Siguen las protestas en Perú

La reanudación del bloqueo de uno de los principales pasos fronterizos con Bolivia y el ataque a un grupo de camioneros en Cusco fueron ayer los datos salientes de las protestas antigubernamentales que llevan más de dos meses en Perú, que, no obstante, continuaron decreciendo en intensidad, informó la prensa local.

 

Un grupo de manifestantes volvió a bloquear el puente internacional Desaguadero, en el departamento sureño Puno, con el objeto de impedir el tránsito desde y hacia Bolivia, según la radio RPP.

 

El lunes a la tarde, el tránsito allí se encontraba totalmente obstaculizado por piedras y montículos de basura a lo largo de la vía, detalló la emisora.

 

Mientras tanto, los comercios de la zona estaban cerrados en acatamiento a una huelga dispuesta en algunas regiones luego de una breve tregua que hubo a fin de permitir el abastecimiento de artículos de primera necesidad.

 

El paro tenía mayor acatamiento en los departamentos sureños Puno y Cusco, y en el norteño Piura, según el diario limeño La República.

 

Pese a que Puno es uno de los siete departamentos regionales en los que rige el estado de emergencia (sitio) decretado el fin de semana anterior por la presidenta Dina Boluarte, en las calles de Desaguadero no se observaba presencia de tropas militares, subrayó RPP.

 

Solo en ese departamento se verificaban más de 25 cortes de rutas, que impedían el acceso a ciudades como Ilave, Juliaca y Puno, entre otras, según datos de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

 

Paralelamente, la compañía minera Antapaccay denunció que un convoy de cinco camiones de una empresa proveedora de combustibles fue atacado anoche en el interior del departamento Cusco por manifestantes que bloqueaban una ruta.

 

El incidente dejó a un chofer con "lesiones severas" y vehículos "vandalizados con rotura de parabrisas y llantas", según un comunicado de Antapaccay reproducido por La República.

 

Por otra parte, el fiscal Arturo Mosqueira pidió ayer a la mañana a un tribunal que ordene prisión preventiva por 36 meses para dos dirigentes a los que acusa de organización criminal por supuestamente financiar parte de las protestas en curso. La acusación sostiene que Cirilo Jara y Yaneth Navarro fueron detenidos el 31 de enero cerca del aeropuerto internacional de Lima con dinero y documentación sobre su entrega para el traslado de manifestantes y la curación de heridos.(Télam)