerte fetal, prematurez y morbimortalidad neonatal.

También pesan los determinantes educativos. La evidencia internacional muestra que cada año adicional de escolaridad materna reduce la mortalidad infantil entre 7 % y 9 %, y que el aumento de la educación femenina explicó cerca de la mitad de la reducción mundial de la mortalidad infantil en las últimas décadas. En América Latina, los hijos de madres con baja educación pueden tener hasta cinco veces más riesgo de morir en el primer año de vida que los hijos de madres con secundaria o superior; además, mientras menos de dos tercios de las mujeres con baja educación reciben controles prenatales adecuados, entre las madres con educación superior la cobertura supera el 90 %. Traducido al caso argentino, si todas las madres alcanzaran al menos el nivel secundario, la mortalidad infantil podría bajar entre 10 % y 20 %.

Desprotección.

Cuando el embarazo, el parto y los primeros días de vida dejan de estar protegidos, la mortalidad infantil deja de ser una cifra fría y vuelve a mostrar, con brutal nitidez, el costo humano de esa degradación.
La mortalidad infantil no es solo un indicador sanitario. Es un espejo del país. Mide cuánto valen, en la práctica, la igualdad de oportunidades, la educación de las mujeres, la accesibilidad al sistema de salud y la prioridad política que se asigna a la vida en sus primeras horas.
La pregunta que queda abierta no es estadística. Es ética y colectiva: qué tan dispuesta está una sociedad a tolerar que muertes evitables se vuelvan parte del paisaje, cuando existen los conocimientos y los recursos para impedirlas. Porque cada punto que sube en la tasa de mortalidad infantil no es un número: es una oportunidad perdida de demostrar que el futuro importa. La pregunta esencial de la política no es qué podemos ganar, sino qué nos debemos unos a otros
“Las desigualdades sociales son la forma más brutal de violencia estructural”. Paul Farmer (médico y antropólogo).

* Ex Auditor Principal de la Sindicatura General de la Presidencia de la Nación Argentina. SIGEN.