Documentos desclasificados como evidencia en los juicios

Los cables entregados por Estados Unidos aportan información concreta que será útil para el avance de los procesos judiciales y también dan cuenta de la visión y la información que los funcionarios de Estados Unidos tenían acerca de lo que pasada durante la última dictadura argentina, así como de las internas entre las distintas facciones de las Juntas militares. Varios de los papeles entregados revelan parte de la trama del terrorismo de Estado que a nivel regional se denominó Plan Cóndor. "Ahora, es necesario que el Estado argentino procese la información para aportar a la reconstrucción de la verdad y a las investigaciones judiciales en curso", sostuvieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la alianza Memoria Abierta, dos de las organizaciones impulsoras del pedido.

El contenido
Una primera lectura de los documentos realizada por el National Security Archive, de la Universidad George Washington, permite advertir que hay datos concretos que servirán como prueba en los juicios que se están llevando a cabo. Por ejemplo: "26 de octubre de 1975. El agregado legal en Buenos Aires, Robert Scherrer, reporta la detención y ejecución del líder de Montoneros, Marcos Osatinsky".
El cable informa que Osatinsky fue arrestado y torturado por las fuerzas de seguridad del entonces gobernador Raúl Lacabanne y que las autoridades "escenificaron" su muerte, para que parezca que fue asesinado cuando intentaban rescatar a un agente supuestamente secuestrado por Montoneros. Para esconder la evidencia, el personal de Lacabanne secuestró el coche fúnebre que transportaba el cuerpo de Osatinsky. "El objetivo era evitar que se realizara una autopsia", dice el informe.

Plan Condor.
En otro pasaje exponen que el 16 de agosto de 1977, la CIA obtiene el acuerdo entre los países integrantes del Plan Cóndor, con detalles sobre el financiamiento, la dotación de personal, el entrenamiento y la selección de objetivos del escuadrón de la muerte "Teseo" para asesinar "subversivos" en el exterior. El cable detalla que la base de operaciones de "Teseo" será instalada en la Argentina y que cada país miembro deberá donar "$10,000 para costos operativos".
En los documentos dan cuenta de las torturas y los "vuelos de la muerte". El resumen del Departamento de Estado revela que los militares argentinos utilizaron inyecciones de un potente anestésico, Ketalar, en las víctimas capturadas que luego fueron "eliminadas en los ríos o en el océano".
Un archivo fechado el 12 de abril de 1979, da cuenta que el informe de la CIA revela que el líder Montonero Norberto Habbeger, desaparecido en Brasil en 1978, "fue ejecutado por orden del Jefe de la sección de contrainteligencia del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino (SIE)".
Mientras que un documento del 21 de mayo de 1983, informa que, solo unos meses antes de la transición a la presidencia democrática de Alfonsín, el aparato de seguridad continuó con su programa de asesinatos. Utilizando eufemismos para la tortura, el informe indica: "A principios de abril, seis o siete fueron detenidos y ampliamente interrogados. Luego fueron asesinados". Además, el cable señala que la información obtenida en esa operación "llevó a la captura de Raúl Yaeger, quien después de ser interrogado, fue asesinado en un tiroteo organizado en Córdoba el 30 de abril".

Recursos.
"Por el volumen de la documentación, advertimos que se requieren importantes recursos para procesarla y personas capacitadas e informadas sobre la historia argentina a fin de poder extraer información que contribuya al avance de las investigaciones judiciales por crímenes de lesa humanidad en curso", manifestaron desde el CELS y Memoria Abierta en un comunicado conjunto. En ese sentido, exhortaron al Estado argentino a que "contribuya en estos aspectos para que la desclasificación permita fortalecer el proceso de memoria, verdad y justicia".
El escrito de las organizaciones puede leerse como un recordatorio de que esta entrega histórica de material desclasificado, que recibieron ayer en Estados Unidos el ministro de Justicia, Germán Garavano y el embajador argentino Fernando Oris de Roa, se inició por el reclamo sostenido de los organismos de derechos humanos. (Página12.com)