Una pelea pendiente

LA ARENA atravesó estas casi nueve décadas enfrentando obstáculos de todo tipo, manteniendo los principios que sostuviera su fundador, don Raúl I. D’Atri, así como quienes continuaron con su legado. Desde los primeros años, en un territorio que todavía no era siquiera provincia, supo ganarse un lugar defendiendo el periodismo de opinión, la pluralidad y la democracia informativa.
No resultaba ni resulta fácil para los medios de comunicación pequeños, del interior profundo, mantener la independencia de los poderes político y económico, así como de los grandes grupos concentrados de la información. Sea por la fuerza en épocas dictatoriales, sea con las presiones económicas, el ejercicio del periodismo está sujeto a condicionamientos que no todos pueden o quieren resistir.
LA  ARENA siempre defendió los valores democráticos y el derecho a la información y la libertad de expresión, a costa muchas veces de la libertad y hasta de la seguridad del diario y sus integrantes. En 1975, una bomba destruyó parcialmente la vieja sede de la calle 25 de Mayo, afortunadamente sin víctimas fatales. Pero eso no detuvo al diario que al día siguiente volvió a estar en manos de sus lectores.

Batalla épica.
Una de las batallas más importantes que se libró en Argentina por la democratización de la información, fue el debate y sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hace 13 años. Provocó un quiebre en las entidades periodísticas, la mayoría de las cuales se pronunció en contra, a pesar de que fue aprobada con un gran consenso en el Congreso. Las principales asociaciones que conforman las empresas periodísticas adhirieron a las furibundas críticas que se emitían desde las usinas de información del multimedios Clarín. Por ello, en septiembre de 2009, LA ARENA tomó la decisión de apartarse de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) a pesar de integrar esa entidad desde hacía muchos años.
No fue una decisión fácil. Era casi convertirse en un “paria” en el concierto de las entidades periodísticas del país, pero era parte de ese legado que tuvo el diario desde sus comienzos lo que daba fuerzas para resistir esas presiones.

La Ley de Medios.
La sanción de ley 26.522 fue precedida por un riquísimo debate previo, en foros y seminarios de discusión, en investigaciones de universidades e instituciones académicas, y fue enriquecida con propuestas de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los medios de comunicación en Argentina. Los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática fue una importante base para su articulado.
Hasta la sanción de la LSCA, las señales radiofónicas y televisivas se regían por el decreto ley 22.285, de 1980, del dictador Jorge Videla. A diferencia de esta, la nueva ley promovía la democratización, la diversidad y la pluralidad en la creación de contenidos y constituía un límite a la concentración y el monopolio informativo.
El aspecto más importante de la LSCA fue su sentido democratizador y concebir el acceso a la información como un derecho humano y no como un bien económico sujeto a las reglas del mercado.
Contaba con un amplio consenso en la sociedad, no así en los medios de prensa concentrados, en particular el grupo Clarín, que libró una batalla judicial durante años solicitando medidas cautelares contra la ley que prohibía que una misma empresa concentrara más de 24 señales de radio o televisión. En ese momento, el Multimedios tenía 237 licencias!

Aprobación.
La ley 26.522 se aprobó en la Cámara de Senadores el 10 de octubre de 2009, por 44 votos a favor y con 24 en contra. Previamente, Diputados le había dado media sanción con 174 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. A pesar de la votación holgadamente favorable, la verdadera batalla por su plena vigencia se libró posteriormente en el Poder Judicial. 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció por la constitucionalidad de la ley, rechazando los numerosos recursos presentados que habían suspendido su implementación. Sin embargo, Clarín apeló a varias maniobras, como la división ficticia de su empresa, para no cumplir con el desapoderamiento de las señales, tal como lo ordenaba la LSCA.
En ese proceso, la abrumadora mayoría de las empresas periodísticas se alinearon con la posición del Multimedios y desde ADEPA se emitieron durísimos comunicados contra lo que consideraron un “ataque” a la libertad de expresión por el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández. 

La posición de LA ARENA.
La postura de LA ARENA fue una firme defensa de la ley, sostenida y argumentada en que la misma constituía un gran avance en un sentido democratizador de la información y desmonopolizador. La obligación de conceder licencias a señales comunitarias, cooperativas, de comunidades originarias y organizaciones de derechos humanos, daba un marco de participación democrática a la información.
Para sus detractores, en cambio, se trataba de la “ley de medios K” y el Estado iba a “amordazar” a la “prensa libre”. Entre las acciones llevadas adelante por el grupo Clarín contra la vigencia de la ley, además de la batalla judicial, hubo una agresiva campaña mediática que hablaba de la “desaparición” de las señales. 
El 16 de setiembre de 2009 en una editorial titulada “LA ARENA y la ley de medios audiovisuales”, se expresaba: “El debate generado alrededor del proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales ha tenido la virtud de dejar al descubierto los poderosísimos intereses que se sienten afectados por una norma que se propone legislar y organizar el espacio radioeléctrico que es administrado por el Estado”.
Allí criticaba la “ferocidad y saña” de los grandes medios porteños que ya no se cuidaban ni en las formas en su oposición a la ley, quejándose de la supuesta afectación de la libertad de expresión pero sin mencionar que la ley vigente hasta ese momento era de la época de la dictadura y que había favorecido una concentración de medios nunca vista. 
La editorial ratificaba el apoyo a la ley que venía a superar los abusos en materia informativa que había propiciado la dictadura militar-cívica. Y señalaba a sus lectores que “el fondo de la cuestión, el corazón de la reforma que plantea el nuevo proyecto de ley, es el de atacar la gran concentración de medios en muy pocas manos. Algunas pocas empresas, a la sombra de la actual legislación de la dictadura militar -más algunos retoques "oportunos" del Congreso durante el menemismo- permitieron la acumulación de medios nunca vista en la historia. Un proceso que en ningún país medianamente ordenado y organizado sería posible sin transgredir la ley”.

Herida de muerte.
Aquella batalla por la democratización de la información, no terminó con la ley. Las numerosas cautelares que impulsó Clarín, y que fueron aceptadas por jueces que declararon la inconstitucionalidad de la norma que restringía el número de señales, fueron desestimadas por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratificó la constitucionalidad de la ley.
Sin embargo, la pelea continuó con la resistencia del multimedios a desprenderse de las señales que excedían el número permitido, hasta que en 2015, con la asunción del presidente Mauricio Macri, se produjo la herida mortal a la LSCA.
Mediante un decreto de necesidad y urgencia modificó aspectos sustanciales de la ley, y así Clarín y otras empresas periodísticas corporativas, pudieron sortear el límite de las señales permitidas por la ley 26.522. Esta no fue derogada pero sí fue despojada de sus aspectos más sustanciales. Y esta vez, la Corte, ya integrada con dos nuevos ministros propuestos a puro decreto por Macri, convalidó ese DNU y las modificaciones a la Ley de Medios. De esta forma, continuó la concentración monopólica de medios que aquella norma pretendía limitar.

Batalla pendiente.
Lamentablemente, desde el gobierno del Frente de Todxs no hubo ningún impulso para la sanción de una nueva ley que ratificara los objetivos de la anterior y superara sus límites, por ejemplo, incluyendo también a los medios gráficos y no solo a los servicios audiovisuales. Peor aún, cuando el gobierno dispuso declarar como “servicio público” la señal de internet, en tiempos de pandemia, para evitar los abusos de Telecom y Clarín que se habían fusionado en un nuevo paso hacia la concentración monopólica, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de esa decisión presidencial.
Y así estamos, prisioneros de la corporación mediática que a través de centenares de canales, diarios, radios, medios digitales, etc. difunde noticias tergiversadas, cuando no directamente falsas, de acuerdo al interés del poder económico, mediático y judicial, la derecha política y los capitales extranjeros.
En combinación con una gran parte del Poder Judicial, se puso en marcha el “lawfare”, con el armado de causas que tenían el solo objetivo de perseguir y condenar a ex funcionarios y militantes del gobierno kirchnerista, como así también a luchadores sociales y políticos. 
Por ello, la lucha por una comunicación democrática y por el derecho a la información, contra la concentración monopólica de los medios de prensa, es una batalla inconclusa. Desde LA ARENA y otros medios privados plurales, como desde medios alternativos, comunitarios, cooperativos y públicos, se debe dar esta pelea. Así como David contra Goliat, ya vendrá la piedra que hará caer al gigante.

IRINA SANTESTEBAN