Rechazo unánime a ejecución

La ejecución en Texas del mexicano Edgar Tamayo, pese a un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ordenó revisar su sentencia, fue lamentada ayer por la Unión Europea (UE), los gobiernos de México y Estados Unidos, y por la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), que la consideró "un asesinato sin ninguna justificación".
Tamayo, condenado a la pena capital por haber asesinado a un policía en enero de 1994, fue ejecutado mediante una inyección de barbitúricos en la "cámara de la muerte" de la prisión de Huntsville, a 216 kilómetros al noreste de Austin, la capital del estado norteamericano Texas.
La sentencia se cumplió a las 21.32 del miércoles (0.32 de ayer en la Argentina), tres horas y media después de lo previsto, una vez que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazara dos apelaciones presentadas a último momento por la defensa de Tamayo, informaron las agencias de noticias DPA y EFE.
El reo pasó sus últimas horas "tranquilo y resignado", y se manifestó "listo para irse" porque "20 años en la cárcel ya era mucho", reveló el vocero del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Jason Clark, según la agencia Notimex.
De hecho, al despedirse de sus padres y sus hijas les pidió que no presenciaran la ejecución, no solicitó un menú especial para su última cena y declinó pronunciar unas palabras antes de recibir la inyección.
En cambio, sí observaron la aplicación de la inyección letal la madre y otros parientes de Guy Gaddis, el policía asesinado.

Fallo Avena.
De 47 años y con un diagnóstico de "discapacidad mental leve", según el diario Excelsior, Tamayo era uno de los 51 mexicanos incluidos en el llamado Fallo Avena, la resolución de la CIJ que en 2004 estableció que Estados Unidos violó el artículo de la Convención de Viena porque no se respetó el derecho de los reos a recibir asistencia consular.

Rechazados.
Los abogados de Tamayo, encabezados por Sandra Babcock, agotaron las instancias judiciales, pero todos los recursos que presentaron fueron rechazados, incluso el miércoles mismo por la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas y por una corte de apelaciones local, además de por la Corte Suprema federal.
Organismos internacionales -entre ellos, la ONU, la UE y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- reclamaron, sin éxito, la suspensión de la ejecución, lo mismo que los gobiernos de México y Estados Unidos.
En Davos, Suiza, donde asiste al Foro Económico Mundial, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la ejecución "sienta un mal precedente".

Casa Blanca.
Ya en septiembre pasado, el secretario de Estado, John Kerry, había advertido por carta al gobernador de Texas, el republicano Rick Perry -ferviente defensor de la pena de muerte-, que el caso podría "afectar la manera en que se trata a los estadounidenses en el extranjero".
La Casa Blanca tampoco tuvo éxito al pedir el martes pasado "un retraso" que permitiera efectuar "una revisión y reconsideración" de la sentencia. (Télam)