Decretan “estado de excepción” en Ecuador

Ecuador inició el lunes la tercera semana del paro nacional por tiempo indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, decretado por el gobierno el 12 de septiembre. Tras 14 días de protestas, muchas rutas y caminos permanecen bloqueados en cinco provincias mientras se registran movilizaciones callejeras protagonizadas por comuneros indígenas y organizaciones sociales.

 

Aunque las protestas se radicalizaron y los líderes de la Conaie advirtieron que podrían tomar la ciudad de Quito si el conflicto no se resuelve, el presidente Daniel Noboa ratificó que no dará marcha atrás con la eliminación de subsidios ni aceptará negociar con representantes de sus comunidaes originarias.

 

Marlon Vargas, presidente de la Conaie, declaró el sábado que esta semana radicalizarán las protestas y anunció que tomarán la capital del país si sus demandas no son atendidas. “Si el gobierno no hace caso, vamos a estar convencidos de tomarnos Quito. Ya no podemos seguir aguantando, ya no podemos seguir soportando”, dijo durante una reunión con representantes de comunidades en el municipio de Alausí, provincia de Chimborazo (centro del país).

 

Medida muy impopular.

 

Los indígenas presentaron al gobierno un pliego de demandas, entre las cuales destacan una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de 15 a 12 por ciento, y la derogación del Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel disparando su precio de 1,80 a 2,80 dólares el galón (3,8 litros). Esa decisión provocó el rechazo masivo del pueblo ecuatoriano y disparó un conflicto con transportistas, indígenas, sindicatos y dfiversos sectores sociales.

 

Las organizaciones indígenas de Quito anunciaron su adhesión al paro con una marcha programada para el domingo 12 de octubre en la capital ecuatoriana. A raíz de ese anuncio, Noboa decretó un “estado de excepción por grave conmoción interna” en diez provincias con el fin de enfrentar las protestas que, según el gobierno, se han tornado violentas.

 

La medida entrará en vigencia durante la noche del sábado y regirá por 60 días en las provincias centrales de Pichincha (donde se ubica Quito), Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Cañar, además de Azuay (sur del país) y las amazónicas de Orellana, Sucumbíos y Pastaza. A estas jurisdicciones se suman Imbabura, epicentro del paro, y Carchi, en las sierras del norte, donde el estado de excepción ya regía desde el 16 de septiembre.

 

Noboa, quien mantiene una firme posición de no negociar ni retroceder con la eliminación del subsidio, incluyó en el decreto una suspensión de la libertad de reunión durante las 24 horas del día. También prohibió concentraciones en espacios públicos que puedan afectar servicios esenciales o la seguridad, y movilizó todas las entidades de la Función Ejecutiva, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para coordinar acciones destinadas a mantener el orden y prevenir episodios de violencia. Las órdenes impartidas incluyen proteger la vida e integridad física de ciudadanos y ciudadanas, resguardar el derecho a la libre circulación y garantizar el desarrollo de las actividades económicas.

 

Represión y detenciones.

 

El gobierno informó que las protestas derivaron en agresiones y secuestros de miembros de la fuerza pública, atentados a bienes públicos y privados, y retenciones de vehículos de carga pesada, además de paralizar servicios públicos y obstaculizar el normal desarrollo de actividades económicas.

 

Según informes oficiales, al menos 102 personas fueron detenidas y la Fiscalía investiga a 83 de ellas por delitos de terrorismo, asociación ilícita, enriquecimiento privado no justificado y ataque o resistencia. Mientras tato, la represión de las protestas dejó un comunero indígena fallecido, y 17 militares y dos policías estuvieron retenidos hasta la semana pasada, cuando fueron liberados en medio de una escalada de tensión social.

 

Frente a la amenaza de tomar la ciudad de Quito, el alcalde capitalino, Pabel Muñoz, solicitó al gobierno que abra un canal de diálogo con los representantes indígenas. “Para atender a quienes más están sufriendo las consecuencias de múltiples crisis que atraviesa el país, es indispensable que el gobierno nacional inicie un diálogo serio y concreto con todos los sectores”, publicó en su cuenta de X.

 

(NA-Xinhua)