Fin al embargo: el Club Santa Rosa recuperó las tierras

Un fallo de primera instancia dictado por la jueza civil Adriana Cuarzo levantó el embargo que pesaba sobre las tierras del Club Atlético Santa Rosa y -de quedar firme- le devolverá a la institución el derecho a disponer de ellas.

 

“Cerramos una de las etapas más dolorosas que nos tocó vivir”, expresó ayer el presidente de la entidad Bruno Ramírez. Para el dirigente, el fallo “pone fin al conflicto judicial por el cual aún no podía disponer de las 33 hectáreas que están al oeste de la ciudad. “La noticia es una de las cosas más lindas que nos pasa a los hinchas del club, es ponerle fin a más de 20 años de conflictos y problemas judiciales”, añadió.

 

El dirigente destacó el rol que tuvo el equipo de abogados que encabeza Mariana Barbitta, el apoyo incondicional de todos los clubes de la ciudad, la seriedad con la que la jueza Cuarzo actuó en la causa y el rol de los medios de comunicación que se hicieron eco del reclamo del club. “A partir de ahora comienza el momento de planificar para empezar a concretar los compromisos y los sueños”, dijo Ramírez.

 

“Nosotros ya habíamos iniciado el proceso de inscripción de las tierras a nombre del club, producto de una resolución que había emitido la jueza, por lo cual en los próximos meses las tierras serán propiedad exclusiva del Club y sin ningún tipo de restricción”, añadió.

 

“Hay que esperar”.

 

Barbitta, abogada especialista en Derecho Penal y docente de la UBA, dialogó ayer con LA ARENA. Explicó que en 2016 se declaró la quiebra del Club Atlético Santa Rosa. Ya en ese momento se había ordenado el levantamiento de la inhibición general para la disposición de los bienes de club. En ese sentido se libró un oficio a la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de La Pampa para que se restituyera al club la titularidad del terreno.

 

“Sin embargo, ese oficio jamás se presentó, jamás se diligenció, para que las tierras pasaran el legítimo dueño que es el club. Y sin perjuicio de ello, los abogados del órgano fiduciario avanzaron con la ejecución de los honorarios y embargaron ese inmueble que no correspondía, porque no era del órgano fiduciario sino del Club”, explicó.

 

El comienzo del giro actual de los acontecimientos se dio este año, cuando Ramírez, el nuevo presidente de la institución, con el patrocinio de Barbitta, pidió el levantamiento del embargo sobre ese terreno que estaba a nombre de la asociación.

 

El 13 de junio de este año, Federico Moslares -uno de los abogados del órgano fiduciario- se opuso al levantamiento del embargo, con el argumento de que el club nunca había tenido la titularidad. “Por ese motivo, la jueza Cuarzo comenzó a investigar no solo el expediente de la quiebra sino el de daños y perjuicios y pudo corroborar que el inmueble fue dado en pago al órgano fiduciario por Gómez, y que de ese acuerdo formaban parte (Leopoldo) Bonaveri, (Hugo) Zorzi y (José Luis) Moslares”, sostuvo la abogada.

 

“Rayano en lo ilegal”.

 

“También vio la jueza en el expediente de quiebra que fueron los propios abogados del órgano fiduciario quienes pidieron la registración a nombre de la Asociación Civil Club Atlético Santa Rosa, que sea titularidad del club, y si bien se ordenó el 5 de febrero de 2016, nunca se puso en movimiento esto. Entonces, lo importante acá es que la jueza resolvió finalmente hacer lugar al levantamiento del embargo, con costas. Lo que ella entiende es que el club, como nunca fue demandado, resulta ser un tercero perjudicado por el embargo y por eso requiere que se levante ese embargo y que le entreguen las tierras”, abundó.

 

-¿Era cierto que el club nunca había tenido la titularidad de esas tierras?

 

-Moslares planteó algo que no era cierto.

 

-¿Por qué razón?

 

-Para mí fue una maniobra vinculada a esta idea de quedarse con todo, por parte de los Moslares. Si bien Moslares es el único abogado, fue el que comandó a los otros dos (Bonaveri y Zorzi). Los direccionaba y los manipulaba para que firmaran, porque al no tener la información correcta, los manipuló para que avanzaran de este modo.

 

-¿Qué hubiera pasado con esas tierras de no mediar la presentación de la actual comisión directiva con su patrocinio?

 

-Hubiesen desaparecido de la faz del planeta y los socios y socias del club no hubieran obtenido ninguna ganancia en términos sociales. Esta fue una lucha de hace más de 20 años con el fin único y específico de darle las tierras al pueblo de Santa Rosa. Bruno Ramírez nos convocó con un único fin, recuperar las tierras para que las socias y los socios puedan disfrutarlas. Incluso hubo una conversación entre todos los clubes para poner en práctica programas específicos con un formato de salud social para mejorar su vida. Esto se lo debemos a Bruno, junto a la nueva CD, que tuvieron la valentía de enfrentarse a este grupo de abogados y abogadas que realmente tienen un formato profesional rayano en lo ilegal.

 

Barbitta destacó la valentía de la jueza Cuarzo y sostuvo que ahora hay que esperar los plazos que la ley les da a los abogados del fideicomiso, para ver si apelan el fallo. Si no lo hacen, la decisión de primera instancia quedará firme.

 

Hectáreas en reserva.

 

Del fallo de la jueza Cuarzo surge que en su defensa, los abogados que trabajaron el embargo sostenían que el inmueble nunca tuvo la titularidad del club. Reconocieron que la inscripción de las tierras a nombre del club no se materializó por la falta de fondos para cubrir el pago de las tasas y sellados.

 

Por ese motivo, pidieron el rechazo del pedido del Club para que se levantara el embargo y que las costas del litigio corrieran por cuenta de la propia entidad. A su vez, pidieron que se realizara una subdivisión del inmueble, reservándose una superficie de 13 hectáreas como cautela del crédito que ejecutaban y luego de ello, se levantara el embargo que permitiría al club la escrituración de 20, de sus 33 hectáreas.

 

La jueza, en cambio, consideró que el traspaso de las tierras del órgano fiduciario al club estaba en trámite y por lo tanto correspondía levantar el embargo de las 33 hectáreas. Las costas del pleito -según ordenó- recaerán sobre los abogados del fideicomiso, Federico Moslares y Laura Cagliolo, quienes habían trabado el embargo.